Jugando a las escondidas

La columna de Andrés Danza

6 minutos

Nº 2106 - 14 al 20 de Enero de 2021

Tantas cosas decimos ser los uruguayos. Son tantos los cuentos y las fábulas que repetimos como si fueran verdades inobjetables. Hace ya mucho tiempo, años o décadas incluso que nos creemos distintos —por no decir superiores— a muchos de nuestros vecinos. La “Suiza de América” primero, un país educado y de oportunidades después junto a la democracia más sólida de América Latina y ahora también un ejemplo de transparencia en el manejo de la información pública.

Esos relatos crecen rápidamente, se consolidan y luego casi todos los repiten como una especie de marca país, un distintivo que nos lleva a pensar que somos mejores. Vivimos en esa ficción permanente porque su trama es verosímil. De hecho, es cierto que Uruguay tiene algunas características únicas que lo hacen especial, pero el problema es que sus habitantes suelen magnificarlas y asumirlas sin cuestionarse si son tan sólidas como parecen.

Aquí va una prueba. En octubre de 2008, con el voto favorable de todos los partidos políticos en el Parlamento, se aprobó la Ley Nº 18.381 que regula el acceso a la información pública. “La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública”, señala en su primer artículo. Fue un avance muy significativo en la transparencia, un paso digno de un país de vanguardia.

Algunos ciudadanos y especialmente los periodistas empezaron a utilizar esa ley para solicitar al Estado información que antes permanecía oculta. Así, por ejemplo, llegó Búsqueda a los datos sobre los gastos que había realizado el exvicepresidente Raúl Sendic con la tarjeta corporativa de Ancap. De otra forma, hubiera sido imposible.

La divulgación por parte del semanario de esos gastos inapropiados, junto a otros episodios como el publicado por El Observador referido a la ausencia del título universitario que decía tener, llevaron a Sendic a renunciar. En gran parte ese escándalo político fue consecuencia de la ley de acceso a la información pública. Entonces, parecía que Uruguay iniciaba una nueva etapa, mucho más transparente.

Pero duró poco. Muy poco. Haber ganado una batalla no era, ni por asomo, acercarse en forma victoriosa al final de la guerra. Casi al mismo tiempo que Sendic renunciaba, el gobierno profundizaba las conversaciones con la finlandesa UPM para instalar una nueva planta de celulosa en Uruguay. Años duraron los “tire y afloje” típicos en esos casos y se mantuvieron en estricto secreto. La mayor inversión en la historia del Uruguay, una obra que cambiaría la economía local por las próximas décadas y afectaría a miles de personas fue negociada casi sin comentarios públicos. Con eso no pudo ni la ley de acceso.

Después llegó 2020, el año de los cambios. Asumió el 1º de marzo un nuevo gobierno, encabezado por el Partido Nacional en coalición con otros partidos y presidido por Luis Lacalle Pou. Luego de 15 años, hubo una rotación en el poder. Lacalle Pou había insistido durante toda la campaña electoral sobre la importancia de la transparencia y varios de sus correligionarios habían liderado las críticas al anterior gobierno por no haber brindado información sobre UPM. Era lógico pensar que se venía una nueva etapa.

Pero fue un error, un exceso de optimismo. Es justo reconocer que se abrieron algunas puertas que antes permanecían cerradas, en especial en ministerios como el de Defensa y en el Banco Central, pero son varios los temas en los que el actual gobierno ha elegido el camino del secreto. En la mayoría de los casos, injustificables. En la última edición de Búsqueda hay dos ejemplos concretos al respecto. Involucran al Ministerio de Economía, que negó la información solicitada por el semanario a través de dos pedidos de acceso. El primero refiere a auditorías efectuadas en la Dirección Nacional de Aduanas, cuyos resultados el Poder Ejecutivo catalogó como información “reservada”. El segundo es sobre el destino resuelto para unos 200 slots encontrados en un depósito, también declarado secreto pese a que cuando ocurrió el hallazgo hasta la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, lo había denunciado públicamente, indignada.

Algo similar ocurre con el Fondo Solidario Covid-19 creado por el Parlamento en abril de 2020. Más de una vez periodistas y también legisladores reclamaron al Poder Ejecutivo conocer algunos datos relevantes sobre qué se está haciendo con lo recaudado por ese fondo, pero la respuesta es que nada se divulgará hasta que pase la pandemia. También se catalogó de información secreta la referida a la negociación que se encuentra realizando el Poder Ejecutivo para la compra de vacunas, que hasta generó la destitución de un jerarca del Ministerio de Salud Pública. Esos son dos asuntos cruciales para toda la población, en especial la más vulnerable, y las justificaciones dadas para mantenerlos en reserva no parecen suficientes.

Pero el problema no es solo del gobierno nacional. Las nuevas autoridades de la Intendencia de Montevideo, que asumieron en noviembre, han dado señales poco alentadoras. Un ejemplo: el 23 de diciembre la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, declaró como “información reservada” todo dato que surja de una investigación producida por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable sobre la presencia de rastros de coronavirus en las unidades de transporte colectivo de pasajeros. ¿El argumento? Que pueden ser “datos sensibles para las empresas”, como si fueran más importantes que los usuarios, que son los que quedan expuestos al virus. Inaceptable. Y encima por escrito y hasta con intento de justificación.

Son demasiados casos y recientes. Es evidente que no es un tema ni de la coalición de gobierno, ni del Frente Amplio, a cargo de la Intendencia de Montevideo, ni de ningún otro partido. Es un problema de muchos gobernantes. Uno grave. Es una forma que tienen de subestimar a los ciudadanos, que son los que los llevaron a los lugares que ocupan. Jugando a las escondidas, como les gusta, se colocan en un nivel superior al de la mayoría de las personas, como si estuvieran capacitados y habilitados a manejar más información que el resto y decidir qué hacer con ella.

No lo están. Al contrario. Desde el presidente o “primer mandatario” hacia abajo, son todos mandatarios y los mandantes son los votantes. Es importante recordarles esa máxima cada vez que haga falta. Capaz que así asumen que ni el poder ni la información más relevante les pertenece. Creerse lo contrario es una provocación excesiva, un ataque a la salud del sistema que creen dominar pero que seguro generará en poco tiempo los anticuerpos necesarios. Sin secretos, sin silencio y con el periodismo como aliado.