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Los casos de violencia doméstica y de género se dan en todo el país, en ciudades grandes y en pueblos de solo cientos de habitantes, en la zona metropolitana y en las áreas rurales, en los barrios ricos y en los más carenciados. Las denuncias requieren en general medidas urgentes para proteger a las víctimas, pero la escasez de jueces, de defensores, de técnicos especializados, de tobilleras electrónicas o de policías para hacer custodias impide que en muchos casos se dé una respuesta adecuada.
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Por eso, para los jueces que deben resolver rápidamente ese tipo de casos, las decisiones no son fáciles. La situación es complicada en Montevideo y aun peor en los departamentos del interior del país, aseguran desde la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU). La capital tiene la ventaja de que cuenta con sedes especializadas en el tema, pero la sobrecarga de trabajo es tal que los jueces reciben un promedio de 100 denuncias telefónicas por día. Los departamentos del interior del país no tienen juzgados especializados, por lo cual los jueces deben atender las denuncias de violencia mientras resuelven asuntos civiles, de familia o laborales.
La falta de recursos y la presión que recae sobre los jueces —en temas que generan alta sensibilidad pública, como el creciente número de femicidios— preocupan a la AMU. En particular, a la Subcomisión de Género, que este mes comenzó a recorrer el país para conocer de cerca la situación de todas las sedes que trabajan con los temas de violencia contra las mujeres. Además, envió semanas atrás un cuestionario a los jueces para conocer sus opiniones y sus evaluaciones sobre las condiciones en las que trabajan.
Cuando finalice el relevamiento, el objetivo del equipo de trabajo es elaborar un “manual de buenas prácticas” que ayude a los magistrados a tomar decisiones ante casos urgentes, explicó a Búsqueda la coordinadora de la subcomisión Virginia Ginares, jueza de Familia. También prepararán un informe sobre la situación que pretenden elevar a la Suprema Corte de Justicia, con recomendaciones y propuestas.
“Vemos la soledad con la que trabajan muchos jueces... estás en la primera línea, exigido, tenés un volumen de trabajo importantísimo, y la responsabilidad es muy fuerte, muy pesada”, dijo Ginares. “Queremos ver qué es lo que se está haciendo bien para compartir las buenas experiencias. La idea es que podamos dar un servicio de calidad, en las condiciones que tenemos, porque tampoco le podemos decir a la población: ‘Sabe que no tenemos defensores, ni técnicos, lo lamento mucho, vuelva para su casa’”, sostuvo.
“Nos preocupan de verdad las condiciones en las que se está trabajando, tanto por la gente que acude a la Justicia como por los jueces”, dijo la magistrada penal Laura Sunhary, que integra la subcomisión. “La gente tiene que poder acudir al Poder Judicial y encontrar una respuesta”, afirmó.
“Con el manual buscamos brindar una herramienta práctica para que los asociados puedan resolver las situaciones de extrema vulnerabilidad que les llegan día a día, con la agilidad que tienen que resolver”, acotó el juez Juan Pablo Novella, también miembro de la subcomisión. “Permite además profundizar la sensibilización de los jueces y la idea es que genere una multiplicación en la incorporación de la perspectiva de género en las resoluciones”, añadió.
El manual ayudará además a “unificar criterios” y a “desterrar malas prácticas”, dijo Sunhary.
Una ley “magnífica”, sin recursos
A fines de 2017 el Parlamento aprobó la Ley 19.580, que buscó mejorar la respuesta del Estado ante la violencia que sufren las mujeres. El problema es que la falta de recursos impidió que se aplicaran muchas de sus medidas fundamentales, como la creación de juzgados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, sedes que se ocuparían de todos los asuntos derivados de la violencia (protección a las víctimas, divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y causas penales), que hoy se deben tramitar en juzgados diferentes. La norma también dispuso que los jueces deben realizar audiencias en un plazo máximo de 72 horas y que para ello contarán con un informe de evaluación de riesgo de un equipo técnico—peritos especializados—, algo que tampoco se ha podido llevar a la práctica.
“La ley es magnífica”, evaluó Ginares. “El tema es que no tenemos la mitad de las cosas que pide”.
Sunhary mencionó, como ejemplo, que el informe de riesgo que prevé la ley demora meses en estar listo, por lo que “en más del 80% de los casos el juez no lo tiene” al momento de hacer la audiencia. Tampoco hay suficientes defensores públicos para atender a todas las partes, explicaron las juezas. “Hay lugares donde hay un solo defensor, y tenés que elegir a quién protege”, dijo Ginares, aunque la ley exige que todas las partes tengan asistencia legal.
“Ante la situación de que no se pueden instrumentar los juzgados de Género por una tema presupuestal y la cantidad de femicidios, que nos tiene a todos perplejos, intentamos desde la asociación hacer algo”, resumió Sunhary. La magistrada aseguró que para la AMU el tema es “prioritario y urgente”. Por eso, aspiran a finalizar el relevamiento en noviembre y presentar un informe a la directiva de la asociación y a la Suprema Corte antes de fin de año.
