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La Dinatel quiere unificar los trámites para autorizar reparaciones en cables submarinos y así superar una “enorme descoordinación”
Para que se puedan realizar obras de mantenimiento o extensión de la infraestructura de fibra óptica se necesita la autorización de seis organismos diferentes; las demoras pueden costarle al Estado hasta US$ 200.000 por día
Guzmán Acosta y Lara. Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda
En aguas uruguayas hay en funcionamiento tres cables submarinos de fibra óptica: el tramo llamado Monet, que conecta Boca Ratón (Estados Unidos) con Fortaleza y Santos (Brasil); el tramo Tannat, que une Maldonado con Santos; y un tercero, Malbec, que permite la conexión entre Las Toninas (Argentina) con Río de Janeiro y Playa Grande (Brasil).
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El mantenimiento de esa infraestructura submarina, que mejora la capacidad de conexión internacional, ha causado algunos dolores de cabeza al gobierno. Es que si bien la dueña de los dos primeros es la empresa estatal de telecomunicaciones Antel —el tercero es propiedad de Facebook y la compañía GlobeNet— son varios los organismos del Estado que intervienen al momento de autorizar obras de reparación o de extensión de los cables.
Desde el Ministerio de Defensa hasta la Dirección Nacional de Aguas (Dinara), se necesita el permiso de al menos seis instituciones gubernamentales diferentes para hacer arreglos en esa infraestructura. Y la “enorme descoordinación entre los organismos” ocasiona atrasos y costos para el Estado, dijo a Búsqueda el titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara. Las dificultades son tales que “nadie quiere agarrar el fierro caliente”, afirmó.
“Cuando viene a Uruguay un barco especializado a arreglar estos cables, que se coordinan con varios años de anticipación, deben estar listas todas las autorizaciones correspondientes, ya que el no llegar a tiempo puede producir serias repercusiones económicas al Estado”, explicó el jerarca.
El gasto de contratar estas embarcaciones ronda los US$ 200.000 diarios, por lo que la consecuencia de que lleguen al país y no puedan comenzar a trabajar es muy costosa, porque esa cifra se debe seguir abonando.
“Esto no llegó a ocurrir por muy poco. Este año vino un barco para realizar tareas de mantenimiento en los cables y, cuando faltaban menos de 20 días para que ingresara a aguas uruguayas, tuvimos que correr para conseguir todas las autorizaciones”, contó Acosta y Lara.
Según el director, las autoridades se excedieron en el plazo para conseguir todos los permisos, por lo que se estuvo “al borde” de producir graves perjuicios al Estado.
En la actualidad las compañías que se dedican a hacer la tramitación de estos permisos no tienen claro a dónde acudir o en qué institución ingresar el expediente, ya que no hay un solo sitio que recopile la información o que se comprometa a recabar los permisos necesarios, explicó el jerarca. Como no hay definido un procedimiento formal, generalmente el ingreso del expediente “queda en el aire y nadie sabe quién tiene que actuar”, añadió.
“No puede ser que la consultora que se encarga de eso no sepa qué ventanilla tocar. Es una locura”, consideró el director.
A raíz de esta situación, autoridades y técnicos de la Dinatel elaboraron un “protocolo de consentimiento para el tendido de cables submarinos” que presentaron días atrás al ministro de Industria, Omar Paganini.
El nuevo protocolo propone establecer una “ventanilla única” que se encargue de toda la gestión y tramitación de los expedientes relativos a las obras de los cables submarinos, para evitar problemas administrativos.
De esta forma, las autoridades buscan que sea la Dinatel, a través del Ministerio de Industria (MIEM), el organismo que centralice y coordine la gestión de las autorizaciones de las distintas reparticiones del Estado.
Responsabilidad
Para hacer obras de mantenimiento, arreglo o extensión de un cable submarino se debe contar con la autorización del MIEM, por ser el organismo responsable de las telecomunicaciones; del Ministerio de Defensa a través de Prefectura, por el ingreso de la embarcación a aguas uruguayas; del Ministerio de Relaciones Exteriores, por tratarse de temas que involucran a países extranjeros; del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dinara, ya que se trata de zonas de exclusión para la pesca en la faja costera; de Ancap, por las perforaciones en los suelos; y, en un futuro, del nuevo Ministerio de Ambiente.
“Era necesario sistematizar todos esos elementos, definiendo una oficina que se comprometiera. Y en Dinatel decidimos asumir ese rol y abarcar todos los temas vinculados a telecomunicaciones, desde Internet hasta cables para telefonía”, dijo Acosta y Lara. Además de prevenir perjuicios económicos, la intención es evitar que se produzcan demoras muy extensas cuando sea necesario recoordinar las obras de reparación.
“Tardan años, ya que hay muy pocos barcos en el mundo que se dedican a estas tareas y tienen precalendarizada su actividad anual”, explicó el jerarca.
Así, se espera que los organismos y empresas involucradas vean simplificada la gestión. “Es un tema burocrático, pero también de jerarquizar a la dirección y de darle las potestades adecuadas”, destacó.
Según el proyecto de protocolo, aún tentativo, al que accedió Búsqueda, una vez implementado el procedimiento, la petición para el inicio de obras se deberá hacer ante el MIEM, presentando todo el alcance del proyecto desde el punto de vista económico, técnico, geopolítico y ambiental. También se deberán incluir “las actividades preparatorias previas, procedimientos de instalación, cruces con otros cables existentes y fin de la vida útil”, así como la propuesta de coordenadas de tendido del cable en aguas uruguayas.
Posteriormente, la cartera gestionará y realizará el seguimiento de las respuestas en los demás organismos estatales involucrados y definirá un plazo para el envío de las respuestas. De no recibirse la nota en el tiempo acordado, se entenderá que se cuenta con la anuencia de la institución. Por último, luego de ese proceso, el MIEM podrá generar un proyecto de resolución del Poder Ejecutivo con el consentimiento para el despliegue del cable submarino, que será finalmente evaluado por Presidencia.
