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Pocos días antes de que la Justicia comience el receso de verano, la investigación por las presuntas irregularidades en Ancap dio un paso adelante: la fiscal María de los Ángeles Camiño solicitó al Juzgado la citación de tres funcionarios de la estatal y de dos titulares de empresas que están vinculadas a los hechos investigados.
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Los funcionarios y empresarios —que serán los primeros citados en la causa— deberán concurrir al Juzgado para ser interrogados como testigos, según informó el diario “El Observador” este miércoles.
Fuentes del caso dijeron a Búsqueda que la jueza Beatriz Larrieu va a acceder al pedido fiscal y dispondrá las citaciones, aunque quedarán para el mes de febrero debido a que el 25 de diciembre comienza la Feria Judicial.
Debido a la gran cantidad de hechos denunciados y de funcionarios involucrados, los interrogatorios solicitados son solo los primeros de una larga lista de personas que deberán concurrir al Juzgado, dijeron las fuentes.
A su vez, Camiño solicitó que el expediente se declare reservado para los denunciantes y los indagados mientras se encuentra en la etapa de presumario (la investigación previa a que se dispongan procesamientos o el archivo de la causa), informaron las fuentes. Eso implicaría que los involucrados no puedan conocer los avances de la investigación, los interrogatorios u otras pruebas que se agreguen al expediente.
Tener acceso a las actuaciones de la Justicia permite que los indagados tengan más elementos para defenderse. Por ejemplo, el vicepresidente Raúl Sendic, uno de los involucrados en los hechos denunciados, solicitó semanas atrás acceso al expediente para luego presentar un extenso escrito rebatiendo las supuestas irregularidades señaladas por la oposición.
No obstante, Larrieu entiende que de acuerdo al artículo 113 del Código del Proceso Penal (CPP), limitar el acceso de las partes al expediente es una “excepción” que debe estar basada en la “posible frustración de las medidas probatorias” que se dispongan, según una resolución a la que accedió Búsqueda. Además, la ley dice que la reserva no podrá durar más de un año.
La fiscal basó su pedido de reserva en que el artículo 3 de la Ley 18.494 establece que en las investigaciones de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado “no regirá” el plazo de un año que establece el CPP “a los efectos del diligenciamiento de prueba que, por su naturaleza, deba producirse sin conocimiento del indagado”.
A criterio de Camiño, esa norma habilita a que el expediente se declare reservado.
La jueza, en cambio, entiende que esa norma no modifica “la regla general de la publicidad interna”, es decir, el “acceso del indagado o la defensa a las actuaciones”, según dice la resolución. Además señala que la Ley 19.196 habilitó también el acceso del denunciante a las actuaciones presumariales.
Larrieu concluye que la reserva “rige indiscutiblemente respecto de terceros, no así respecto de indagados y sus defensores”, que debe estar “debidamente justificada”.
Por eso, previo a resolver sobre el pedido, solicitó a la fiscal que identifique quiénes serían las personas que están en calidad de indagadas, respecto a las cuales se solicita la reserva, y que fundamente “el riesgo de frustración” de las medidas probatorias que ameriten la reserva solicitada.
Más información.
Camiño también pidió a la jueza que solicite información a Ancap sobre algunos procedimientos de compras. Fuentes judiciales dijeron que la fiscal quiere conocer detalles sobre los mecanismos utilizados para analizar si se actuó conforme a derecho y si se respetaron las normas que rigen las compras estatales, como el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
El pedido de información a la estatal se basa en las conclusiones del informe elaborado por el equipo técnico que apoya a la Justicia de Crimen Organizado luego de estudiar los hechos denunciados por la oposición. El equipo está integrado por técnicos del Banco Central, del Instituto Técnico Forense, de la Secretaría Antilavado de Activos y de la Dirección General Impositiva.
Según informaron a Búsqueda fuentes en conocimiento de la investigación, el informe encontró varios indicios de irregularidades, y ahora la fiscal se propone profundizar sobre esos hechos.
Las denuncias contra Ancap fueron presentadas el 19 de abril en el Juzgado de Crimen Organizado. Los hechos denunciados surgieron tras la labor de una Comisión Investigadora en el Parlamento, que indagó sobre las operaciones que provocaron que Ancap perdiera 800 millones de dólares durante la gestión de Sendic.
Los partidos de la oposición concluyeron que se habían cometido hechos presuntamente delictivos, y decidieron recurrir a la Justicia.
Las denuncias incluyen hechos que van desde la organización de una fiesta de inauguración que costó varios miles de dólares hasta un convenio con la Armada para la construcción de barcazas, la contratación de la agencia de publicidad La Diez, los negocios con las petroleras de Venezuela y Ecuador, o la construcción de una planta de biocombustible en Paysandú, entre varios otros.
El 15 de noviembre la defensa de Sendic —a cargo de los abogados Ignacio Durán y Gúmer Pérez— presentó en el Juzgado un escrito de unas 120 páginas con documentos y testimonios que defienden la gestión del vicepresidente.
Sendic había presentado en julio un escrito para ponerse a disposición de la Justicia, y a partir de ese momento la defensa obtuvo acceso a las actuaciones del Juzgado. “Una vez que tomamos conocimiento de las denuncias y de los hechos que se le imputan, obviamente él quiso dar un paso adelante y en una actitud proactiva dar su visión de los hechos, que es la única visión de los hechos, objetivamente”, dijo Durán a Búsqueda luego de presentar el escrito (Nº 1.893).
“Antes de que comenzaran con el proceso de citaciones quería que la jueza y la fiscal tengan las dos caras de la moneda, contado desde el lado del denunciado, que dista muchísimo de lo que dice la oposición”, afirmó.