Junta de Transparencia pide sancionar a funcionarios que no presentan declaración jurada para disminuir el incumplimiento

Asimismo, cree que el sistema de declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios públicos que administra el organismo debe cambiar. Mientras el Parlamento discute un proyecto de ley que le dará más potestades a la denominada Junta Anticorrupción y modificará el régimen vigente, las actuales autoridades pretenden mejorar el funcionamiento del sistema.

En las últimas semanas, la Junta envió a diversos organismos públicos una carta en la que les informaba qué funcionarios estaban en falta. Ese fue el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, que recibió una comunicación con la lista de omisos. El 7 de julio, la Suprema Corte de Justicia publicó en su página web la lista de incumplidores y les informó que empezaba a correr el plazo de 15 días para regularizar. De acuerdo con los datos de la Jutep, la cantidad de incumplidores bajó sustancialmente después de esa movida de la Corte.

Las nuevas autoridades de la Jutep decidieron ser más proactivas para conseguir un mayor cumplimiento. Dos semanas después de informar a cada organismo sobre los incumplidores, la Junta envió en varios casos una nueva comunicación en la que consultó “qué medidas se tomaron para que los funcionarios cumplan” y si se aplicaron las “sanciones correspondientes”, explicó Gil a Búsqueda.

La ley establece que a quienes “hayan sido declarados omisos” se les “aplicará una retención mensual equivalente al 50% del monto nominal de cualquier emolumento, salario, retribución, honorario, jubilación, pensión o subsidio pagado por organismos públicos”. Esa retención de sueldo —que no es confiscatoria— durará “mientras el interesado no acredite” que presentó la declaración.

“Es una falta que debería ser sancionada”, insistió el titular de la Jutep.

En el caso del Ministerio del Interior, la Junta acordó con las autoridades un “plan de trabajo” para bajar la cantidad de omisos. Gil sostuvo que hay que cambiar la normativa porque no tiene sentido que todos los policías la deban presentar. Esa exigencia fue incorporada durante el gobierno de José Mujica para combatir la corrupción en la Policía, pero sus efectos prácticos han sido nulos, añadió.

Cambios.

Pese a que quieren que todos los funcionarios cumplan, las nuevas autoridades de la Junta cuestionaron en varias ocasiones el sistema de declaraciones juradas. En un documento que presentaron al Parlamento, donde se discute un proyecto de ley que implica cambios al sistema, advirtieron que el mecanismo “no genera en la actualidad una amenaza creíble de detección que desaliente las conductas reprobables”.

La Jutep sugirió mejoras para ampliar sus posibilidades de revisar las declaraciones juradas que recibe y que, según el régimen vigente, solo se pueden abrir por orden judicial o a pedido de una comisión investigadora parlamentaria. Apoyó la idea planteada por el Movimiento de Participación Popular de que la Junta pueda abrir 5% de las declaraciones juradas —elegidas de forma aleatoria— para que puedan ser analizadas. Las autoridades quieren ir más allá y que se les permita “verificar la veracidad de lo declarado” , “detectar eventuales inconsistencias y/o evoluciones de la situación patrimonial no justificadas por los ingresos legítimos del declarante” e “identificar eventuales conflictos de interés” (Búsqueda Nº 1.914).

Gil explicó que sus críticas al sistema actual no son contradictorias con la búsqueda de mejorar el cumplimiento. “Hay que generar una estructura para que, cuando llegue el cambio legal, el sistema esté aceitado”, justificó.