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Unos 200 jueces de todas las materias y de todo el país se reunieron ayer miércoles por la mañana en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República. “Nunca vi una manifestación con tanto traje y corbata. ¡Y mirá que acá viene gente a reclamar!”, comentó un cuidacoches que se encontraba en el lugar.
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En ese momento, un joven juez extrajo de una bolsa de nylon transparente una cantidad de pins con la leyenda Asociación de Magistrados del Uruguay que repartió a sus compañeros. A las 11.10 formaron tres filas mirando de frente a la Torre Ejecutiva. Un turista que pasaba por el lugar mostraba incredulidad cuando preguntó a los periodistas de qué se trataba la concentración y le dijeron que eran magistrados reclamando por su salario. Extrajo de su bolso un iPhone y comenzó a sacar fotos.
Los jueces permanecieron en silencio durante 15 minutos y luego cerraron la medida con un aplauso que duró 30 segundos.
Al terminar la movilización, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, el juez penal Ricardo Míguez, dijo a la prensa que se sentía “emocionado” y “orgulloso” de sus compañeros porque la movilización se desarrolló en un clima de “paz” acorde con la “investidura del cargo”. Resaltó, además, que los propios jueces dispusieron un sistema de subrogación para que las sedes sensibles mantuvieran una guardia que permitiera atender los derechos de los ciudadanos.
En efecto, en la Plaza Independencia se concentraron varios jueces penales de Montevideo, entre ellos el juez de Crimen Organizado Néstor Valetti. También se hicieron presentes ministros de Tribunales de Apelaciones y hasta el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat. Del interior del país concurrieron magistrados de casi todos los departamentos. La concentración de jueces hizo que uno de ellos bromeara y les dijera al oído a sus colegas: “Si quieren hacer un atentado nos tienen a todos juntos”. A lo que otro respondió: “El tema de la seguridad había que haberlo tomado en serio”.
Los fiscales, por su parte, estuvieron encabezados por el presidente de la gremial, el fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez.
Los funcionarios registrales concurrieron a la Plaza Independencia con una pancarta en la que afirmaban que son “víctimas” de un conflicto. Los funcionarios judiciales, por su parte, estuvieron representados por Raúl Vázquez y Gustavo Signorelle, aunque permanecieron en la parte de atrás de la movilización. Algunos jueces comentaron por lo bajo que ven que los funcionarios no se comprometen en el conflicto y usan de “punta de lanza” a los magistrados para que sean los que se “quemen”.
Después de la concentración, los jueces permanecieron unos minutos más conversando. Algunos se dispersaron, mientras que la mayoría concurrieron a una asamblea a la sede de la gremial en la que Míguez informó el resultado de la reunión que mantuvo el martes 25 con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y representantes de otros gremios.
Míguez dijo que Guerrero reiteró la voluntad política del gobierno de pagar el incremento reclamado por los magistrados, pero insistió en que existen dificultades jurídicas y económicas para hacerlo. Una de esas dificultades es que el porcentaje de aumento no es igual para todos los colectivos que reclaman, por lo que que el gobierno está “afinando” los números. El Poder Ejecutivo piensa que para solucionar eso se requiere una “ley habilitante”. No obstante, indicó que existe voluntad del gobierno de pagar ese aumento antes del fin del mandato en marzo.
Los jueces consideran positivo ese anuncio, aunque reclaman que se haga una manifestación pública de ese compromiso o que el mismo se deje por escrito. “Queremos que se asuma el compromiso porque de lo contrario nos pueden estar jugando a la mosqueta”, resumió a Búsqueda un experimentado juez.
El conflicto entre los jueces y el Poder Ejecutivo se arrastra desde 2011. Los magistrados reclaman un abultado adeudo salarial generado por la equiparación entre el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores en la ley de presupuesto.
Según supo Búsqueda, en el caso de los jueces, una de las ideas que maneja el Poder Ejecutivo es saldar el adeudo salarial, pero discutir la posibilidad de que los magistrados tributen Impuesto a la Renta de las Personas Físicas por conceptos por los que actualmente no lo hacen, como la partida de vivienda o de perfeccionamiento académico, que implican buena parte del ingreso de los jueces.
Respaldo.
En este contexto, el grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados emitió un comunicado en el que respaldó a los jueces uruguayos. El grupo expresó preocupación por las “bajas remuneraciones de los jueces/juezas en países como Uruguay, Perú y Paraguay, las que no guardan ninguna relación con la dignidad del cargo”. Asimismo exigió “a los Poderes Ejecutivos de Perú y de Uruguay el respeto irrestricto de las sentencias judiciales que han reconocido abonos o incrementos remuneracionales para sus jueces y juezas”.
