Siendo niño y luego adolescente tuve la percepción de que la Justicia, en este caso el Poder Judicial, la actuación de sus auxiliares y el imperio de las leyes eran infalibles e impartían (valga la redundancia) justicia implacable y que existía una relación directa e ineludible entre delito y castigo. El paso de los años me ha convertido en un descreído y cuestionador, estando hoy en día por cruzar el límite de no creer y desconfiar.
Nuestro sistema democrático, del que tanto nos orgullecemos y que extranjeros valoran y elogian, a mi juicio se basa en forma fundamental en el tercer poder, el Judicial. Elegir nuestros gobernantes mediante el voto no nos asegura que estos obren en bien de la nación en toda circunstancia, que no haya corrupción, amiguismo o despotismo. Que las leyes que nos rigen sean propuestas y discutidas en el Parlamento, cuyos integrantes elegimos libremente para que nos representen, no nos exime de que lo que legislen siempre sea lo que la sociedad necesita, y vemos a diario que se pasan facturas y esto los lleva a poyar o no muchas propuestas. En resumen, el Poder Ejecutivo y el Legislativo cometen errores, fallan, dan su apoyo o rechazan condicionados, en muchos casos, por la permanente campaña electoral en la que vivimos.
Esta situación los ciudadanos la sabemos y nos hemos ido acostumbrando y la hemos aceptado. Entonces, si esto es así, los pilares que sostienen y garantizan nuestro sistema democrático, que asegura un trato justo y que todos seamos iguales ante la ley, son el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Los ciudadanos comunes dependemos totalmente del imperio irrestricto de la Justicia; nuestra seguridad y la de nuestras familias, el respeto a nuestros derechos, la exigencia a cumplir con nuestras obligaciones y el libre ejercicio del derecho de propiedad dependen del desempeño de quienes imparten justicia. Pero, aunque parezca mentira y muchos no lo reconozcan, lo que percibe el ciudadano común dista bastante de ser esta situación idílica.
Comencemos por considerar que el sistema ha cambiado, el rol de fiscales y jueces ha sido modificado, y esto no nos ha sido suficientemente explicado. Me considero una persona medianamente informada y debo confesar que no se bien cuál es el rol de cada uno; vemos a diario que los fiscales acusan, negocian y resuelven y los jueces al parecer solo toman conocimiento.
En rueda de amigos he manifestado que yo sé exactamente cuántas personas privadas de libertad debe haber en nuestras cárceles, es la cantidad exacta de todos los que comenten delitos. Delito y castigo deben tener una correlación clara y contundente. Pero los “buenos samaritanos” nos dicen que nuestras cárceles están repletas y que el número de presos es de los mayores del continente. Esto traducido a la jerga popular es: “Delincan e irán presos hasta que la cárcel esté repleta, luego por similares delitos el castigo será prisión domiciliaria, la que por no tener suficiente personal, móviles, nafta para estos, etc., etc., no será controlada”. A nuestros ojos la Justicia hoy está en manos de los fiscales; todos los días nos enteramos de delitos cometidos, en realidad de un mínimo porcentaje de estos, de los antecedentes de los victimarios (que en muchos casos asombran) y castigos, a nuestro juicio ridículos y benevolentes, que en la mayoría de los casos consisten en un período de tiempo con libertad vigilada (¿?) o prisión domiciliaria. La realidad nos muestra que el poder que los fiscales detentan en la actualidad se sustenta (a la luz de los hechos) en tres componentes básicos: en primer lugar, la “independencia técnica”, que al parecer sirve como escudo ante cualquier cuestionamiento (faltaba más…), segundo, los cientos y hasta miles de casos que tienen para su estudio, lo que hace que los fiscales y sus equipos no puedan trabajar con eficiencia, y por último, que las cárceles no aceptan más delincuentes, pretexto para los laxos castigos que aplican.
Estamos en tiempos de Rendición de Cuentas, no he oído ni me he anoticiado de que la Fiscalía solicite tener un tratamiento especial que considere el desborde de expedientes, parece que están conformes y (trataré de medir mis palabras) parece que este desborde les es funcional.
