La ANEP apuesta fuerte a las PPP para cumplir su plan de obras y planta cara a los sindicatos que advierten riesgo privatizador

Aunque discutida, la modalidad PPP es “la solución” que defiende la ANEP para cumplir con su plan de obras y la meta del gobierno de universalizar la enseñanza, sobre todo en las edades más tempranas —con grupos más reducidos y más escuelas de tiempo completo extendido—, todo lo cual requiere una “rápida inyección edilicia”, afirmó a Búsqueda el arquitecto Mario Corrales, director de Infraestructura del ente autónomo que conduce Wilson Netto.

“Yo no soy pro-PPP porque sí”, dijo el funcionario. Explicó que lo terminó de convencer la situación de una niña de tres años que iba a ir a una escuela que no tenía jardín de infantes. “Con el método tradicional esa niña tendría que esperar 28 años para usar el jardín”, ejemplificó.

El arquitecto valoró que el sistema de PPP se multiplique en otras partes del mundo “con buenos resultados y sin riesgos”, que el Estado se ahorre el mantenimiento y la seguridad del edificio —en algunos jardines también la limpieza corre por cuenta del privado—, y que ANEP solo pague por el uso de las instalaciones, “siempre que estén disponibles y en buenas condiciones”. Y así durante unos 20 años. Vencido el plazo, el edificio pasa a manos de la Administración pública, según el contrato y el pliego.

La ANEP ya consiguió por convenios los 160 terrenos a edificar, sea en régimen de comodato de uso o concesión. En los primeros llamados abiertos seleccionó a los oferentes. El primero para la construcción de 44 jardines y 15 centros Caif, estará a cargo de Conami, Basiney y Nelit. El segundo para levantar 23 escuelas, 10 polideportivos y nueve polos tecnológicos, corresponde a Berkes, Saceem y Stiler. Luego está a estudio medio centenar de liceos y 15 centros de UTU.

Desde los sindicatos de la enseñanza se entiende que esta modalidad supone una “privatización de la educación pública encubierta”, extremo que la ANEP niega de plano. “Nada que ver. Esto no es privatización ni nada parecido, y es bueno que la gente lo entienda”, sostuvo Corrales.

“Esta es otra forma de pago razonable por disponibilidad locativa y servicios de mantenimiento, seguridad y limpieza. El privado aporta el dinero, hace el edificio y lo mantiene”, afirmó, y destacó que “no puede usar para nada ese local, solo cuidarlo”, porque el uso por contrato es para la ANEP y “quienes se benefician son los chiquilines”.

Según el funcionario, “el riesgo mayor lo asume el privado, porque si no cumple no cobra”. Para sellar el acuerdo, dijo, habrá un control de ANEP-INAU, de las intendencias con los permisos de construcción obligatorios y la evaluación de los procedimientos por parte del Ministerio de Economía y de la OPP, que fijan un tope de pago. “La ley PPP dice que la construcción no puede costar más que una obra tradicional. O sea que no es más cara”, indicó.

Otro punto a favor de esta modalidad, continuó, es que también “interpela al sistema” sobre el mantenimiento de los 3.000 locales de la ANEP. Durante 2017 la Administración destinó $ 300 millones solo para mantener en condiciones sus centros. A eso sumó un servicio sanitario y eléctrico mensual en Montevideo, y un 0800 (2637) para avisar sobre cualquier problema o reclamo edilicio.

El gasto en infraestructura creció desde la década de 1990, excepto durante la crisis económica de 2001. En el primer gobierno del Frente Amplio, la inversión aumentó 26% con respecto al gobierno anterior y en el segundo 25%, según el Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay 2014 del Instituto de Evaluación Educativa (Ineed).