Los uruguayos estamos anestesiados, y con este tema, cada vez más.
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Los muchachos que nos gobiernan, desde hace bastante tiempo, se rifaron la bolilla de Montesquieu y “El espíritu de las leyes”. Nadie les dijo que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, y ellos ni cuenta que se han dado.
En los tiempos del Pepe, una de sus notorias desprolijidades (con olor a vendetta, además) fue la ley que los brazos enyesados aprobaron en el Parlamento, decidiendo que los costos de los juicios perdidos por el Poder Judicial los tendría que enfrentar el propio Poder Judicial, y que ya no los pagaría más Rentas Generales.
Ahora se acaba de conocer la declaratoria de inconstitucionalidad de ese mamarracho legislativo, y será el Poder Ejecutivo que tendrá que hacer frente a los juicios perdidos por el Poder Judicial, entre los cuales, el más notorio, es el que favorece a los empleados del propio Poder Judicial, que reclamaron una millonada de dólares como consecuencia de otra de las desprolijidades del Pepe, cuando por error se incluyó a todos los ministros en un aumento para los ministros del Poder Ejecutivo, y los de la Suprema Corte de Justicia entraron en el aumento, arrastrando, por otra disposición que nadie quiso ver (a pesar de que fueron advertidos a tiempo) a todos los funcionarios del Poder Judicial.
Ahora, taca taca Rentas Generales, y ya no hay más tutía.
Pero lo que parece un triunfo del Poder Judicial, que es apenas volver a poner las cosas en su lugar, no es sino un pequeño alivio para un poder del Estado al que se le viene ninguneando con saña, al punto que no se incluyó ni un solo peso para él en la Rendición de Cuentas de reciente aprobación. Ni-un-solo-peso.
Un día tras otro, vemos en los informativos al pobre presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Pérez Manrique, mendigando unos mangos para hacer frente a las necesidades más acuciantes de las oficinas a su cargo, y avisando que a fin de año se le acaban los recursos, y habrá que bajar cortina. Pidió 26 millones de pesos para aguantar hasta diciembre, y le tiraron 15 millones de lástima, como un mendrugo.
Me decidí a ir a verlo, para consultarlo por esta dramática situación.
Cuando pregunté por él en su Secretaría, me dijeron que había salido, pero sin darme más explicaciones. Cuando ya me iba, lo veo entrar, le dije si me podía recibir, y él accedió.
Tomando un café en su escritorio, me comentó que había agarrado una changa como delivery de una pizzería, y que por eso se ausentaba varias horas por día de su despacho.
—Con los compañeros del Poder Judicial, ministros de la Corte y de los Tribunales de Apelaciones, jueces, actuarios, hemos resuelto dar la batalla, y estamos todos recaudando fondos por otros lados, que vertimos a la caja, para hacer frente a las necesidades más acuciantes —me informó—. Con lo que yo vengo recaudando con este currito del delivery, ya pagamos la UTE del mes pasado, que la debíamos y ya nos habían advertido que si no pagábamos nos cortaban la luz. Chediak atiende un carrito de panchos y hamburguesas acá en la esquina, recauda bastante bien, y le cuento más —agregó—. En el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno, cuando termina la jornada de trabajo, los ministros organizan un bingo benéfico con la gente del barrio, también vendemos refrescos, ahí hemos recaudado bastantes fondos, al menos nos dio para pagar la OSE y las tasas municipales, que debíamos desde la feria de julio.
El presidente de la Suprema Corte prosiguió entusiasmado contando anécdotas de esta inusual recaudación de fondos paralelos, que el Poder Judicial ha organizado, para hacer frente a la misiadura a la que lo ha querido condenar el Poder Ejecutivo, demostrándole al oprobio oficial, que la Justicia vive y lucha.
Así me contó que el juez letrado departamental de San José, el Dr. Salustiano Utsupra, corta el pasto en los jardines de todas las casas de la cuadra donde está el Juzgado, y con eso pudo pagar la Contribución Inmobiliaria del año pasado, que estaba pendiente, y me refirió asimismo el caso de la Esc. Ifigenia Delbollo, actuaria del Juzgado Letrado Departamental de Tacuarembó, que hace tortas y empanadas en su casa, las trae al Juzgado y se las vende a los abogados, procuradores y ciudadanos que asisten por distintas razones al Juzgado, recaudando fondos con los que arreglaron las humedades y las goteras del techo.
—Usted sabe que a veces la gente se pasa horas en un Juzgado porque hay interrogatorio de testigos, o cosas por el estilo —me explicó el Dr. Pérez Manrique—, así que ahí salen muy bien esos alimentos, se venden a beneficio del Juzgado, y la gente colabora, hasta los que les va mal en las audiencias igual consumen, y para nosotros es muy importante —agregó.
No les detallaré más otros casos, porque todos son igualmente inusuales y heroicos: los jueces que tienen habilidades manuales para el bricolaje, arreglan los enchufes rotos, pintan las paredes descascaradas los sábados y los domingos, hay una actuaria que fabrica en su casa cotillón para cumpleaños y casamientos, y lo vende en la puerta del Juzgado después de hora, en una mesita que puso al frente del edificio. La gente del barrio lo sabe y viene y colabora comprando pitos, gorros, matracas y guirnaldas de colores.
No sería raro que, cuando trasciendan estos datos, y las noticias lleguen al Poder Ejecutivo, les quieran meter a los jueces alguna multa, intenten confiscarles los alimentos porque no tienen habilitación de Bromatología, o les manden a la Policía para intervenir el bingo por juegos de azar prohibidos.
Le pregunté al Dr. Pérez Manrique si habían pensado en esto. Me contestó que sí, que todas las actividades estaban regularizadas, y que todos los ministros, jueces y actuarios que trabajaban, estaban en planilla, aportando al BPS.
—Los empleados en negro se los dejamos a Asamblea Uruguay, que para eso tienen experiencia —concluyó.
