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En el marco de un juicio iniciado por un laboratorio para cobrar una deuda millonaria del Ministerio de Salud de Venezuela, la Justicia local dispuso el embargo del 100% de las acciones de la filial uruguaya del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), que son propiedad del Estado de ese país.
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Fuentes judiciales informaron a Búsqueda que ayer miércoles en la tarde se realizó en la casa matriz del Bandes, en la Ciudad Vieja, el secuestro —la aprehensión material— de las acciones por parte de un alguacil, que fueron trasladadas al juzgado y aseguradas en su caja fuerte.
Además, la jueza Fabiana Weisz hizo lugar al pedido de los abogados del laboratorio y ordenó el embargo del 77,4% de las acciones de Integración AFAP, las cuales también pertenecen al Estado venezolano a través del Bandes Uruguay, informaron las fuentes. Fucac y Cabal son los otros dueños de esa administradora de fondos previsionales.
La deuda que el laboratorio pretende cobrar se originó en 2015, tras la venta de medicamentos al Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. Inicialmente lo adeudado rondaba los US$ 10 millones, pero en la actualidad los abogados estiman que asciende a US$ 15 millones debido a multas e intereses.
El pasado jueves Búsqueda informó que la Justicia había decretado embargos contra los bienes del Estado venezolano en Uruguay, a raíz del juicio de ejecución iniciado por el laboratorio Libra S.A. Consultada entonces sobre las empresas embargadas hasta el momento, la jueza dijo que no podía brindar información más específica por la reserva del expediente, pero añadió que se estaba en proceso de identificar cuáles bienes quedarían comprendidos en la medida.
Según estiman los asesores legales del laboratorio, las acciones de Integración AFAP serían las más redituables. En 2019 esa empresa ganó US$ 5,4 millones, según surge del balance que presentó al Banco Central.
Consultadas acerca de si el BCU tomará alguna acción ante la situación del Bandes e Integración AFAP, fuentes de ese organismo regulador del sistema dijeron a Búsqueda que “no hay nada previsto”.
El Estado venezolano tiene otros activos en Uruguay, como el 10% de las acciones de Alcoholes del Uruguay (Alur), que están a nombre de la petrolera PDVSA. También es miembro y accionista de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, que en 2018 inauguró una sede regional en Montevideo ubicada en la Ciudad Vieja. Por el momento, no obstante, esos bienes no han sido afectados y la Justicia está estudiando si dispondrá nuevos embargos.
Además del juicio del laboratorio, hay otros litigios en curso contra Venezuela. Uno es de un grupo de 80 jubilados del servicio venezolano de seguridad social, que dejaron de percibir sus pensiones.
Otros acreedores del país caribeño, que fortaleció sus vínculos comerciales con Uruguay durante los gobiernos del Frente Amplio, no han iniciado juicios por el momento, aunque fuentes judiciales dijeron que el embargo de los bienes venezolanos motivó varias consultas con abogados y es posible que derive en nuevos procesos. Uno de los principales acreedores de Venezuela es Conaprole, con una deuda que asciende a US$ 30 millones.
En 2015 el gobierno de Tabaré Vázquez cerró un acuerdo comercial y de cooperación técnica bilateral con Venezuela que preveía, entre otras cuestiones, la venta de 265.000 toneladas de alimentos y de otros productos como medicamentos. Ese es uno de los orígenes de las deudas con proveedores uruguayos. A fines de su mandato, en setiembre de 2019, el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa señaló que durante los últimos años se hicieron varios intentos de cobro al Estado caribeño.
