Justicia politizada: falsedad y estrategia

El análisis de Arendt se robustece cuando el fanatismo partidario y el objetivo electoral se colocan por encima de las instituciones y las leyes. En un Estado democrático de derecho se debe buscar la justa aplicación de la ley y el castigo a los actos que la violan.

Dice que a diferencia de la izquierda, blancos y colorados han utilizado históricamente a la Justicia para solucionar lo que políticamente no podían. Ahora involucra también a su partido: “Ni siquiera puedo jurar que (los que quieren perjudicar a Lorenzo y Calloia) son todos de la oposición”.

Conozco poco al fiscal. Nada a los imputados y es notoria la solvencia de sus abogados, Amadeo Ottati y Mario Spangenberg (de Lorenzo) y Gonzalo Fernández y Renato Echevarría (de Calloia). Descarto que le hayan denunciado a Valenti que Gómez tenga esa intencionalidad. Si con acceso a las audiencias y al expediente lo hubieran advertido sin denunciarlo, perjudicaron conscientemente a sus defendidos. Y es seguro que no sucedió.

Valenti no involucra a la jueza Adriana de los Santos, quizá porque apuesta a que rechace el pedido de Gómez. Si en cambio decide procesarlos, ¿la considerará cómplice del fiscal?

Al caer la dictadura se terminaron las letras “A”, “B” y “C” con las que el régimen calificaba a adeptos y opositores, entre los cuales estaban los jueces y fiscales. Imputarle a Gómez ser un títere político es una canallada propia de aquellas prácticas dictatoriales.

Hay que responder a la inquietud de Valenti sobre “de qué se trata”. El argumento de que para el remate de los aviones de Pluna no existía más de un interesado y que el aval no perjudicó a nadie es falso. Lo jurídicamente relevante es que, a pedido, se otorgó un aval que no correspondía conforme a las normas que regulan la actividad bancaria. ¿O también opositores y oficialistas, como sugiere Valenti, digitaron al Banco Central para multar al BROU por haberlo otorgado? Con ese aval mal concedido el beneficiario pujó en la subasta estando inhabilitado. Ergo, la gran perjudicada fue la administración, el bien jurídico que el delito de abuso de funciones pretende proteger. Se pagó sin recuperar el dinero. Podrá discreparse con Gómez, y es bueno que así ocurra, pero es una falacia que carezca de fundamentos.

Para completar la explicación hay que recordar que en esta etapa el procesamiento no implica culpabilidad, aunque los políticos, cuando les aprieta el zapato, así lo agiten para colocarse en el papel de víctimas.

Veamos los fundamentos sobre “de qué se trata”. El procesamiento no elimina el principio de inocencia. Solo determina que prosigue el juicio con el sumario. En este se complementa la probanza de la etapa anterior con la intervención de la defensa y el fiscal bajo el contralor de la jueza. Además todo procesado tiene las garantías de recurrir ante un Tribunal de Apelaciones de tres jueces y argumentar para que le den la razón. ¿Todos los magistrados del país conspiran políticamente para perjudicar al FLS? Si así es, hay que aprontar las valijas para huir.

También supone una conspiración el ex intendente (2005-2010) de Treinta y Tres, Gerardo Amaral. Socialista, no del FLS. Acaba de ser procesado sin prisión por “conjunción del interés público y privado” por irregularidades en la concesión de obras en la Casa de la Cultura de la capital departamental. También procesaron a una ex funcionaria y a su esposo.

Amaral se quejó: “¿Qué mensaje se les está dando (con el procesamiento) a los jóvenes honestos que quieren entrar en política? Quienes me conocen de toda la vida saben cuál ha sido mi conducta permanente y (dicen) ‘si a Gerardo le pasa esto, la política es una máquina de picar carne decente’”.

Don Gerardo, la política pica carne cuando se rompen las reglas y la transparencia y no se actúa con decencia. También cuando, para favorecer a amigos o conocidos, se soluciona de facto lo que por la vía de las normas resulta imposible. Como en Pluna.

(*) “Truth and Politics” en “The Portable Hannah Arendt”, Penguin Books, 2000.