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El intendente Enrique Antía considera que las cámaras de seguridad que instaló en los últimos meses en Maldonado permitieron una reducción drástica de las rapiñas. En un discurso que brindó por su segundo aniversario al frente de la comuna, destacó que el primer semestre los robos violentos cayeron 60% y que así, su administración estaba cumpliendo con un “compromiso” asumido en la última campaña electoral.
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Pero no todos están de acuerdo con las cifras que maneja Antía. El Ministerio del Interior relativizó los resultados obtenidos por el sistema de videovigilancia de Maldonado y advirtió que, a diferencia de lo que sostienen las autoridades departamentales, menos del 30% está en funcionamiento, según la respuesta de la secretaría de Estado a un pedido de informes del diputado frenteamplista Óscar de los Santos.
Consultado por Búsqueda, el exintendente de Maldonado cuestionó a su sucesor porque el sistema de cámaras de ese departamento fue adquirido mediante una compra directa millonaria.
Promesa “cumplida”.
Uno de los ejes principales de la campaña de Antía de cara a las municipales del 2015 fueron los problemas de seguridad en Maldonado. Una vez en el poder, el intendente comenzó un proceso para comprar un sistema de cámaras a una empresa israelí.
Con la participación del presidente Tabaré Vázquez, la Intendencia inauguró, el 26 de diciembre del 2016, el Centro de Monitoreo y Videovigilancia. En declaraciones públicas, las autoridades locales aseguraron que había más de 300 cámaras funcionando en la ciudad de Maldonado y en Punta del Este.
En su discurso del 20 de julio, Antía destacó que durante la campaña electoral se había comprometido a trabajar en el tema seguridad “porque era clave” para el departamento. Añadió que las inversiones están avanzando y que para octubre todas las cámaras van a estar funcionando a pleno. El intendente aseguró que “en los primeros seis meses” del año hubo “60% menos rapiñas”. “Es bueno transmitirlo al turismo, transmitirlo al comercio, transmitirlo a la inversión y que forman parte de una decisión del gobierno y de un compromiso cumplido”, dijo.
Durante una entrevista con Telemundo, el martes 8, Antía informó que llevaban instaladas el 70% de las cámaras.
Relativo.
De los Santos, cuya administración fue denunciada ante la Justicia penal por Antía debido a presuntas irregularidades, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo a mediados de mayo para conocer detalles del sistema de seguridad instalado por su sucesor.
En su respuesta, entregada esta semana, el ministerio aclaró que no tuvo participación en el proceso de compra directa desarrollado por Maldonado. No obstante, agregó que existe un convenio entre la secretaría de Estado y la Intendencia para colaborar “en tareas como la aceptación de las instalaciones de cámaras, designación de funcionarios para ser capacitados, facilitar el edificio para la ubicación del centro de monitoreo, entre otras”.
Hasta el viernes 11, según el ministerio, había 352 cámaras instaladas y funcionando de las 1.200 previstas.
De los Santos preguntó al Ministerio cuál había sido la evolución de los delitos en los últimos años y “qué incidencia” sobre la seguridad atribuía al sistema de videovigilancia.
A nivel general, los delitos en Maldonado disminuyeron 8% en el primer semestre del 2017 en comparación con el mismo período del 2016. En cuanto a las rapiñas, el descenso fue mucho más pronunciado: 34%, aunque lejos del 60% anunciado por Antía en su discurso aniversario.
En cuanto a la incidencia de las cámaras, el Ministerio sostuvo que a fines del 2016 y durante el verano del 2017 hubo un nuevo “despliegue táctico” que fortaleció la presencia policial en el departamento.
“Por lo expuesto, resulta apresurado medir el impacto de la instalación del sistema de videovigilancia en el breve período desde su instalación. Debería realizarse el estudio en el mes de marzo del próximo año y tener realmente una comparación con bases sólidas”, respondió.
El Ministerio dijo, además, que el proyecto debe ser evaluado cuando funcione a pleno, “hecho que hasta el presente no se registra, ya que se han instalado 352 de los 1.200 objetivos”. El otro facto a tener en cuenta, agregó, “es el territorio de influencia del sistema de videovigilancia”, porque las estadísticas ministeriales “refieren a todo el departamento” y no solo de las zonas con cámaras funcionando.
Sospecha.
Tras analizar la respuesta del Ministerio, De los Santos dijo a Búsqueda que no está en desacuerdo con la instalación de cámaras, pero que le resulta “llamativo y preocupante” que la compra directa de la Intendencia haya salido más cara que la licitación internacional con la que el Ministerio compró 3.250 cámaras este año.
La licitación del Ministerio costó unos US$ 19,5 millones, según De los Santos, mientras que el sistema de videovigilancia de Maldonado salió US$ 20 millones más el costo anual de mantenimiento.
“Quedó demostrado que es muy caro, tres veces más caro y sin licitación, porque con la compra del Ministerio se ve que había otras ofertas en la vuelta”, insistió.
Cuestionó además que la Intendencia cobra una tasa para financiar el proyecto a todos los habitantes de Maldonado cuando no va a haber cámaras en todo el departamento y, en varios lugares en los que sí habrá, todavía no está funcionando.
De los Santos dijo que a partir de la información que recibió del Ministerio les pedirá a los ediles del Frente Amplio en Maldonado que investiguen “a fondo” el proceso de compra del sistema.
