La Dirección Nacional de Telecomunicaciones impulsará cambios para endurecer el combate a la piratería en Internet

Ante ese escenario poco alentador, la CUTA, junto con la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) y la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, presentó una propuesta a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) para fortalecer el combate a la piratería de contenidos en Internet.

“Hay consenso de toda la industria para trabajar en este sentido, no solamente a través de campañas de concientización, sino mediante un instrumento legal que le permita a la gente actuar contra distintos aspectos de piratería”, explicó a Búsqueda el director de la Dinatel, Guzmán Acosta y Lara.

Esta semana el jerarca se reunió con el titular del Ministerio de Industria, Omar Paganini, y con representantes del sector privado para comenzar a definir cómo implementar la propuesta. Entre las posibilidades, se evalúa adecuar la normativa mediante un decreto o presentar al Parlamento un proyecto de ley.

En el texto presentado a la Dinatel por el sector privado se afirma que ya se han detectado direcciones IP que transmiten contenidos audiovisuales a disposición de consumidores uruguayos a través de Internet sin autorización de los titulares.

La legislación nacional considera que eso es un delito y contempla distintas sanciones dependiendo del tipo de infracción. Por lo tanto, en la industria entienden que es “necesario prever mecanismos de colaboración entre los proveedores de servicios de Internet y los titulares de derechos” que permitan mejorar la persecución penal de esas actividades.

En esa línea, el director de la Dinatel coincidió en que uno de los objetivos es “hacer más efectivo el combate judicial” a la piratería.

La iniciativa propone que todos los titulares de señales de TV (abierta o por suscripción), así como empresas proveedoras de servicios de TV para abonados, “cuyos contenidos sean utilizados sin autorización por parte de un tercero” —ya sea emitidos, retransmitidos, compartidos como comunicación pública o puestos a disposición por cualquier medio o plataforma tecnológica—, “podrán requerir el bloqueo del acceso desde territorio nacional a las direcciones IP y/o nombres de dominio” que sean utilizados para desarrollar esas actividades ilícitas.

La solicitud del bloqueo deberá presentarse ante la Ursec, estableciendo los fundamentos del pedido, y podrá ser de distintos tipos: por IP; por URL (Localizador Uniforme de Recursos), que refiere a contenidos específicos dentro de una página web; por DNS (Sistema de Nombres de Dominios), asociada a los números IP; y por DPI (basado en la inspección de paquetes de datos transmitidos en Internet).

“Una vez recibida la solicitud, la Ursec dispondrá el bloqueo de acceso a los sitios denunciados, debiendo notificarlo dentro de cinco días hábiles a los proveedores de acceso a Internet, quienes deberán realizar el bloqueo en forma inmediata”, indica el proyecto. Y cuando se trate de contenidos en vivo, la Ursec dispondrá de un plazo para librar la comunicación a las empresas proveedoras de servicios de Internet, “las que deberán proceder a realizar el bloqueo en forma inmediata”.

Sin embargo, Acosta y Lara explicó que en principio la medida que aplicará el gobierno no sería tan radical. “No queremos que solo la empresa de TV presente la denuncia ante la Ursec y con eso ya se bloquee la señal. Queremos que exista el debido proceso, donde primero se notifique al denunciado y se realice el bloqueo de forma preventiva (sin cortar o “bajar” la dirección IP), dando un plazo para que se presenten descargos”, explicó el abogado.

El proyecto del sector privado también propone que el listado de las solicitudes de bloqueo esté disponible en la web de la Ursec.

La propuesta está siendo revisada y será modificada por la Dinatel, que enviará próximamente una nueva versión al Poder Ejecutivo para que se elabore un proyecto de ley o decreto.

“Lo que se pretende con este instrumento legal es hacer más efectivo el control, no solamente por parte de las empresas privadas sino también desde el Estado. Porque hoy al no haber bloqueo de señal, se mueven para otro lado y comienzan a transmitir”, dijo el director. Y agregó: “A veces se incautan los equipos, pero con las demoras que puede tener el trámite judicial, cuando se hace ya es tarde. Por eso se encuentran pocos casos. Esto hace que sea todo mucho más rápido”, explicó.

En la actualidad, debido a la demora en el proceso judicial, los procedimientos no se llevan a cabo a tiempo. La denuncia se debe presentar directamente en el juzgado, y una vez ubicado el sitio donde ocurre la actividad ilícita, el juez puede ordenar a la Ursec que intervenga para incautar los equipos. Sin embargo, el organismo regulador no interviene en forma directa y no cuenta con las potestades para cortar o bloquear la señal.