La Asociación Rural advierte que sufre una “constante agresión” de grupos del Frente Amplio y sindicalistas

La semana pasada, una movilización convocada por el PIT-CNT llegó hasta la puerta de algunos ministerios y también a la sede de la ARU, donde dirigentes sindicales se refirieron con dureza a las empresas agropecuarias acusándolas de “defensores de todas las dictaduras” y de pagar bajos salarios cuando se “multiplicó el precio de la tierra y la rentabilidad”.

“Alguien debe responder para conocer cuánto dinero mueve la exposición, a la que va muchísima gente”, agregaron. Las ediciones más recientes de esa tradicional muestra recibieron entre 350.000 y 500.000 visitantes, según registros de la ARU.

Agazzi basó ambos pedidos en una serie de normas que establecen “la obligación de rendir cuentas a las personas públicas no estatales y los organismos privados que manejen fondos públicos o administren bienes del Estado”.

Interés económico

Agazzi menciona en sus planteos algunas normas legales de 1909, 1911 y 1912, que dispusieron la construcción de los tres galpones ubicados en el predio de la Rural del Prado, con fondos del erario público, que el usufructo de los locales corresponde a la Municipalidad capitalina y que atribuyeron a la ARU la responsabilidad por su cuidado y mantenimiento. También establecen que a esa gremial le corresponde “rendir cuentas por su administración, entregando los beneficios líquidos que por cualquier concepto recibiera”.

Desde esos años “el predio y los galpones han sido utilizados como parte de la feria anual rural que organiza la Asociación Rural del Uruguay, así como para otros fines de interés económico, los que son de público conocimiento”, añadió.

Apoyándose en ese marco legal solicitó a la AIN y al TCR que informen si la ARU rindió cuentas anualmente presentando copias de sus balances contables.

Si la gremial agropecuaria cumplió con eso, Agazzi quiere saber “cuál es la información que surge de los estados contables y si los mismos fueron visados” por el TCR, y, en el caso de la AIN, pide conocer “el dictamen de la auditoría externa” correspondiente, según consta en el texto de los pedidos de informes.

Plantea, además, que “en caso de ser negativa la respuesta, esto es que la ARU no ha cumplido con lo dispuesto con la normativa en cuanto a la rendición de cuentas por los bienes del Estado que administra, informe si se han realizado comunicaciones o tratativas a efectos de dar cumplimiento a su cometido de contralor y en su caso cuáles fueron estas”.

Las fuentes cercanas a Agazzi ­—quien fue ministro de Ganadería durante el gobierno de Tabaré Vázquez, después de haber sido subsecretario del entonces ministro José Mujica— dijeron que el senador tiene previsto seguir adelante con este tema en otras instancias hasta obtener datos concretos sobre lo que hace la ARU en el predio del Prado.

“Clarificar”

Aunque este tema surge ahora, coincidiendo con la conmemoración de los 100 años de la construcción de los tres galpones emblemáticos del Prado designados para los bovinos y los ovinos, no es nuevo el interés en el Frente Amplio por dejar en claro quién es el propietario y quién debe administrar y hacer uso de ese predio. En noviembre de 2012 la bancada de senadores del oficialismo presentó un proyecto de ley que tenía como objetivo “clarificar el estatus jurídico de las construcciones elevadas por el Estado a principios del siglo XX, en el padrón 57.636, ubicado en el Prado de Montevideo, que es propiedad de la Intendencia capitalina”, de acuerdo a la exposición de motivos del mismo.

Señaló, entre otras cosas, que a más de 100 años de las leyes vinculadas al tema “se han producido circunstancias que han planteado dudas sobre las responsabilidades de las instituciones involucradas, unido al incumplimiento de lo establecido en el decreto reglamentario de la ley 3.467 de 1912”. Esa norma fijó la obligación de la ARU de pedir autorización al Ministerio de Industrias (llamado así en esos años y luego esa potestad fue trasladada al Ministerio de Ganadería) para la realización de exposiciones, concursos, ferias y otros espectáculos, además de rendir cuentas y hacer entrega de los beneficios obtenidos por el usufructo del predio al municipio capitalino.

Limbo jurídico

Durante el tratamiento parlamentario del proyecto de ley presentado a fines del año pasado por la bancada frenteamplista, fueron convocadas las partes involucradas.

El 14 de mayo pasado acudieron a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, por la Intendencia de Montevideo, el prosecretario Jorge Rodríguez y el director del Departamento de Jurídica, Ernesto Beltrame.

