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Tres semanas atrás el Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, España, absolvió a los 42 acusados de arreglar en 2011 un partido de primera división entre Levante y Zaragoza. El partido, que pudo quedar en el olvido más profundo como un discreto choque entre dos equipos de la parte baja de la clasificación, se volvió un triste ejemplo de hasta dónde pueden llegar los intentos de amaños de resultados y las apuestas deportivas, aún en las competiciones más exclusivas del mundo. Entre los acusados estaban los uruguayos Cristhian Stuani, Carlos Diogo y Gustavo Munúa, quienes junto a otros colegas, entrenadores y directivos, debieron declarar por el supuesto pago de 1,7 millones de euros a futbolistas del Levante para que se dejaran perder y el Zaragoza mantuviera la categoría, lo que finalmente sucedió.
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El Levante 1-2 Zaragoza ha sido el caso paradigmático con el cual LaLiga —la asociación de clubes españoles de primera y segunda división— recorre el globo para mostrar el éxito de su lucha contra el corrupción. Más allá del fallo de la Justicia, que ya fue recurrido por LaLiga y la Fiscalía Anticorrupción de España, el hecho de acusar a 42 personas, muchas famosas y millonarias, es motivo de orgullo para esta asociación.
Así lo transmitieron el 9 de diciembre en Montevideo Florentino Villabona e Iñaki Arbea, dos exjerarcas policiales y actuales responsables de la dirección de Integridad y Seguridad de LaLiga, que explicaron su trabajo contra el arreglo de partidos y las apuestas clandestinas invitados por la Secretaría Nacional del Deporte, tras detectar durante 2019 un aumento de estos delitos en Uruguay.
“Hemos vivido recientemente algunos hechos que nos llamaron la atención, vinculados a temáticas que ingresan dentro del concepto amplio de integridad. Ante esas circunstancias se ofreció que el mejor equipo del mundo viniera a Uruguay a hablar de estos temas preocupantes, que si bien en nuestro país son incipientes, debemos encender las luces de alerta para trabajar en su prevención”, dijo Fernando Cáceres, secretario nacional del Deporte.
En julio el basquetbolista estadounidense Corbin Jackson declaró que le ofrecieron dinero para bajar su nivel y provocar la derrota de su equipo, Unión Atlética, ante Peñarol, por la segunda división de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB). El caso derivó en denuncias de la FUBB y de ambos clubes ante la Fiscalía General de la Nación por “presuntos pactos antideportivos”, y en investigaciones sobre otros partidos de la categoría. Aunque en el fútbol profesional aún no existen denuncias por amaños o apuestas, las autoridades están convencidas de que esos delitos han sucedido y suceden, por lo cual el gobierno activó un convenio que existe con LaLiga a escala iberoamericana para recibir asistencia en la materia.
“El deporte ha cambiado mucho. El deporte no es el mismo del siglo pasado, ha crecido y se ha desarrollado vertiginosamente, pero ese crecimiento y ese desarrollo no ha sido acompañado con repuestas de carácter institucional, legal y político, con los dispositivos de control necesarios para que la actividad se autoproteja y se autoregule”, dijo Cáceres. Entre otras medidas, LaLiga monitorea en vivo más de 5.000 partidos al año y envía comunicaciones de alerta a diferentes casas de apuestas y organismos de juego tanto nacionales como internacionales.
A fines de noviembre el gobierno uruguayo participó en Medellín, Colombia, de un taller organizado por Interpol, el Comité Olímpico Internacional y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), donde se debatieron las tendencias mundiales de las organizaciones criminales en la manipulación de las competencias deportivas. El objetivo fue “identificar formas de prevenir y responder a las infracciones que ponen en peligro la integridad del deporte, además de identificar y alinear los esfuerzos de las partes interesadas clave para desarrollar un enfoque coordinado a través de plataformas nacionales”, informó Interpol en un comunicado de prensa.
En particular, Interpol advirtió a Uruguay de que todo su deporte profesional, y especialmente el fútbol, “es un territorio vulnerable para actividades delictivas de enorme magnitud”, señaló Cáceres. “Hay organizaciones y redes criminales en torno a estas temáticas: el dopaje, el lavado de activos y las apuestas clandestinas, entre otros flagelos que no son flagelos del deporte, sino que son producto de actividades delictivas que encuentran en el territorio del deporte a escala mundial un espacio propicio para su desarrollo”, sostuvo el jerarca. Como posible medida para combatir estos delitos, Interpol puso a disposición del gobierno la inteligencia de su grupo especializado en el amaño de partidos (IMFTF, por sus siglas en inglés), que ha establecido un archivo de análisis criminal para identificar las organizaciones criminales involucradas en el arreglo de partidos.
Del bingo al fútbol
Además de los amaños, la conferencia del 9 de diciembre se enfocó en el crecimiento de las apuestas deportivas a escala mundial. “En España donde más se apostaba era en el bingo y en el póker, pero hoy el 55,5% de las apuestas que se realizan en España versan sobre eventos deportivos, y mayoritariamente sobre el fútbol y mayoritariamente sobre primera y luego segunda división”, dijo Arbea.
En Uruguay la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, dependiente del Ministerio de Economía, es quien autoriza los juegos de apuestas deportivas, una actividad que se disparó a través de Internet y obliga a este organismo a restringir constantemente el acceso a sitios web. Por lo pronto, Loterías y Quinielas dona un porcentaje de lo recaudado por los juegos de apuestas deportivas a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Entre 2015 y 2018 se trató de aproximadamente $30 millones. “Un juego oficial de apuestas deportivas, como es Supermatch, debe contribuir al deporte”, aseguró Luis Gama, director nacional del organismo.