Los uruguayos podemos criticar a nuestro presidente, tanto en el ejercicio de su cargo como en su vida personal, abrimos opinión por la actuación de ministros, intendentes, directores de entes públicos, accionar de la policía, cuestionamos a sindicatos y sindicalistas, la actuación de un juez de fútbol, y esta lista sigue y sigue. Respetando la corrección verbal podemos criticar o abrir opinión negativa de cualquier funcionario o persona pública, excepto de los fiscales. Estos y las asociaciones que los agrupan y representan inmediatamente se sienten agraviados, rasgan sus vestiduras y cierran filas detrás del mágico escudo que es la “independencia técnica”, pobre del que ose cuestionarlos, se topará con el muro corporativo de los ciudadanos, que son nada más ni nada menos que servidores públicos que se autodefinen como incuestionables y al parecer se han trepado a un pedestal por encima de la ciudadanía.
Claro, muchos (o algunos) pensarán que es injusto ver al Poder Judicial y a los fiscales de esta manera; sí, es posible, pero pregunto cómo debemos tomar y considerar que un día sí y otro también nos enteramos de la simpatía o adhesión política de los fiscales, que basados en esto se acusan y denuncian entre ellos mismos cuando casos importantes quedan en la nada porque al fiscal se le perdió el pendrive y en otros se admite sin ningún rubor que se extraviaron pruebas, cuando algunos casos duermen meses y hasta años en sus escritorios y otros transitan a una velocidad bienvenida, la que no guarda relación con muchos otros casos similares.
Qué debemos pensar cuando de un plumazo se archivan (descartan) cientos de denuncias. El colmo se dio hace pocas semanas en un caso que nos tuvo al borde de la saturación, el juzgamiento de un custodio presidencial, donde en forma novelesca se filtraba día a día el contenido del expediente, se daban a publicidad pruebas, interrogatorios, documentos, etc. ¿Alguien nos explicó cómo fue esto posible?
Debo pensar que, si mañana nos toca participar como testigos, denunciantes o denunciados ante la fiscalía, lo que se diga, cómo se diga, las pruebas que se presenten o la información confidencial que se maneje pueden ser filtrados a denunciados u operadores jurídicos. Nos enteramos de que hubo una investigación que no llegó a ninguna determinación; como dicen los jóvenes: “¿Es joda?”.
Qué seguridad de tener un trato justo podemos tener cuando nos enteramos de que hay fiscales que instruyen a denunciantes o testigos para que testifiquen de tal o cual manera, los aleccionan y cuando son interrogados muchos y muchas que no terminaron el liceo responden con lenguaje jurídico, parecen estudiantes de 4to año de Facultad de Derecho. Y los jueces, ¿cuál es su rol luego de las últimas reformas? Sería bueno que los ciudadanos supiéramos un poco más, incluso admito que con mayor información quizás comprenderíamos situaciones que hoy cuestionamos o criticamos.
Y luego tenemos la posición políticamente correcta, que como dice el viejo refrán sería graciosa si no fuera patética; todos, sin importar quién sea o a qué partido político, sindicato, movimiento social o lo que sea pertenezca, dicen: “(…) yo confío en la Justicia”. Lo que en realidad se traduce en que confío hasta que fallen en contra de mis intereses, ahí la cuestiono y hasta manifestamos en la calle; confío, pero cuando me toca votar para darle al sistema judicial los recursos necesarios bajo la mano.
Y este análisis puede tener más consideraciones, por ejemplo, las presiones disfrazadas de “manifestar nuestra inquietud” que hemos visto desfilar por el despacho del fiscal de Corte de varios grupos, donde algunos al parecer recibieron más receptividad que otros.
Y hay más situaciones que cuestionar y solicitar que nos expliquen. La degradación de los sistemas son procesos que comienzan con pequeñeces y transitan hasta la desprotección del ciudadano común y el imperio de la falta de libertad. Además, téngase en cuenta que lo que aquí menciono es lo que la prensa nos informa, que me atrevo a sospechar es la punta de un iceberg.
Hablemos de cómo funciona y la percepción que tiene el ciudadano común de nuestro sistema judicial, no solo lo que dice o establece su marco regulatorio sino su operativa diaria. Nuestros fiscales son funcionarios, servidores públicos, nadie los obliga a ocupar esos cargos, así que entiendan que están expuestos, como el resto de todos nosotros, a ser cuestionados y criticados, tenemos derecho a estar seguros del funcionamiento de nuestro sistema judicial y, si algo no entendemos o no sabemos, bueno, a explicarlo con paciencia, claridad y humildad.
Daniel H. Báez
