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Con Argentina como principal demandante, en 2016 se superó el centenar de pedidos de información tributaria recibidos por la Dirección General Impositiva (DGI). Es la cantidad más alta desde que Uruguay empezó, con fluidez, a intercambiar datos que son utilizados para perseguir a presuntos evasores.
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Se trata de un flujo con más salida que entrada de información, lo cual es comprensible dado que Uruguay es un receptor neto de capitales. De hecho, la DGI realizó el año pasado apenas tres pedidos de datos a Argentina, México y Suiza, según registros de esa oficina que logró Búsqueda por la vía de un recurso de acceso a la información pública.
Argentina, a través de su Administración Federal de Ingresos Públicos —AFIP—, cursó 94 solicitudes de datos en 2016 (la DGI rechazó otras 14). España hizo cinco pedidos, México dos, a la vez que Francia e India realizaron un pedido cada uno; eso da un total de 103.
Las solicitudes de información recibidas por la DGI pasaron de unas pocas hasta la década pasada (cuando Uruguay solo tenía acuerdos de intercambio con Alemania y Hungría), a varias decenas luego que se empezó a ampliar la red de tratados (hasta superar actualmente la treintena). En 2010 había recibido un solo pedido, fueron dos al año siguiente y cuatro en 2012. En 2013, cuando entró en vigor el acuerdo con Argentina, saltó a 56, aunque al año siguiente bajó a 36. Luego, en 2015, la Impositiva recibió 93 solicitudes, para llegar al máximo histórico de 103 en 2016.
Argentina fue el principal demandante de datos en los años recientes. Sociedades o personas de ese origen poseen en Uruguay depósitos y otras inversiones financieras, así como campos e inmuebles. Por fuera de eso, la AFIP mira con atención la operativa comercial que se hace a través de las zonas francas uruguayas, con la sospecha de triangulaciones para evadir impuestos en Argentina.
El “muy querido” Uruguay.
Los gobiernos rioplatenses pusieron en vigor el 7 de febrero de 2013 un tratado bilateral de intercambio de datos tributarios, que en un primer momento causó inquietud entre inversores argentinos con activos en Uruguay. El acuerdo pauta el procedimiento para que las administraciones de impuestos de cada país puedan solicitar información (incluida la bancaria) sobre contribuyentes específicos en el marco de investigaciones de presunta evasión. Su firma fue una exigencia surgida desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Uruguay llegó a ser colocado en una lista de jurisdicciones poco colaborativas en el combate a la evasión tributaria, de la que salió luego de suscribir una docena de acuerdos de intercambio de datos.
Más recientemente, el gobierno dio otros pasos en dirección a una mayor transparencia tributaria al adherir a convenciones, promovidas también por la OCDE, para hacer automático el intercambio de datos, sin necesidad de que las oficinas recaudadoras hagan un pedido específico. En el caso de Uruguay, ese mecanismo se activará en 2018.
El presidente de la AFIP de Argentina, Alberto Abad, dijo en un foro para contadores en Buenos Aires efectuado en marzo del año pasado que es “interesante” qué jurisdicciones van a informar automáticamente sobre las “posibles cuentas” de argentinos en el exterior, primero en 2017, como las islas Caimán, las “famosísimas islas Seychelles”, Luxemburgo y Sudáfrica. “Y en 2018 vienen platos todavía más humeantes: las Bahamas, Brasil, China, Panamá —país muy querido por los argentinos—, Singapur, Suiza —también país muy querido— y Uruguay, país hermano, que van a tener que informar todo esto”. Y agregó en tono de advertencia: “Así que, señores, yo diría: evasores, abstenerse” (ver Nº 1.874).
En parte por esos mensajes intimidatorios hacia los dueños de dineros no declarados en el exterior y también por el régimen de “blanqueo” de capitales que habilitó el año pasado el gobierno de Mauricio Macri, los depósitos de argentinos y otros no residentes en Uruguay vienen disminuyendo de manera sostenida. En efecto, después de haber alcanzado un máximo para los años recientes de poco más de U$S 4.700 millones en vísperas de las elecciones presidenciales que ganó Macri, los depósitos en la plaza uruguaya que pertenecen a argentinos y otros no residentes en el país cayeron por debajo de los U$S 4.000 millones a fines de 2016 y a U$S 3.444 millones a fines de febrero pasado.
El régimen de blanqueo o “sinceramiento fiscal” habilitó a realizar pagos de impuestos rebajados por un tiempo para aquellos argentinos que declarasen ante la AFIP los activos que tengan en el exterior; no se exigía su repatriación. El martes 4 las autoridades de la oficina recaudadora presentaron como exitosos los resultados del plan: 475.000 contribuyentes regularizaron activos (inversiones, cuentas bancarias, inmuebles y otros, como automóviles, embarcaciones, aviones, obras de arte, joyas y metales preciosos) por U$S 116.800 millones, de los cuales U$S 93.300 (80%) estaban fuera de Argentina.
De los U$S 33.600 millones en cuentas bancarias declarados bajo este régimen, U$S 3.024 millones estaban en Uruguay, calculó Búsqueda a partir de datos de la AFIP.
