Jueces, militares y presos políticos

El primer caso ocurrió al cumplirse un mes del fallecimiento del coronel retirado Carlos Calcagno, procesado por su participación como coautor en 1977 en la desaparición forzada de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

Antes, ante la negativa de Calcagno en admitir las imputaciones, Mota había desconocido elementales derechos humanos al cuestionar el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse lo que mereció severas críticas de académicos y del gremio de los abogados.

Pero esa calamidad —como señaló el tribunal— es harina de otro costal.

Sobre las imputaciones no quedaron dudas jurídicas luego de la sentencia del tribunal. Según ese fallo, documentos de los “Archivos del Terror” de la dictadura paraguaya y otros testimonios avalaron la participación de Calcagno —entonces jefe del Servicio de Contrainformación— en un equipo que interrogó a los militantes desaparecidos. Con su participación “selló la suerte de los detenidos”, dijo. Así, a la opinión de Mota y de la fiscal Mirtha Guianze, se sumó la del tribunal y se cumplió el debido proceso legal.

El 29 de junio se publicaron nuevos avisos fúnebres de similar contenido sobre el teniente coronel retirado Alberto Gómez Graña. Estaba preso desde 2011 por el “homicidio muy especialmente agravado” en 1973 del argentino Gerardo Alter, militante tupamaro. Intervinieron el fiscal Diego Pérez y el juez Eduardo Pereyra.

Entre ambos casos participaron siete magistrados. Por lo tanto, afirmar que los fallecidos cumplían “injusta prisión política” por “falsas acusaciones” es jurídicamente falso. Por eso es gravísimo imputarle a todos esos magistrados haber actuado en forma corrupta al torcer los hechos para transformar los procesamientos en prisión política. Eso es, además, fomentar el descrédito hacia un poder del Estado; suele olvidarse que cada juez es el Poder Judicial. Una cosa son las lícitas, democráticas y hasta convenientes críticas a sus fallos. Otra es lanzar denuncias sobre deshonestidad al atribuirles la condición de presos políticos o utilizar la violencia para rechazar sentencias, como en los ataques de las turbas patoteras a la Corte.

Esta es una guerra de largo aliento que prolonga la anterior. Lo suponen con sus acciones tanto esos militares retirados como las hordas que no asumen que la violencia material o verbal debe terminar y que la Constitución, salvo que se pretenda violarla como en 1973, establece que la justicia es la que debe dirimir los conflictos. Nos gusten o no sus decisiones.

Luego del planeamiento inicial los militares dieron un brusco cambio de rumbo. Los mismos que les imputaron actos corruptos a jueces y fiscales elogiaron a fines de junio a la Suprema Corte de Justicia cuando absolvió a los militares Walter Gulla y Enrique Rivero, procesados por la muerte del tupamaro Horacio Ramos en 1981. Ese fallo estuvo precedido por otro del Tribunal de Apelaciones de cuarto turno que desestimó las imputaciones de Guianze y del juez Ruben Saravia.

Fue propicio para que el presidente del Centro Militar, el coronel retirado Guillermo Cedrés, cambiara de vereda para elogiar esa sentencia. Los integrantes de la Corte “cumplieron con la obligación de los jueces que deben juzgar imparcialmente y de la mejor forma posible”, dijo.

¿Cómo es la cosa? ¿Cuando las sentencias se oponen a su ideología, los jueces son corruptos, inventan hechos y tienen presos políticos, y cuando coinciden, reciben aplausos?

Ante este panorama irrumpen varias interrogantes: ¿cómo reaccionarán cuando mueran Gregorio Álvarez, Juan Carlos Larcebeau, José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Manuel Cordero, Luis Maurente o Miguel Dalmao, por citar algunos? ¿Insistirán en que son “presos políticos”? Si no los consideran así, ¿admitirán que son delincuentes? ¿Qué actitud tomarán cuando a esos presos los juzguen Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas como anunció el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro? Si éstos los sancionan, ¿los descalificarán por corruptos?

Probablemente tenía razón el presidente José Mujica cuando expresó que “para que todo esto termine y se cierre va a ser necesario que nos muramos todos”. Estamos cada vez más cerca de ese fin, aunque siempre quedarán algunos herederos en busca de réditos políticos.