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El Centro de Comando Unificado (CCU) de la Policía Nacional, donde trabaja la dirección que controla las tobilleras electrónicas, se encuentra en un proceso de cambios internos para aumentar sus recursos humanos y el espacio físico donde funciona, ante el incremento de los dispositivos que deberá monitorear. Actualmente, el área, con 120 empleados, se ocupa de 1.050 tobilleras —1.000 para casos de violencia doméstica y 50 para prisión domiciliaria—, a la espera de que pronto entren en funcionamiento otras 700 tobilleras: 200 para violencia doméstica y 500 para libertad asistida.
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“Ahora con el ingreso de más tobilleras van a ingresar también más policías, y pretendemos unir más pisos y oficinas”, señaló a Búsqueda Ana Sosa, directora del CCU. “Necesitaremos otro despliegue, porque la mayoría de las tobilleras son por violencia doméstica y demandan a un funcionario que la monitoree desde nuestras oficinas y efectivos en la vía pública prontos para dar respuesta”.
Los 500 dispositivos de libertad asistida serán los primeros que se usarán para penas alternativas a la prisión. La Dirección de Monitoreo Electrónico del CCU ya diseñó el protocolo para su empleo y se encuentra a la espera de la aprobación de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), encargada de seguir a las personas formalizadas con estas medidas. Desde el CCU sugirieron a la Justicia para qué tipo de delitos es conveniente que se utilicen los aparatos en situaciones de libertad asistida. Sosa advirtió, por ejemplo, que alguien con antecedentes de violencia doméstica “no brinda las certezas” para que le coloquen una tobillera electrónica.
El diseño establece un radio de movimiento donde la persona puede desplazarse y una dirección geográfica en donde debe estar presente en determinados horarios; en caso de ser infringidas esas estipulaciones, desde el CCU se enviará un informe al juzgado correspondiente y a la OSLA para que decidan cómo proceder. La Policía espera tener al menos 30 de esas tobilleras funcionando antes del 1º de marzo. “La licitación permitió una mejor calidad de la tecnología. Puede ser que el ofensor deba estar de noche en su domicilio y pueda salir a trabajar siguiendo siempre el mismo camino”, adelantó el año pasado July Zabaleta, responsable de Políticas de Género del Ministerio del Interior.
Involuntario o voluntario
A diferencia de la libertad asistida, el monitoreo de casos por violencia doméstica implica para el CCU un enfoque propio y urgente porque, en lugar de reportar la infracción a un tercero, debe decidir en el momento si envía un móvil policial ante el posible riesgo de vida de la víctima. Los casos son muchos: diariamente se producen 30.000 “transgresiones” en el funcionamiento de las 1.000 tobilleras existentes, aunque la gran mayoría no significan una ofensa que obligue a despachar un patrullero. “Montevideo es pequeño, entonces en un radio de exclusión de 500 metros o 1 kilómetro pueden cruzarse el ofensor y la víctima en un ómnibus o caminando por la ruta. Por eso es importante la figura del monitor, que está observando el mapa y determina si fue un acercamiento sin intención, que es en definitiva el tipo de transgresión que más sucede”, explicó Sosa. Otra de las habituales infracciones es que tanto el ofensor como la víctima no recarguen la batería de sus respectivos aparatos —tobillera y rastreador— que tienen una autonomía de entre seis y ocho horas.
Del total de 30.000 transgresiones solo 4.000 necesitan de un llamado telefónico a las partes involucradas, mientras que son 80 las situaciones diarias en donde la Policía debe acudir al lugar para evitar un daño a la víctima. “El fin de semana generalmente se intensifica y en la noche generalmente también se intensifica”, dijo Sosa sobre el envío de móviles.
Además de esos 80 casos, el CCU tiene que atender alrededor de 100 situaciones diarias de emergencia de violencia doméstica que llegan a través del servicio 911, donde habitualmente una mujer llama para alertar que está siendo amenazada por su pareja o expareja. En 2019, el total de denuncias por violencia doméstica fueron 36.648, lo que confirmó a este delito como el segundo más frecuente en todo el país, solo por detrás del hurto.
