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En setiembre, el nuevo ministro de Ambiente, Adrián Peña, anunció la suspensión de la habilitación de la planta de gestión de residuos que la Intendencia de Canelones (IDC) pretendía construir en Cerro Mosquitos y que ha sido cuestionada tanto por vecinos del lugar como por organizaciones de la sociedad civil, que interpusieron un recurso en contra de su instalación. Así, el consorcio integrado por las empresas Aborgama, Favelan S.A. y Ebital S.A. vio interrumpida su intención de llevar adelante la construcción del relleno sanitario, a pesar de que ya contaba con la autorización de la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama).
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Ante ese escenario, el conglomerado de empresas y la IDC presentaron a principios de mes dos recursos administrativos con el fin de recurrir la resolución del Poder Ejecutivo. Según el documento dirigido a Peña, al que accedió Búsqueda, la intendencia sostiene que se “encuentra debidamente legitimada a impugnar la resolución ministerial, ya que se considera directamente lesionada en su derecho e interés” por la decisión, la cual es “claramente ilegítima”.
Se le impide ”avanzar con un proyecto sustentable, moderno, altamente necesario y relevante para la población del departamento de Canelones y que cumple adecuadamente con los estándares tecnológicos y ambientales, careciendo de la necesaria motivación que justifique el apartamiento a la posición inicial de la administración, así como a los informes relevados por la propia cartera”, indica el documento. En esa línea, cataloga la medida como un acto “arbitrario y sin motivación plausible”.
En el documento presentado por las empresas, en tanto, describen la decisión del Ministerio de Ambiente como un acto administrativo “lesivo” de su derecho y “notoriamente ilegal”.
Entre los agravios el conglomerado afirma que la resolución no solo “impide el avance del proyecto de la licitación, para el cual todos los integrantes del consorcio ya han incurrido en gastos”, sino que, además, pone en riesgo al grupo de incumplir las obligaciones asumidas con la IDC.
“El propio ministerio expresa que los informes técnicos elevados no encuentran mérito a los recursos interpuestos por los vecinos y a pesar de ello, y a los efectos de evaluar otras alternativas que ni siquiera se indican, en forma arbitraria y antijurídica, se dicta un acto de suspensión sobre los efectos del acto administrativo válido, vigente y emitido en cumplimiento del marco jurídico vigente”, sostiene el recurso. Por último, aseguran que la medida “es lesiva de su interés legítimo y claramente antijurídica”.
La resolución del ministerio impugnada argumenta que la suspensión temporal tiene como fin “disponer de los estudios y acuerdos necesarios sobre eventuales alternativas integrales de gestión de los residuos”.
Consultadas, las autoridades municipales canarias declinaron hacer comentarios. Tras conocerse públicamente la decisión del ministro, el intendente electo de Canelones Yamandú Orsi publicó en Twitter que “no existe objeción técnica alguna para inhabilitar solución”.
En una reunión que Orsi mantuvo con Luis Lacalle Pou la semana pasada, el presidente insistió en que había que buscar alternativas a la instalación de la planta de tratamiento de residuos en Canelones. El intendente, por su parte, insistió en que la solución prevista por la intendencia era buena. Los jerarcas no logaron ponerse de acuerdo (Búsqueda Nº 2.093).
