Auditorías “reservadas” en la Aduana

La resolución sobre el pedido de acceso, fechada el 28 de diciembre, llegó junto con la opinión de la Asesoría Letrada de la DNA. Los abogados del organismo entienden que “deviene imperioso manifestar” que la Ley 18.381, de acceso a la información pública, y “la normativa en la que se funda en principio debe armonizarse con otras normas de aprobación posterior en materia de secreto”. Refiere al artículo 7 del Código Aduanero, “el cual, a semejanza del mismo artículo que rige para la Dirección General Impositiva”, dispone que la DNA y sus funcionarios “están obligados a guardar secreto de las informaciones que resulten de sus actuaciones administrativas o judiciales”. Agrega que tales informaciones “solo podrán ser proporcionadas a la Administración Tributaria y a los tribunales de Justicia en materia penal, de menores o aduanera, cuando esos órganos entendieran que fuera imprescindible para el cumplimiento de sus funciones y lo solicitaren por resolución fundada, así como a los órganos del Poder Ejecutivo con competencias en relación con el comercio exterior de mercaderías y siempre que fundaren que la información solicitada fuera necesaria para el ejercicio de dichas competencias”. Y la violación a lo previsto “apareja responsabilidad y será causa de destitución para el funcionario infidente”, acota el informe jurídico.