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La Policía Nacional es garante de mantener el orden y la seguridad pública de nuestro país. Y recae en el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, la responsabilidad política para el cumplimiento de su misión.
El ministro del Interior, como jerarca de esta secretaría de Estado, ejerce un cargo político clave en lo que hace a la gestión del instituto policial, por lo que su liderazgo —al igual que el de otras jerarquías policiales— es esencial a la hora de exigir eficiencia y buenos resultados, en el cometido de sus subordinados.
Asimismo, y yendo a lo estrictamente profesional, es crucial que los cargos ejecutivos y, por ende, los mandos técnicos sean ejercidos por policías profesionales, egresados de la Escuela Nacional de Policía. Es allí donde son formados en: liderazgo, estrategia, táctica y técnicas policiales.
Ergo resulta decir que la responsabilidad sobre una eficiente o ineficiente seguridad pública es atribuible tanto al cargo político (ministro) como a los mandos profesionales de la institución, comenzando por el director de la Policía Nacional.
En las últimas dos décadas, con excepción del corto lapso temporal ejercido por el Dr. Larrañaga, se viene cuestionando recurrentemente el desempeño de quienes han ocupado la cartera de Interior, sea por la falta de resultados en cuanto a seguridad, o por actos impropios en que se ven envueltos algunos policías. ¿Acciones? Exiguas e inconducentes. ¿Reacciones? Intentos de justificar lo injustificable y/o “comparar índices” con gobiernos anteriores.
Nuestra Policía Nacional no está bien, y para muestra bastan unos ejemplos de lo que viene siendo un patrón de conducta institucional:
a) un ministro que permanentemente “ensaya explicaciones”, para tratar de justificar lo injustificable,
b) el silencio sepulcral de las jerarquías policiales, solo atribuible a la existencia de órdenes particulares al respecto, que solo evidencian “desconfianza”,
c) la incorporación de “asesores ministeriales en convivencia ciudadana”, promocionados como “estrategas en seguridad”, que carecen del más mínimo conocimiento en la materia,
d) y el poder del sindicato policial, reflejado en la exposición y visibilidad que tienen sus dirigentes en los medios de prensa; tratando muy “doctamente” temas que: por formación, experiencia y jerarquía, solo deberían concernir a las altas esferas policiales.
Sin ir más lejos, días atrás, en una suerte de “comunicado de prensa presencial”, el ministro fundamentaba el relevo de la cúpula policial, expresando muy vagamente y sin ton ni son: “hubo grandes logros en la lucha contra el narcotráfico”; “este cambio responde a una segunda etapa para los próximos dos años de administración”; “la nueva etapa que se iniciará en semanas es para ir a más”; “queremos más seguridad para nuestro pueblo”, etc.
Mientras la prensa y un país entero saben que los motivos fueron otros, concretamente consecuencia de decisiones nefastas, respecto a la administración de personal, al más alto nivel de gobierno…
Todo esto le hace mucho daño a una institución que viene siendo vulnerada en varios frentes: el delincuencial, el interno, el ciudadano y el político.
Lo que lleva a que se sienta insegura a la hora de actuar, desorientada con relación a “quien manda”, despreciada o —con suerte—, desdeñada por la ciudadanía, y avasallada por una dirección política incompetente en la que opinan los que no saben y callan los que debieran hablar.
La seguridad se sustenta en una estrategia diseñada por profesionales en la materia, luego planificada por el Estado mayor del director de la Policía Nacional, y ejecutada por una fuerza policial: profesional, robusta, disciplinada, bien entrenada y liderada por una cadena de mando de la que formen parte los más competentes.
El ministro es un político que ejerce la más alta dirección de Ministerio del Interior. Mientras que el director nacional, los jefes de policía departamentales, y los comisarios en sus comisarías, son quienes lideran y ejercen el mando en la Policía Nacional.
Así, y solo así, se podría hablar en serio de seguridad.
