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El aumento de incautaciones de marihuana uruguaya en el sur de Brasil puso en alerta a las autoridades policiales, que entraron en contacto con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y detectaron lo que consideran debilidades en el sistema legal de producción de cannabis que son aprovechadas por cultivadores locales.
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A inicios de mes la Policía Federal de Brasil detuvo cerca de Porto Alegre a cuatro personas que ocultaban en un vehículo 7 kg de skunk —marihuana modificada genéticamente para aumentar su concentración del tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo de la planta— adquirida en Uruguay. El hecho fue parte de una investigación que se inició con una detención realizada en abril en Pelotas, donde dos personas fueron arrestadas por transportar en un auto 15 kg de skunk también comprada en Uruguay. En marzo un procedimiento realizado en Santana do Livramento terminó con cinco personas arrestadas por tráfico internacional de drogas tras impedirse una transacción en la avenida que divide esa ciudad de Rivera, cuyo fin era abastecer de marihuana a la región metropolitana de Porto Alegre.
A raíz de esta situación El País entrevistó el 17 de mayo a Alessandro Maciel Lopes, delegado regional de la Policía Federal de Río Grande del Sur, quien señaló que el de abril se trataba del cuarto decomiso de skunk uruguayo en seis meses y que la sospecha de la Policía brasileña era que la marihuana se producía y comercializaba desde clubes cannábicos registrados legalmente.
Esa hipótesis de Brasil tomó fuerza en Uruguay cuando días atrás la Policía del Chuy incautó en un club cannábico de Punta del Diablo (Rocha) 24 kg de cogollo pronto para consumirse dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior. Además, en ese lugar se encontraron entre 12 y 15 kg de ramas, hojas, tallos y semillas de cannabis. El límite de producción de un club cannábico es de 21,600 kg al año.
En su diálogo con el Ircca, a la Policía se le transmitió que el instituto tiene tres fiscalizadores para los 158 clubes de membresía que existen al día de hoy en todo el país, una situación que “dificulta” el control de los clubes, dijeron las fuentes.
Como ente regulador de las actividades de plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis, el Ircca otorga las autorizaciones y lleva el registro tanto de cultivadores domésticos como de clubes de membresía. La Ley 19.172 exige que los clubes tengan entre 15 y 45 socios con una producción no superior a los 480 gramos anuales por persona y no más de 99 plantas de flor hembra. Deben contar con un responsable técnico, su única actividad debe ser la del cultivo y entrega de la cosecha entre los integrantes de la asociación y necesitan ciertas medidas de seguridad. La infraestructura de la sede donde funciona un club cannábico es evaluada previamente por el Ircca, que con el club ya en funcionamiento se encarga de la fiscalización y el control con inspectores que realizan visitas periódicas u actúan ante la recepción de denuncias o solicitudes de colaboración de parte de la Justicia. Complementariamente, se monitorea su actividad de manera virtual a través de herramientas de software. Los clubes deben destruir la producción que exceda los límites autorizados para proveer a sus integrantes.
“La pregunta es qué hacen con el remanente. Para el caso del club de Punta del Diablo, no se había declarado el remanente”, dijo a Búsqueda un jerarca del Ministerio del Interior.
La Policía considera que el marco legal es aprovechado por ciertos cultivadores que producen en excedente para comercializar marihuana de manera ilegal a Brasil, donde el kilogramo de droga cuesta entre $ 140.000 y $ 150.000, casi el triple del entorno de $ 50.000 y $ 60.000 que se maneja en Uruguay. Además de la falta de fiscalizadores, se comprobó que algunos miembros de clubes cannábicos tienen antecedentes por narcotráfico y se investigan denuncias de hurto en clubes donde no está claro si efectivamente ocurrieron robos o se intenta simularlos para justificar un aumento de la producción.
Ante este tipo de episodios, autoridades de la Policía propusieron a las autoridades del ministerio que se impulsen cambios a la ley que reguló el mercado de cannabis, aprobada en 2013, relataron los informantes.
Actualmente, la información sobre los miembros fundadores se considera confidencial y solo está disponible para el Ircca, mientras que el allanamiento a un hogar, la incautación o destrucción de plantas de cannabis solo podrá realizarse por orden judicial.
La Policía planteó al ministerio que se necesita mayor “análisis” previo antes de dar “permisos” para instalar clubes. “No solo hay que ver si tienen o no antecedentes por narcotráfico, sino también los requisitos económicos, quién financia ese emprendimiento. No basta con que digan que es una ONG. ¿Quién está detrás de esa ONG o ese grupo?”, ejemplificó uno de los jerarcas al tanto de las conversaciones a la interna del ministerio.
A escala policial consideran que, más allá de la actividad ilegal que puedan diseñar los clubes, es posible que haya un incremento de “invernáculos y laboratorios clandestinos” para la producción de cogollo. El miércoles 17 A Plateia informó que la Brigada Departamental Antidrogas de la Policía de Rivera allanó una plantación irregular de cannabis en una vivienda donde se incautaron trece plantas de marihuana, bolsas con residuos y ramas secas de marihuana, 163 tallos de cannabis, 321 macetas de plástico, aires acondicionados, lámparas de precisión, lámparas de 250 watts, termómetros, relojes temporizadores, ventiladores, recipientes con fertilizantes, pulverizadores, taladros, una amoladora y extractores de aire. El lunes 22 otra operación de la Brigada Departamental Antidrogas detectó 93 plantas de marihuana en otra casa de Rivera, según A Plateia.
