Juzgado de Crimen Organizado investigará un presunto desvío de fondos a empresas subsidiarias por parte de ex ejecutivos de Pluna

A solicitud del representante del Ministerio Público, la jueza De los Santos procesó el sábado 21 de diciembre al ex gerente general de Pluna Matías Campiani y a sus socios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde por el delito de “estafa especialmente agravada”. El fiscal también pidió el procesamiento sin prisión del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y del titular del Banco República, Fernando Calloia, por “abuso de funciones”, pero esa solicitud quedó en suspenso, ya que la defensa de ambos jerarcas interpuso una “excepción de inconstitucionalidad” para que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se expida sobre la regularidad de ese tipo delictivo.

De hecho, el propio fiscal da pistas sobre sus futuras investigaciones al poner en blanco sobre negro ese concepto en el dictamen en el que solicitó el procesamiento de los ejecutivos.

En el punto 25 de ese extenso documento, Gómez sostiene que “las estratagemas cumplidas por los indagados se objetivizan en uso de empresas subsidiarias a Pluna SA, Eastern Jet 1 y 2, con importantes transferencias de fondos, que permitían luego la fracción de balances consolidados”.

Esa misma operativa la observó el fiscal en el manejo de sociedades en Argentina con las empresas Aerovip Argentina y Sas SA, lo que les permitió a estos ejecutivos “girar fondos hacia ellas, por Pluna”.

En todos los casos esta operativa se hizo a través del “uso” de “empleados, abogados patrocinantes o familiares de estos”.

Según fuentes cercanas a la investigación, estas serán algunas de las personas que a partir de febrero deberán comenzar a declarar en el juzgado de la calle Buenos Aires para explicar esta situación.

La operativa —según el fiscal— “incrementó notoriamente los gastos de Pluna, en beneficio de las empresas subsidiarias o coligadas”.

“A juicio del suscrito no es de recibo, bajo ningún concepto, la citada operativa, que pauta las oscuridades que se visualizaban desde el inicio de la intervención de Leadgate”, razona Gómez. Y de inmediato agrega que le “llama poderosamente la atención el uso de empresas con nombres similares”, lo que sin duda “induce a confusión”.

“Ilustran sobre esa ingeniería de empresas también las circunstancias de que documentaciones o giros que debían efectuarse en favor de algunas de ellas, aparecieran en la contabilidad de otras”, señala.

Además de este aspecto, según las fuentes, la indagatoria tratará de abarcar otros temas. Por ejemplo, interesa a los investigadores conocer en detalle la forma en la que el Estado seleccionó para asociarse al empresario Campiani y el rol que jugó el intermediario Paul Elberse en ese proceso. La Fiscalía también quiere determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal por parte de funcionarios de la petrolera estatal Ancap en la aceptación de cheques por parte de Pluna cuando se sabía que estos no iban a poder ser cubiertos.

“Vamos despacio pero firme. Se trabaja en círculos en los que una vez cerrado uno se comienza a investigar el otro que, si bien también es importante, es más periférico”, apuntó una de las fuentes que se desempeña en la investigación.

“Lo peor que podía pasar era que el tema quedara sin respuesta y que se generara una sensación de impunidad, lo que no ocurrió”, añadió.

Según las fuentes, una vez que la primera etapa se cerró se va a “seguir profundizando la investigación” de forma paulatina. “Hay que tener siempre presente la máxima de que quien mucho abarca poco aprieta”, señaló otra persona vinculada a la investigación.

Lo que es un hecho es que el fiscal tiene previsto abrir nuevas piezas con las investigaciones que surjan, de modo de no retrasar el expediente principal, que ya es “bastante voluminoso y complejo”, indicaron los informantes.

La estrategia que asuma la defensa de los procesados también puede variar el curso del expediente. Si el abogado Jorge Barrera apela el procesamiento de sus clientes el expediente pasará a un tribunal de Apelaciones, lo que demorará el diligenciamiento de nuevas pruebas. En cambio, si no se apela el procesamiento de Campiani y sus socios, estos pueden recuperar la libertad con más celeridad. De hecho, según las fuentes, la actividad que Campiani está desarrollando en la cárcel del Campanero, donde imparte clases y colabora con las actividades, puede suponer una redención de pena a razón de dos días por cada día de trabajo, tal como lo establece la ley. Según el cálculo que realizan algunos operadores, de ese modo en poco más de un año podría recuperar la libertad ambulatoria, si bien seguiría sometido al proceso penal.