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Desde que asumió en febrero el cargo de consejera, Isabel Jaureguy encontró dificultades de funcionamiento y comunicación dentro del Consejo de Educación Secundaria (CES). Meses atrás definió el día a día como “problemático y febril”. Hoy, aunque la situación ha mejorado y la letra del tango “Cambalache” dejó de ser adecuada, Jaureguy aún encuentra dificultades.
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Por un lado, en la falta de propuestas sobre soluciones para la educación que existe en la cúpula del organismo, formada por ella, el consejero Javier Landoni y la directora general Celsa Puente. Por otro lado, en la “pobreza de rigor en ciertos trámites que nadie parece estar interesado en investigar”, como por ejemplo, licitaciones o denuncias.
“Entre otras cosas, encontré que en marzo el CES hizo una licitación para servicios de portería que tenía una serie de irregularidades. Planteé la situación en mayo reiteradamente en sesiones del Consejo y no logré que el asunto se investigara, incluso se minimizó mi posición”, sostuvo Jaureguy a Búsqueda.
Ante la falta de respuesta resolvió elevar el tema al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En junio envió una carta al presidente del organismo, Wilson Netto, para solicitar la convocatoria de la Sala de Abogados del Codicen con la finalidad de obtener un pronunciamiento “respecto de algunos aspectos formales” de la licitación. Por ahora tampoco recibió respuesta.
“Mi primera opción fue denunciarlo en Secundaria. Cuando vi que a nadie parecía interesarle lo comuniqué jerárquicamente hacia arriba. Que ese procedimiento licitatorio estuvo mal hecho yo ya lo sé porque hice una consulta jurídica. Y aunque nadie está obligado a investigar esta irregularidad, me parecía un rasgo de cortesía que alguien me contestara”, dijo.
El procedimiento al que se refiere es la licitación pública Nº 1/2016 para la contratación de un servicio de portería para los liceos de Montevideo. Según Jaureguy, no todos los liceos fueron incluidos en el llamado: a algunos se les otorgó mediante contratación directa el servicio de una empresa determinada. “Si hay una situación de urgencia en un liceo, se le puede otorgar provisoriamente el servicio de una empresa por contratación directa mientras se desarrolla la licitación. Pero no puedo excluir a ese liceo de la licitación. Si excluyo a algunos liceos parece que hay algo raro”, afirmó.
En su carta a Netto, Jaureguy reclama “tener conocimiento acerca de la pertinencia de haber excluido —por orden expresa del Consejo de Educación Secundaria— a ciertos liceos y la asignación directa del servicio a una cooperativa en particular”. Argumenta que esa decisión “sería vulneratoria” de los procedimientos formales que establece el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
El Tribunal de Cuentas ya había observado el gasto de la licitación en dos oportunidades durante mayo y junio, entre otras cosas porque se dispuso la reducción del plazo de las publicaciones sin expresar los fundamentos, “extremo que contraviene lo requerido por el Tocaf”. Pero a solicitud de Secundaria, el Codicen dispuso la reiteración del gasto, un hecho que para Jaureguy “simboliza la mala administración” del organismo, pues “la práctica de solicitar que se reitere un gasto no debería utilizarse”.
Alarma.
Para Jaureguy el caso de la licitación 1/2016 es uno más de una lista de “procedimientos livianos” en materia administrativa que son habituales en Secundaria. “No sé si tiene que ver con la conspiración o con la ineptitud, sí sé que evidentemente lo que yo considero importante no lo es para otros, como una licitación irregular o una denuncia por persecución sindical”, apuntó.
La denuncia que menciona fue presentada en mayo del 2014 ante Secundaria por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y “aún sigue en vueltas”. En abril de 2015 llegó a la Dirección General del CES y en mayo de este año pasó a consideración de Landoni. Al igual que hizo con Netto, Jaureguy envió en agosto una carta a Puente donde detalla el movimiento administrativo de la denuncia y considera “oportuno investigar” por qué el expediente permaneció un año en la Dirección General.
“¿Cómo es posible que haya estado un año detenido nada más y nada menos que en el despacho de la directora general? Eso es irregular desde todos los puntos de vista. Claramente me alarma y me alarma más que solo me interese a mí”, indicó.
