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En la noche del 30 de enero Valeria Sosa, de 29 años y bailarina de la comparsa Mi Morena, fue asesinada delante de sus hijos por su ex pareja, un policía que ya había sido denunciado por violencia doméstica pero a quien no se le había retirado el arma.
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Luego de dispararle, el policía llevó a sus hijos pequeños a la casa de sus padres y se entregó en una comisaría. Esa madrugada, la jueza de Familia Especializado, Alicia Vega, que estaba de turno, recibió una llamada de la Policía para consultarle sobre la situación de los niños. Vega resolvió, por teléfono, sin conocer todos los detalles del hecho y sin convocar a una audiencia para interrogar a los abuelos o a los niños, que se quedaran con la familia paterna.
La decisión generó indignación en la familia de la víctima, que reclamaba la tenencia de los niños, y en organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. También fue criticada por autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. El lunes 6 la magistrada presentó un informe ante la Corte para explicar sus actuaciones, ante el cual los ministros decidieron iniciar una investigación administrativa para analizar la decisión.
Semanas atrás Búsqueda informó que la Suprema Corte de Justicia estaba preocupada porque los jueces que atienden asuntos de violencia doméstica y menores resuelven muchos temas por teléfono, basándose solo en una escueta información policial y sin hablar con los interrogados (Nº 1.904).
Luego de que la familia materna presentara un recurso contra la decisión, la jueza realizó una audiencia con los involucrados y solicitó informes técnicos, pero ayer miércoles confirmó su decisión de que los niños se mantengan con los padres del homicida.
En estos días la magistrada designada para realizar la investigación administrativa —la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno, Lilián Bendahan— presentó un informe a los ministros de la Corte en el que evalúa la actuación de la jueza.
Fuentes de la corporación dijeron a Búsqueda que ese informe —que está a estudio de los ministros— concluyó que la jueza actuó con “total ausencia de empatía”, lo que le impidió valorar adecuadamente la situación y tomar medidas urgentes para proteger a los dos niños en situación de riesgo.
La instructora señaló que Vega no consideró que los niños se encontrasen en una “situación de riesgo” y que a pesar de que vivieron un hecho de violencia “extrema”, evaluó que no había vulneración de derechos.
Además, dijeron las fuentes, el informe señaló que Vega no formó un expediente sobre el caso y no indagó sobre las características del asesinato, para conocer cómo habían ocurrido los hechos. La jueza no sabía, por ejemplo —según ella misma reconoció en su decisión de ayer miércoles— que los niños habían presenciado el ataque.
La ministra instructora expresó también que la jueza se basó en la información provista por la Policía de que los niños “estaban bien”, a partir de una conversación informal que mantuvieron con los menores, y que “queda claro” que en ningún momento pensó en convocar a los familiares o en profundizar sobre los hechos.
La jueza insistió en que consideraba que judicializar el tema o convocar a los niños era una forma de “revictimizarlos”, y que por eso consideró más apropiado dejarlos donde estaban.
Sentencia.
Ayer la jueza ratificó su decisión y mantuvo a los niños con los padres del policía. Tras el recurso interpuesto por la madre y la tía de la víctima, Vega designó a los niños una defensora de oficio, convocó a audiencia a todos los involucrados, dispuso una evaluación de los abuelos paternos y de la familia materna para determinar si tienen un perfil violento o victimario, y pidió una pericia psicológica de los niños.
En la sentencia emitida ayer, la jueza estableció que los niños vivirán con los abuelos paternos pero que serán ambas familias “las que deberán brindar apoyo, orientación y dirección en su educación”.
Añadió que “para dar cumplimiento con esta obligación, ambas familias deberán obtener orientación y seguimiento terapéutico, en la forma de sobrellevar la situación traumática por la muerte violenta y por la perpetua ausencia”. También “requerirán orientación en la forma de tratar las opiniones en conflicto dentro y fuera de la familia”.
La jueza desestimó informes técnicos que recomendaban dar la tenencia a la familia materna, y dijo que no se puede atribuir un “perfil violento a los padres del homicida por la filiación”. “El argumento para descalificar a los abuelos paternos no resulta acreditado, salvo en cuanto a la necesidad de garantizar a ambos niños que deben tener una imagen real de sus padres, elaborar un duelo real por la muerte de su madre y la perdida de su padre y ser educados en un ambiente fraterno, de paz, tranquilidad”.
“Porque si bien el padre de los niños es el homicida y fue juzgado y procesado con prisión conforme a derecho, para los niños es una ausencia más en sus vidas”, añadió la jueza.
Tomando en cuenta todas las “circunstancias del caso, en que ocurrieron los hechos; la convivencia previa del niño con mayor tiempo con los abuelos paternos; su mayor grado de afinidad con ellos; la mayor estabilidad del lugar por ser ya conocido por los niños; la comodidad que en este momento de sus vidas significa tranquilidad; la voluntad de los niños en permanecer con los abuelos paternos donde ya tienen un lugar físico adecuado para ellos puesto que han pernoctado anteriormente hace cuestión de menos de un mes conduce a mantener la resolución adoptada provisoriamente”, concluyó la sentencia.
La magistrada impuso a los abuelos paternos “la obligación de respetar el trato de los niños con la familia materna” y “no obstaculizar en forma alguna las visitas”, que se realizarán fuera del domicilio de los niños todos los fines de semana. Además, dispuso que ambas familias “deberán asumir una actitud de respeto recíproco”.
