Cada vez más la industria de las telecomunicaciones es vista por los gobiernos como un aliado estratégico para el desarrollo de los países. Es por eso que definir políticas públicas aggiornadas a los tiempos que corren se vuelve un aspecto fundamental. En ese sentido, para el próximo período de gobierno debería ser prioritario avanzar en la consolidación de un organismo regulador independiente para el sector, afirmó el director regional para el Cono Sur de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), Andrés Sastre.
Según dijo el especialista a Búsqueda, es muy importante contar con un nuevo modelo institucional para el área, ya que hoy la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) —encargada de regular, controlar y promover las telecomunicaciones— “pareciera ser un apéndice más del gobierno y no un ente regulador independiente”.
“El propio gobierno ha ido vaciando a la Ursec de competencias y de presupuesto”, afirmó. Es por eso que considera que el principal desafío que deberá enfrentar el Partido Nacional a partir de marzo en materia digital será encaminar lo relativo a la institucionalidad y a mejorar la oferta de servicios para los usuarios. “Y esto pasa, inexorablemente, por tener un regulador que tenga independencia y competencias reales”, aseguró.
Además opinó que en el próximo gobierno será primordial que no se tomen las decisiones de forma unliateral, que se tenga en cuenta a la industria para definir las vías a seguir y, sobre todo, que la futura política de Estado “esté acompañada de procesos que otorguen mayor seguridad jurídica, institucionalidad e independencia en la toma de decisiones”.
Para Sastre, hoy la Ursec se convirtió en “órgano de consulta del Ministerio”, que en ocasiones parece operar a favor de la empresa estatal Antel. En esa línea, la existencia de un regulador independiente permitiría entre otras cosas que Uruguay avanzara “hacia un andamiaje regulatorio acorde a las necesidades del mercado actual”, lo que daría lugar a, por ejemplo, la convergencia de los servicios de telecomunicaciones.
Respecto a la “ley de medios”, Sastre dijo que el nuevo gobierno deberá evaluar cuál es el mejor camino a seguir: si es necesario derogarla en forma parcial, debido a los artículos declarados inconstitucionales, o crear una nueva legislación, como se contempla en el programa de gobierno del Partido Nacional. Pero en todo caso, sostuvo que “debería tener el máximo consenso” de los actores involucrados, algo que entiende no sucedió con la ley actual.
—¿Cuáles son los principales retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno en materia digital?
—Por un lado, el nuevo gobierno va a tener una situación buena en cuanto a niveles de conectividad. Un reto es seguir siendo líderes en América Latina en lo que refiere a fibra óptica y servicios móviles, como la tecnología 4G. El mes pasado se realizó una subasta de espectro para encaminar un poco las futuras asignaciones para el desarrollo del 5G. En ese sentido, el nuevo gobierno tiene el camino hecho. Pero su reto realmente será el tema institucional y de mejorar la oferta y disposición de oferta para los usuarios. Una cosa está ligada con la otra: si el nuevo gobierno quiere que haya mayores niveles de competencia —por lo menos en condiciones de igualdad— y que esto desemboque en una mayor oferta para el usuario, tendrá que hacer ciertas reformas. Y esto pasa inexorablemente por tener un regulador que tenga independencia y competencias reales, algo que a lo largo de los últimos años se le han ido vaciando. Creo que durante el próximo gobierno va a ser muy importante el diálogo, que no se tomen las decisiones unilateralmente, que se cuente con la industria a la hora de definir las vías a seguir. Y fundamentalmente, que haya una política de Estado firme, que mantenga los éxitos del gobierno anterior en cuanto a desarrollo de infraestructura, pero que lo acompañe de procesos que otorguen mayor seguridad jurídica, institucionalidad e independencia en la toma de decisiones.
—¿Qué opinión le merece la Ursec y el trabajo que el organismo realiza?
—Realmente consideramos que debería y podría tener mayores grados de independencia de los que tiene ahora, ya que actualmente pareciera ser un apéndice más del gobierno y no un ente regulador independiente. Y esto se ha demostrado a lo largo de los últimos años en muchas de las decisiones que se han tomado. Pero también hay que decir que el propio gobierno, el propio Ministerio, ha ido vaciando a la Ursec de competencias y de presupuesto, y esto habría que cambiarlo, ya que es el organismo regulador.
—El problema pareciera ser que desde la Ursec casi no tienen poder de decisión o potestad sobre muchos de los temas importantes.
