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El Banco de Previsión Social (BPS) investiga más de una decena de jubilaciones que se obtuvieron de manera fraudulenta en Salto y que en muchos casos contaron con el asesoramiento del estudio jurídico del diputado oficialista Andrés Lima, acusado la semana pasada por el vicepresidente de la República, Danilo Astori, de haberse unido al grupo del ex presidente de ANCAP, Raúl Sendic, a cambio de “una suma de dinero”.
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En el gobierno y en el Frente Amplio existe preocupación por el tema, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. El presidente José Mujica, Astori, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, y otros dirigentes de peso están al tanto de las actuaciones del BPS, que derivaron en denuncias judiciales contra las personas que mintieron para recibir una jubilación sin tener los requisitos necesarios y contra los “testigos falsos” que utilizaron para alcanzar ese objetivo, explicaron.
El presidente del BPS, Ernesto Murro, dijo a Búsqueda que en varios casos donde se detectaron jubilaciones fraudulentas se constató que los involucrados habían recibido algún tipo de asesoramiento del estudio jurídico del diputado Lima. Murro aclaró que hoy no existen causas iniciadas contra ese estudio, ni contra el diputado salteño, aunque sí las hay contra las personas que pidieron las jubilaciones y los testigos que prestaron falsa declaración.
“Acá no hay denuncias personales contra el diputado Lima. Tampoco contra el estudio. Lo que hay son contra personas que fueron asesoradas o que declaran que se les llenó el formulario (pidiendo la jubilación) en ese estudio o se les ayudó a hacer el formulario en ese estudio”, dijo. “Que un estudio jurídico asesore o cobre por asesorar, si todo está bien, está bien. Si todo eso es correcto y los servicios son reales y los testigos dicen la verdad, no hay problema. Acá lo que está probado para el BPS es que hay varios casos donde aparecen servicios total o parcialmente no probados en Salto y aparece este estudio asesorando”, agregó.
La unidad de investigación permanente del BPS detectó en Salto 12 casos —desde octubre de 2011 hasta febrero de 2014— de jubilaciones con servicios falsos. En ellos la persona presentaba testigos que acreditaban años de servicio que en realidad no existieron, como una forma de lograr los 30 años mínimos de trabajo que se requieren para recibir una jubilación. Un 30% de las jubilaciones aún se otorgan presentando testigos que acrediten parte de la historia laboral.
Casos en los que estos testigos presentaron falso testimonio se han detectado en Rivera (donde un abogado fue preso) y en Canelones (donde cuatro funcionarios del BPS fueron destituidos). En Salto hay investigaciones en los juzgados letrados y penales, tras comprobarse años de servicio total o parcialmente falsos. Las causas están abiertas contra los titulares de esas jubilaciones y los testigos presentados.
“El BPS denuncia a quienes solicitaron la jubilación y/o a los testigos. Porque el titular nos declaró servicios total o parcialmente falsos y a los testigos porque declararon que alguien trabajó tanto tiempo en tal lado y eso resultó ser falso”, explicó Murro.
Por el momento no existen denuncias penales contra Lima o su estudio jurídico. Pero la vinculación de estos casos con el diputado ha sido un tema de preocupación en el directorio del BPS, donde algunos de sus integrantes han solicitado más información con respecto a las investigaciones.
“Algunos directores empiezan a observar que hay varios trámites que siempre vienen del mismo estudio jurídico”, dijo Murro. “Este es un tema que me lo pregunta mucha gente, porque es muy conocido. Cuando he ido a Salto hay gente que me pregunta. Y digo lo mismo: que hemos hecho denuncias contra los titulares de la jubilación y/o testigos. Si hay responsabilidades o no de los estudios jurídicos que asesoran en esto, es una responsabilidad de la Justicia. Nosotros no tenemos elementos para hacer una denuncia”, agregó.
“Hay casos de actores políticos que son al mismo tiempo abogados y son legisladores o ediles. Muchas veces es difícil diferenciar y actuar con objetividad. Siempre hay que estar muy atento para ver ante cuál de las investiduras se está actuando”, opinó Murro. “Hoy lo que hay, y esto ha sido planteado en el directorio, es que llama la atención que en una cantidad de jubilaciones participa este estudio. El BPS hace las mismas investigaciones que hace en todos los lugares del país contra cualquiera, caiga quien caiga. No interesa quién sea. Hay que ver la situación, porque cuando se nos presenta una persona con la doble condición es más complicado”, sostuvo.
A pesar de esto, fuentes de la institución dijeron a Búsqueda que los investigadores del BPS han pedido al estudio de Lima que “se retire” de este tipo de asesoramiento y que “haga las cosas correctamente”. Además agregaron que el organismo “trabaja para que cada individuo acceda a sus derechos de forma individual”, es decir sin asesoramiento.
