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Como periodista investigativa suiza, me pregunto si es cuestión de tener coraje, responsabilidad cívica o simplemente ética democrática lo que me impulsa a decir que alguien tiene que hablar claro.
En Punta del Este y Montevideo, hace ya varios años que vemos la evidencia de un escándalo judicial que está casi al borde de ser una conspiración de fraude en el mercado laboral.
En pocas palabras, aquellos que trabajan cuidando a otros, como domésticos, jardineros, etc., en propiedades pertenecientes a extranjeros, están siendo alentados e instigados por abogados inescrupulosos (que logran sus remuneraciones como parte de las ganancias que obtienen para sus clientes) a llevar a los empleadores extranjeros a juicios exigiendo retribuciones excesivas e injustificadas. El pretexto es siempre el mismo: bajos salarios, maltrato, falta de vacaciones o “aguinaldo”, despido ilegal, etc.
Constantemente, los extranjeros, fuera de su ambiente, sin o con poco comando del lenguaje, tienden a acceder a arreglos fuera de los juzgados. Y así, sin querer, establecen un precedente.
Este comportamiento, institucionalizado y altamente beneficioso, se extiende por toda la región; una gangrena que destruye las relaciones laborales.
En palabras de un funcionario en La Barra, “el sistema judicial es un camino de solo una vía, con los empleados en el único carril. Es una industria muy lucrativa”.
Hablemos claro: no todos los patrones son tiranos ni todos los empleados santos, pero un sistema judicial debe basarse en pruebas y evidencia. Aquí, las decisiones se basan solo en la versión de uno contra la versión del otro. Y, como extranjera, las chances son pocas y probablemente se le considere culpable desde el comienzo. En otros países, a un sistema así le dicen “cortes de canguro”.
Hace poco fui víctima de estas amenazas. Un jardinero que trabajaba tres horas por semana en mi casa me amenazó con llevarme a juicio a no ser que le pagara una considerable suma de dinero. Pero él mismo había decidido no trabajar más para mí porque me negué a darle un 30 por ciento de aumento que yo no consideraba justificado, ni podía pagar.
Este tipo de abusos merece ser puesto en evidencia. En múltiples casos que conozco, el patrón, ansioso de evitar juicios en un sistema que favorece siempre al empleado local, accede a las demandas de los trabajadores y paga el “rescate”.
Abogados codiciosos se aprovechan del sistema y acumulan las ganancias... mientras la justicia desaparece.