—Es que al final la Ursec se ha convertido en un órgano de consulta del Ministerio y no un órgano decisivo en cuanto a los procesos, por ejemplo, de otorgar licencias. Pero eso va más allá de la Ursec, es algo que excede al regulador. Lo vimos con Claro TV, quien presentó varios problemas de seguridad jurídica. Son esos retos que va a tener Uruguay a futuro: crear un escenario de mayor institucionalidad y mayor seguridad jurídica y que eso se traslade a una mayor oferta para el cliente. Por ejemplo, el tema de cómo se van a otorgar las licencias, el eliminar las restricciones actuales a la competencia en servicios fijos o el hecho de que todas las cableras pudieran dar servicios de Internet. Es decir, eliminar todas las restricciones actuales a la competencia o que realmente, aunque ya se está dando de forma secundaria, no hubiese restricciones para que todas las empresas pudieran dar los servicios que quisieran. Pero también, si el nuevo gobierno elimina estas restricciones a la competencia, tiene que crear un esquema que permita que precisamente la competencia se dé. Porque la solución no es decir “a partir de mañana todos pueden dar todo” y no tomar otras medidas, ya que sino eso provocaría que Antel se hiciese con todo el mercado, porque es la única en condiciones para dar esos servicios. Habría que tomar un conjunto de medidas asimétricas: que Antel abra su red de fibra óptica, ver en qué condiciones se hace eso, para que se den las condiciones para que todos puedan participar. No consiste simplemente en abrir el mercado, sino que ese mercado inicialmente debe contar con garantías suficientes para que todos compitan. De lo contrario, sería peor el remedio que la enfermedad. Esto pasa por que haya un regulador independiente, que sepa tomar esas medidas, y que no opere a favor de ninguno de los entes de participación. Habrá que rediseñar cómo se hacen los concursos de espectro a futuro, que no pase lo que pasó en el anterior, donde hubo una prereserva muy grande a favor del operador estatal. Y encima, si el resto de los operadores no pujaban por los demás lotes, se los podía quedar Antel, con lo cual eso obligaba a los demás a unas condiciones bastante desiguales.
—¿Qué otras ventajas traería aparejada esa modernización de la Ursec?
—La principal ventaja desde luego es la seguridad jurídica; que haya una institucionalidad independiente otorga seguridad e igualdad de trato a todos los sectores y permite también que Uruguay avance hacia un andamiaje regulatorio acorde a las necesidades del mercado actual, que no son las mismas que hace 15 años. Este regulador, aparte de ser independiente y de no ser un apéndice del Ministerio, da las condiciones para que esa oferta realmente se dé, que podamos avanzar hacia una convergencia regulatoria y que eso pueda dar lugar a una mayor oferta y mayores ventajas para los usuarios. Que puedan tener en su misma factura todos los servicios; por ejemplo, poder avanzar hacia temas de Cuádruple o Quíntuple Play (paquete de servicios de telecomunicaciones) que hoy en Uruguay es imposible.
—Las autoridades del Partido Nacional han anunciado que revisarán la llamada “ley de medios” e incluso afirmaron que había posibilidad de derogarla y crear una nueva ley de telecomunicaciones más moderna. ¿Qué piensa?
—La “ley de medios” es una ley muy grande, que toca muchas aristas. En lo que tiene que ver con la parte de telecomunicaciones, varios artículos vinculados a la televisión de pago fueron declarados inconstitucionales. Y aún así, en cierta manera las nuevas propuestas seguían siendo prácticamente las mismas. Eso habría obviamente que modificarlo, creo que el gobierno tendrá que decidir cuál es la mejor fórmula: si tiene que hacer una derogación parcial de ciertos artículos o la idea es crear una nueva ley. En cualquier caso, si la vía es crear una nueva legislación, esa debería tener el máximo consenso. Se debería hacer un proceso abierto, donde se pueda consultar a todos los actores, que todos puedan participar en su elaboración, desde las Cámaras de Comercio, parte de la sociedad civil, las principales empresas de telecomunicaciones, las cableras; todos deben ser parte de esta nueva discusión. En cierta manera eso se hizo con la “ley de medios”, pero solo con parte de los actores, es por eso que no salió con el consenso debido.
—¿Qué cree que pasará si Uruguay no avanza hacia un nuevo modelo institucional?
—Hay un avance en infraestructura de conectividad muy alta, lo que indica que el uruguayo realmente tiene capacidad de conectarse. Y si el nuevo gobierno no toma conciencia de eso o no soluciona estos problemas, que creo que sí los va a resolver, la realidad le va a pasar por encima. Creo que obviamente va a haber menos incentivos a invertir por parte de operadores tradicionales, pero sí por otros nuevos. Es decir, va a surgir una mayor oferta de sectores no regulados (como servicios de TV on demand), que van a poder llegar. Pero los sectores regulados van a tener menos incentivos para invertir. Por un lado, porque no se han solucionado las asimetrías que se tenían de antes, y por otro por las nuevas asimetrías que se crean con estos sectores no regulados. Si ellos no pueden sacar el máximo partido a sus inversiones y además tienen una competencia no regulada, sus incentivos a invertir en el sector van a ser menores. Y por otro lado, un sector no regulado que ofrecerá otros servicios que podrían interesarle al consumidor uruguayo.
—¿Cuál es la situación de los reguladores en otros países de América Latina?
—Colombia hace años que emprendió una apuesta por la institucionalidad, por la seguridad jurídica, y sobre todo hizo una apuesta por las TIC en general. La reforma de telecomunicaciones ahí es muy buena. Eso dio lugar a un sistema más ágil, que ha olvidado viejas recetas del pasado, que encorsetaban al sector. Esa renovación también se está dando de cierta manera en Brasil, el tender a una legislación más ágil que permita el desarrollo del sector.