Conforme a la versión taquigráfica correspondiente, Rodríguez relató que en 2012 Agazzi presentó el proyecto de ley a la intendenta Ana Olivera, quien dio una “respuesta afirmativa” al mismo. Y que la comuna capitalina considera que la iniciativa “puede ayudar a dilucidar una especie de limbo jurídico y despejar algunas dudas respecto a que además de la tierra, los tradicionales galpones se consoliden como propiedad de la Intendencia”.

“El tema relacionado con la Asociación Rural del Uruguay es de los más antiguos. Se trata de una situación peculiar y no hay duda respecto a nuestra propiedad indiscutible sobre el terreno”, dijo Rodríguez. Y añadió: “Cada vez que vamos a usar el predio accedemos libremente a él. Por ejemplo, cuando —una vez al año— organizamos la Semana Criolla, la Intendencia hace suyo el lugar por derecho propio. Otro ejemplo es que hace poco se organizó allí un recital del grupo La Vela Puerca; por tanto, simplemente comunicamos que vamos a hacer tal cosa porque nuestra propiedad ha sido indiscutible, no está en cuestión”.

El senador colorado Pedro Bordaberry explicó que un informe solicitado por la Comisión de Vivienda a la División de Estudios Legislativos del Senado aseguró que el usufructo dado en 1912 a la Intendencia “caducó a los 30 años, pero no queda claro si también caducó la obligación de rendir cuentas”.

Beltrame respondió que según informes jurídicos de la comuna capitalina, lo establecido sobre el usufructo del predio caducó a los 30 años de la promulgación de la ley, o sea en 1942. No obstante aclaró que esos mismos estudios señalan que “no cesó la obligación de rendir cuentas”.

Por su parte, la senadora Lucía Topolansky dijo que “lo más importante es preservar los galpones históricos porque son los más emblemáticos”. Y opinó que “está bien que la ARU tenga la administración porque el uso de esos galpones y el origen de la exposición están ligados a ella”.

El prosecretario de la Intendencia aclaró que al igual que con el predio de la Rural, y los sitios donde están las canchas de los clubes Wanderers y River Plate, esa situación se repite. Es decir que el usufructo por parte de los mismos ya venció y en lugar de eso establece concesiones que vota la Junta Departamental, que incluyen contraprestaciones de las partes.

Ese mismo día comparecieron los directivos de la ARU a la Comisión de senadores. El presidente de la gremial, Ruben Echeverría, resaltó la “buena relación” que mantienen con la Intendencia y con el Ministerio de Ganadería para la utilización de los galpones y el predio de la Rural del Prado. “Sí advertimos que hasta ahora hemos funcionado muy bien y simplemente queremos llamar la atención en cuanto a que nosotros sentimos los galpones como propios”, manifestó. Advirtió que “conservar los galpones realmente cuesta mucho y debemos tener en cuenta que ya se cumplen 100 años de la existencia de los mismos”.

Ignacio Irureta Goyena, integrante de la Comisión Fiscal de la ARU, comentó que hace un tiempo el Ministerio de Industria envió una nota a la gremial para avisar que no estaba cumpliendo con la obligación de pedir una autorización previa a los eventos.

Luego consideró que la asociación lo cumplía por otras vías al invitar al presidente de la República a la Expo y obtener la declaración de interés nacional por parte de los ministerios de Ganadería y de Turismo. Y que el Ministerio de Economía autoriza todos los años a la ARU como depósito fiscal al realizar la muestra.

El proyecto de la bancada oficialista se transformó en ley en octubre, de modo que la propiedad de los galpones del predio de la Rural del Prado pasaron del Estado a la Intendencia de Montevideo.

Alejandro Carvalho, director de exposiciones de la Rural desde hace 10 años, informó que la ARU “volcó la gestión a reformar el predio y a darle un uso continuo todo el año para que pueda ser utilizado por todos”. Indicó que para realizar los distintos eventos en el predio “todas las autorizaciones las otorga o bien el director de Cultura de la Intendencia o el intendente de turno”.

“Estamos muy contentos con esa articulación público-privada, y a nuestra manera de ver las cosas —muy parcial, por cierto— es una demostración de lo que pueden hacer dos entidades antagónicas que comparten un predio que es administrado, financiado y mantenido por un privado pero utilizado por el público para beneficio propio, sin que la ARU le solicite nada a cambio”, destacó Carvalho.