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    Intendencias crean áreas marinas protegidas departamentales, ante inacción del Ministerio de Ambiente

    Desde el gobierno nacional, en tanto, sostienen que la jurisdicción y competencias de las comunas en territorio marítimo no está clara y cuestionan además sus capacidades de control

    La conservación marina continúa siendo un desafío sin resolver en Uruguay, aunque bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU) aprobados en 2016, el país se comprometió a proteger el 10% de su mar para 2020. Posteriormente, acordó contribuir a la meta global establecida en la Conferencia de la ONU sobre Diversidad Biológica de proteger el 30% de los océanos para 2030. Sin embargo, al día de hoy Uruguay ha logrado preservar un porcentaje apenas superior al 1,2%.

    En ese marco, varias intendencias han comenzado a impulsar propuestas para decretar zonas marítimas de sus territorios como áreas protegidas departamentales, con el fin de contrarrestar el poco avance demostrado por el gobierno nacional. No obstante, la jurisdicción y competencias sobre las aguas no están claras, y desde el Ministerio de Ambiente ven con “desconfianza” el avance de las comunas en este sentido.

    Así lo explicó a Búsqueda el director de Ambiente de la Intendencia de Rocha, Rodrigo García, quien informó que a fin de mes propondrán formalmente la creación de una de las primeras reservas marinas departamentales del Uruguay. Según dijo, la porción de territorio que se busca proteger comprende el espacio costero ubicado entre el arroyo Chuy y el Parque Nacional de Santa Teresa, e incluye las fajas costeras de los balnearios Barra del Chuy, La Coronilla, el Palmar de La Coronilla y Puimayén. La iniciativa estaría “enlazada” con zonas protegidas gestionadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como Cerro Verde y las zonas marinas contiguas del océano Atlántico en el mar territorial uruguayo, hasta las 12 millas náuticas (23 kilómetros mar adentro), constituyendo un área de 71.109 hectáreas.

    Según señaló García, la nueva propuesta pretende atacar “un problema fundamental”, como es la pesca ilegal proveniente de Brasil en las costas de Rocha. Pero, además, busca potenciar la pesca sostenible en esa área a través de diversas técnicas, al generar un trabajo cercano con las comunidades y optimizar las medidas de control y fiscalización del uso de recursos hidrobiológicos.

    Para decretar un área marina departamental, no es necesario el aval del Ministerio de Ambiente, solamente la autorización del intendente y del Legislativo Departamental. Sin embargo, García indicó que la cartera de Ambiente les ha puesto “impedimentos de todo tipo” antes incluso de escuchar las propuestas, alegando que las intendencias no tienen la capacidad necesaria para gestionarlas.

    “Pero nosotros hemos demostrado capacidad. Ya tenemos la isla del Padre —que fue la primera área protegida departamental que se creó en el país— y bañados de los Indios, y contamos con técnicos y apoyo del CURE. No vamos a improvisar”, cuestionó. Según el director, la idea de las intendencias es “solucionar lo que el Ministerio de Ambiente no está pudiendo solucionar”.

    En diciembre de 2022, la cartera de Ambiente dio a conocer un estudio que pretendía establecer cuáles serían las zonas marítimas a proteger en Uruguay ante una eventual actividad petrolera en alta mar. En ese sentido, se identificaron ocho sitios marinos de prioridad para su conservación, pero a casi dos años de su aprobación, solo uno está cerca de concretarse (se trata de isla de Lobos, un espacio de ocho kilómetros al sur de Punta del Este y sus aguas circundantes, que aún aguarda el visto bueno del Ministerio de Ganadería).

    “La propuesta nacional no ha avanzado nada. Quedó todo ahí porque no hay capacidad de gestión ni voluntad política”, dijo García. Para el jerarca, además, el tema no es solo el porcentaje que se logra proteger, sino luego cuán efectivas son esas áreas, pero aseguró que las intendencias “pueden recurrir a los mismos controles que el gobierno nacional”.

