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Pasaron más de tres años desde que el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República (BROU) Fernando Calloia fueron procesados por abuso de funciones debido a las irregularidades en el aval “express” que la institución otorgó a la aerolínea española Cosmo para que participara en el remate de los aviones de Pluna.
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En ese tiempo, los exjerarcas no bajaron los brazos: con más insistencia la defensa de Calloia, a cargo del penalista Gonzalo Fernández, y en menor medida los abogados de Lorenzo, Amadeo Ottati y Mario Spangenberg, pelearon en la Justicia la inocencia de ambos.
Sin embargo, no lograron convencer a la Fiscalía, que mantuvo el pedido de condena contra los exjerarcas. En una resolución enviada a la jueza María Helena Mainard el lunes 14, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, expresó que, analizadas las últimas pruebas, “una conclusión asoma como incontrastable: el aval otorgado a la empresa Cosmo por parte del Banco República no hubiera sido concedido de no haber mediado la intervención decisiva de los encausados”.
Eso, escribió, “demuestra la ilegalidad de las conductas arbitrarias que se reprochan”.
Con el alegato del fiscal se cierra la última etapa del juicio. Ahora resta que la jueza Mainard dicte su sentencia final y resuelva si accede al pedido o absuelve a los acusados.
Pacheco es el tercer fiscal que interviene en el caso y, al igual que sus antecesores, considera que los exjerarcas cometieron abuso de funciones. Primero fue Juan Gómez, quien pidió el procesamiento sin prisión de Calloia y Lorenzo en diciembre de 2013. Su sucesora, María de los Ángeles Camiño, tuvo el mismo criterio y en diciembre de 2016 pidió la condena de ambos (Búsqueda Nº 1.896). Tras esa acusación, las defensas de Calloia y Lorenzo pidieron que se abriera una nueva etapa de prueba, que finalizó ahora con el pronunciamiento de Pacheco.
Participación “decisiva”.
Según la resolución del fiscal, que en estos días se incorporó al expediente del caso —al que accedió Búsqueda— la prueba presentada por la defensa en esta última etapa “no logra conmover las conclusiones a que arribara la Fiscalía” en la acusación.
El abogado de Calloia insistió con su estrategia de responsabilizar al expresidente José Mujica. El argumento es que el extitular del Brou había facilitado los trámites para otorgar el aval a Cosmo porque así se lo había pedido Lorenzo en nombre del Poder Ejecutivo. Por eso, Fernández pidió el año pasado que se citara a Mujica, quien a su juicio había realizado “profusas declaraciones” haciéndose responsable de los hechos. Sin embargo, en su respuesta a la Justicia Mujica afirmó que solo dio “lineamientos generales a los efectos de solucionar el tema” (Búsqueda Nº 1.886).
Esta vez Fernández pidió que se adjuntara al expediente la versión taquigráfica de la sesión del Senado de 10 de junio de 2015, en la que Mujica declaró que se “hacía responsable” de la “globalidad” de la operación del otorgamiento del aval.
Para Pacheco, no obstante, “de las propias palabras del expresidente” en el Senado se advierte que “se trata de asumir la responsabilidad política de los hechos, y en ningún caso de responsabilidad penal”.
Por otra parte, Fernández solicitó que se añadiera como prueba una copia de la refinanciación de la deuda concedida por el BROU al empresario Juan Carlos López Mena, quien había intervenido en las tratativas con Cosmo (porque era el interesado final en los aviones) y que terminó asumiendo el pago de la garantía por el aval otorgado a la española.
Fernández buscaba demostrar que el trámite irregular del aval no había provocado un perjuicio económico para el Estado.
Sobre ese argumento también se apoyó la defensa de Lorenzo, que presentó un informe contable sobre el impacto económico que tuvo para el Estado el aval otorgado, el cual concluye que se obtuvieron ganancias.
Pero los documentos no aportan “hechos nuevos”, sostuvo Pacheco, porque la Fiscalía no contradice ese punto, sino que entiende que lo que hubo fue un “perjuicio para el prestigio y el buen nombre de la Administración” debido a la “ejecución de actos arbitrarios de altos jerarcas”, aun cuando no se hubiesen producido pérdidas económicas.
La defensa de Calloia también insistió en el argumento de que no había más oferentes en la subasta de los aviones, por lo cual no se habría beneficiado a Cosmo sobre otras empresas. Esa discusión, dijo Pacheco, “ha quedado ya zanjada”.
“El abuso de funciones que se persigue no guarda únicamente relación con el supuesto favorecimiento a Cosmo”, escribió. Además, “podría decirse que a través del otorgamiento fast track del aval, existió un notorio y admitido favorecimiento a la empresa Cosmo, aun cuando no hubieran existido otros oferentes”.
En conclusión, “puede decirse que el BROU otorgó un aval por una suma de más de US$ 13 millones a una empresa desconocida como Cosmo, sin prestación de contragarantía, con documentación insuficiente, (…) en un término inferior a dos horas, el mismo día de la subasta, para habilitar la presentación de tal empresa en la puja”, afirmó. Y añadió: “La participación de ambos acusados en el otorgamiento irregular y arbitrario del aval fue a todas luces decisiva”.