Inversores de Farmashop pedirán un arbitraje internacional por el decreto que limita la propiedad de las farmacias a 15 por dueño

Linzor es un fondo de capital privado formado hace siete años por cinco socios y tiene varios inversionistas que son instituciones y empresas, muchas de ellas globales. Según el ejecutivo, Uruguay es el país donde Linzor tiene su mayor inversión en la actualidad: en el 2013 adquirieron las empresas Farmashop y Pagnifique. Con esas dos, Linzor suma ocho inversiones en la región: dos en México, una en Colombia, una en Perú y dos en Chile.

Cuando Linzor la compró, Farmashop tenía 80 farmacias. Ahora tiene 92 y los planes eran expandirse hasta tener unas 130, dijo Purcell. Además aumentaron la plantilla en unos 200 empleados, cerca del 20% de los 1.100 que tienen en la actualidad. “El sector farmacéutico en Uruguay es un sector de muy poca concentración. Las tres principales compañías que están en el segmento no suman más que el 13% de participación del mercado. Hay 1.100 farmacias; Farmashop tiene actualmente 92, por lo cual tenemos un 8,5% de participación de mercado y somos los más grandes. En cualquier industria que uno mire en Uruguay hay probablemente mayor concentración”, opinó.

Purcell dice que si Linzor quisiera vender el negocio tendría que dividirlo en seis compañías de 15 farmacias cada una, lo cual implicaría “una destrucción casi total de valor”. Además, sostiene, sería difícil de hacer porque nadie va a querer comprar un negocio que no puede hacer crecer. El decreto también “restringe la posibilidad” de operar con un centro de distribución e impide desarrollar un call center, para lo cual pensaban contratar a 50 personas.

“Es casi como una expropiación sin compensación, porque nosotros invertimos hace menos de un año en una compañía que teníamos la intención de seguir desarrollando. Si tuviéramos que vender tendríamos que destruir la compañía para venderla. Entonces es una expropiación”, afirma. Como consecuencia, Linzor ha “suspendido por completo” su plan de inversión.

El ejecutivo cree que el decreto “se escribió en secreto, sin participación de la industria o de los actores de la industria”, ni de los ministerios de Economía y de Salud. “Creemos que aquí hubo algún lobby que no entendemos de dónde sale y que de alguna manera convenció al señor presidente de que acá hay una especie de cuco, que no existe”, afirmó.

Purcell dijo que el fondo de inversión está intentando dialogar con el gobierno pero no ha tenido “mucho éxito”. Linzor ya recurrió el decreto por inconstitucional y el Poder Ejecutivo tiene tiempo para responder hasta el 5 de mayo. Si la respuesta es negativa, el fondo se presentará ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

“Y también vamos a recurrir a los tratados internacionales que existen entre Uruguay y países como Canadá y España, que son dos lugares donde residen algunos de nuestros inversores y donde el fondo está constituido. Y nos estamos preparando para un arbitraje bajo las reglas del Ciadi. Todo eso está encaminado. Obviamente nuestra intención es encontrar una solución a esto vía el diálogo y no vía la corte, pero tampoco nos podemos quedar sentados cruzados de manos”, afirmó.

“Esto ha tenido un impacto sobre la reputación del Uruguay como destino de inversión —dijo Purcell—. Cuando al fondo que más ha invertido en Uruguay le pasa algo así, los otros fondos lo van a pensar dos veces antes de invertir en Uruguay. Es muy difícil y lento construir una reputación y es muy fácil echarla a perder de la noche a la mañana”.