    “Los controles serían llevados adelante por el comando de la Armada y la Prefectura en aspectos costeros”, señaló. Además, explicó que existe un decreto que establece que los departamentos tienen competencia para el control y la vigilancia de las actividades que se desarrollan en la zona marítima contigua a sus costas a una distancia de 12 millas náuticas. Por otro lado, señaló que “hay leyes y decretos que estimulan a que los gobiernos subnacionales hagan la gestión del territorio, como la Ley de Ordenamiento Costero y la de Reservas Costeras”.

    “Queremos ayudar a que el país cumpla con los compromisos internacionales a los que se comprometió”, concluyó el jerarca.

    Canelones es otro de los gobiernos subnacionales que busca decretar nuevas áreas marinas a nivel departamental. En esa línea, el director general de Gestión Ambiental de la comuna canaria, Leonardo Herou, dijo a Búsqueda que los compromisos globales asumidos por el país en cuanto a la protección de sus aguas responden a la necesidad de crear estrategias de conservación, y por tanto entiende que “hay que ir más rápido porque el tema está un poco frenado”.

    Así fue que la Intendencia de Canelones decidió comenzar un proceso para incorporar a su Sistema Departamental de Áreas de Protección Ambiental la zona de laguna Blanca, en la cuenca del arroyo Coronilla. Según dijo, el objetivo es hacerlo “en un marco de articulación con los distintos niveles de gobierno”, ya que entiende que “podría haber alguna discusión sobre la competencia”.

    “Pero queremos avanzar y pensamos enviar el plan de manejo a la Junta Departamental a mediados de julio”, dijo Herou, quien agregó que tienen en vista otra zona marina del departamento para su conservación.

    Consultado respecto a la estrategia de avanzar a nivel departamental, el director dijo que es necesario dotar de recursos al Ministerio de Ambiente para que pueda cumplir los objetivos asumidos. Además, afirmó que es “imprescindible” que para eso el ministerio articule con los gobiernos departamentales, incluso con los municipios. “Hay que evaluar si los acuerdos globales que firmamos y las señales políticas que enunciamos se están respaldando con recursos reales para poder concretarlas. El ministerio tiene equipos técnicos sólidos; pero si ves el presupuesto asignado y todo lo que se debería haber logrado, me deja sensación a poco”, opinó.

    Competencias

    Consultado por Búsqueda, el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo estar al tanto de las propuestas, pero explicó que tiene muchas dudas respecto a si las áreas marinas corresponden a una jurisdicción departamental. El jerarca se preguntó “hasta dónde se extiende el límite de los departamentos” y dijo entender que estos terminan en la franja costera.

    La de Rocha, además, sería la primera área protegida oceánica, lo que suscitó aún más cuestionamientos de Amarilla respecto a las competencias que regirían ese espacio. “Hay una jurisdicción nacional absoluta solamente a unos pocos kilómetros de la costa que después se va debilitando hasta llegar a la zona económica exclusiva. Los gobiernos departamentales tienen jurisdicción en la plataforma continental, pero no cuando se pasa al talud”, explicó.

    “Soy un gran defensor de la autonomías departamentales y del municipalismo en todo sentido, pero en este caso creo que a las intendencias no les corresponde ni tienen jurisdicción para eso. Además, ¿qué competencia policial podrían ejercer?, ¿cómo podrían aplicar la autoridad para la protección?”, cuestionó. Según dijo, para que Prefectura colabore con las intendencias se necesitaría al menos “una norma nacional habilitante”.

    Cuestionado sobre el poco avance registrado a nivel nacional en relación con las áreas marinas propuestas para su conservación, Amarilla dijo ser “consciente” de la demora, pero señaló que identificar un área marina protegida “requiere una serie de procesos y consultas que lleva su tiempo, para que no sean luego áreas de papel”.

    Ciencia, Salud y Ambiente
    2024-05-29T22:11:00