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La Unión Europea (UE) podrá habilitar en su territorio el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) con la previa aprobación de la Comisión Europea. Esta nueva disposición podría implementarse a partir del segundo semestre de este año, si es que el Parlamento Europeo la aprueba luego de cuatro años de negociaciones. Si se avanza en esta línea y la ley es aplicada, las siembras comenzarían en 2016 e incluirá los 28 países que integran el bloque económico.
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No obstante, la nueva legislación habilitaría a los países miembros a no permitir la instalación de OGM en su territorio. Históricamente, a diferencia de Estados Unidos, los gobiernos de la UE han sido reticentes a que se planten cultivos de estas características en sus suelos. En el viejo continente, las organizaciones ambientalistas tienen fuerte peso, y la opinión pública, en general, se ha manifestado en contra de la producción y el consumo de alimentos de este tipo. Por ese motivo, la reciente decisión de la UE generó malestar entre distintos sectores de la población y los activistas denominados “verdes”. Sin embargo, al permitir que los países puedan tomar la decisión de prohibir los cultivos OGM, la ley tampoco dejó conforme al sector industrial, proclive a incentivar la producción y el consumo de estos productos.
España lidera cultivos OGM
En Europa, España es el país con mayor área de cultivos OGM, con un total de 110.000 hectáreas plantadas con maíz MON 810, el único producto de estas características —propiedad de la empresa Monsanto— comercializado en ese continente. En tanto, Portugal posee solamente 9.000 hectáreas plantadas de este cultivo, y República Checa alrededor de 3.000.
El resto de los países del bloque no tienen ninguna plantación de OGM y esgrimen tanto razones socioeconómicas como medioambientales.
Para que un producto de estas características pueda ser vendido dentro del territorio de algunos de los países de la UE, se necesita el consentimiento de la Comisión Europea y, además, la autorización del gobierno del país en cuestión. Este último punto es el que impide la expansión de los OGM en el viejo continente, dado que la Comisión Europea presenta una opinión más favorable respecto a los productos transgénicos. Los países deberán estudiar si se aprueba un determinado OGM caso por casos ya que no están habilitados a prohibirlos completamente.
Nadie conforme
Según recoge el diario argentino “La Nación” en una nota publicada hace unas semanas, EuropaBio, que representa al lobby de las empresas biotecnológicas que diseñan los OGM, criticó la iniciativa porque habilita a los países a prohibirlos. Argumentó que restringe la libertad de elección de los ciudadanos, aunque estos, en su mayoría, son contrarios a los alimentos genéticamente modificados.
No obstante, los ecologistas tampoco se mostraron conformes porque entendieron que, de ser aprobada la ley, existiría la posibilidad de que los OGM se instalen en el continente. Advirtieron que empresas multinacionales biotecnológicas, como Monsanto o Bayer, tendrían la posibilidad de denunciar ante la Organización Mundial de Comercio a los países que nieguen el ingreso de productos OGM.
Los ambientalistas también cuestionan que el proceso de evaluación de los OGM no repara en los criterios de impacto ambiental.
