Justicia de Crimen Organizado pasará a un juzgado penal actuación del abogado Ricardo Olivera para que investigue si cometió delito

El fiscal Juan Gómez ya solicitó a la jueza Adriana De los Santos que remita esos antecedentes a una sede penal ordinaria, porque, si bien existe una presunta conducta delictiva del abogado, los juzgados de Crimen Organizado no son competentes para juzgarla. Esos juzgados, creados en 2009, tienen competencia únicamente en casos de narcotráfico, trata de personas, corrupción y lavado de activos, entre otros.

El artículo 194 del Código establece que “el abogado o procurador, que faltando a sus deberes profesionales, perjudique los intereses de la parte que defiende o represente judicial o administrativamente, será castigado con 100 UR (cien unidades reajustables) a 900 UR (novecientas unidades reajustables) de multa e inhabilitación especial de dos a ocho años”.

El artículo 195 considera que son circunstancias agravantes de ese delito “que el hecho se haya efectuado por el culpable, mediante colusión con la contraparte” o “que el hecho se haya efectuado en perjuicio de un sujeto sometido a un proceso criminal”.

Fuentes del ambiente judicial dijeron a Búsqueda que se trata de una figura penal muy poco utilizada en el Uruguay. Según las fuentes, la conducta de Olivera podría encajar en esta descripción, porque primero defendió los intereses del empresario Matías Campiani al frente de Leadgate contra el Estado y poco tiempo después pasó a defender los intereses del Estado en la redacción de una norma que recientemente fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Por ese hecho Olivera fue tratado de “timador” por el abogado Pablo Correa, uno de los promotores de la inconstitucionalidad. En la audiencia pública que se celebró en la Suprema Corte antes del dictado de la sentencia, Correa dijo que lamentaba que este tipo de leyes con serios visos de inconstitucionalidad hayan sido redactadas por colegas suyos, lo que podía llevar a la opinión pública a pensar que los abogados son “timadores”. Si bien no lo nombró específicamente, Olivera se dio por aludido y al final de la audiencia pidió la palabra para decir que iniciaría un juicio penal por difamación porque se lo había tratado de “estafador”, una de las acepciones del término utilizado por Correa.

Reuniones.

Olivera pasó en este caso de un lado al otro del mostrador, lo que generó cuestionamientos éticos. Primero defendió con énfasis los intereses de Campiani, al punto que, según fuentes que consultó Búsqueda, en su estudio se celebraron varias reuniones para redactar el memorándum de entendimiento entre Campiani y el Estado cuando se cerró Pluna. En una de esas reuniones, celebrada el 13 de junio de 2012, se pactó la inmunidad de Campiani frente a cualquier reclamación por estos hechos. Allí Olivera llevó la “voz cantante”, dijeron los informantes. A esa reunión concurrieron, además de Olivera, el director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, el asesor de esa dirección Marcos Álvarez, funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el ex presidente de Pluna Ente Autónomo, Fernando Pasadores, y el ex vicepresidente y actual presidente de la compañía, Ignacio Berti.

Dos días después de esa reunión, el 15 de junio de 2012, se terminó firmando el memorándum de entendimiento. En grandes líneas ese documento establece la salida de Leadgate de la sociedad con el Estado, la transferencia de las acciones, el remplazo de las autoridades de la compañía y la indemnidad recíproca entre Campiani y el Estado.

Otras reuniones del Directorio de Pluna SA directamente se celebraron en el estudio de Olivera.

Por ejemplo, según documentación en poder de Búsqueda, el 9 de julio de 2012 a las 11 de la mañana se reunió el Directorio de Pluna SA en un local ubicado en Misiones 1424, donde está ubicado el estudio de Olivera. Asistieron a esa reunión el director de Pluna por el Partido Nacional, Daniel Delgado Sicco, y los representantes estatales Pasadores y Berti. Por el MEF fueron Apezteguía y Marcelo Alonzo, y por el MTOP el ex director de Secretaría Pablo Ferrer.

También estaban las integrantes de la comisión fiscal, las contadoras Flavia García y Marianela Martínez, y el abogado Gualberto Trelles.

Según el acta de esa reunión se resolvió por mayoría, con la abstención de Delgado Sicco, aprobar la memoria explicativa de la sociedad y los estados contables al 31 de diciembre de 2011.

Por unanimidad, y reconociendo que la sociedad se encontraba en situación de insolvencia, se aprobó la presentación de la solicitud de concurso voluntario de la sociedad.

En otra de esas reuniones, celebrada también en el estudio de Olivera el 9 de julio de 2012 a la hora 12.30, estaban los mismos participantes menos el director Delgado Sicco.

Por mayoría, con los votos a favor de Apezteguía, Ferrer y Alonzo se resolvió aprobar un convenio entre Pluna SA, el Estado y Pluna Ente Autónomo.

Además de que su estudio fue escenario para este tipo de encuentros, Olivera realizó consultas pagas para Campiani por diversos temas.

En una de esas consultas, firmada por Olivera y fechada el 12 de abril de 2011, el catedrático aconsejó a Campiani los caminos a seguir en un diferendo comercial con Sociedad Aeronáutica Oriental.

De acuerdo con las fuentes, por estos trabajos Olivera cobró a Campiani unos U$S 200.000.

El abogado ya concurrió a declarar al juzgado de crimen organizado como testigo por estos temas. Según los informantes, el fiscal Gómez insistió en sus preguntas para saber quién había pagado los honorarios del profesional. Si bien al principio pareció indicar que había sido Pluna Ente Autónomo, finalmente se terminó estableciendo que fue Campiani.

Arcas públicas.

Pero al poco tiempo el abogado pasó a trabajar para el Estado por una cifra que duplica el monto que le pagó el empresario. De acuerdo con fuentes oficiales, Olivera cobró entre U$S 400.000 y U$S 500.000 de las arcas públicas para redactar la ley que creó el fideicomiso de Pluna y para llevar adelante el concurso de la compañía. Una parte de ese dinero es pagada por el Poder Ejecutivo y la otra por Pluna Ente Autónomo.

La actuación de Olivera quedó particularmente bajo la lupa luego de que la SCJ declaró inconstitucional tres artículos de la ley de Pluna. Principalmente llamaron la atención algunos de los argumentos utilizados por la corporación, como que la norma violenta el principio de igualdad y la separación de poderes. En el gobierno muchas personas comenzaron a preguntarse cómo un abogado de la experiencia de Olivera no reparó en estos puntos.

Algunos gobernantes consideran que el propio abogado era consciente que la norma contenía severas inconstitucionalidades pero que se jugó a que la Corte rechazara los recursos por un impedimento formal, debido a que en la corporación existía jurisprudencia previa de que si los créditos no estaban verificados no se admitía la legitimación de los reclamantes.

En algunos integrantes del gobierno existe molestia con Olivera, que se ha expresado de diversas formas en los últimos días. Ese disgusto fue expuesto la semana pasada por el propio presidente José Mujica, quien dijo a Búsqueda que se cometieron “errores jurídicos producto de habernos comido la pastilla con Olivera”.

Búsqueda intentó en reiteradas oportunidades hablar con Olivera en los últimos días para conocer su punto de vista sobre todos estos hechos. En uno de los contactos, el viernes 1,5 el abogado aseguró a un periodista que se encontraba en el exterior pero que a partir del lunes 18 estaría en Montevideo. Sin embargo, a partir de esa fecha no contestó ninguno de los mensajes que se le mandaron.