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    La caída del relato

    Sr. Director:

    Un artículo de opinión de Facundo Ponce de León se publicó el jueves 4 de junio de 2020 en Búsqueda, perfumado de posmodernidad —o de lo que para muchos es innovador— su título reza “La caída del relato”.

    Respetamos profundamente al autor, seguimos su trabajo, entendemos que suele hacer buenos productos culturales de investigación. Sobre todo creemos que es un intelectual honesto, lo que en estos tiempos es mucho decir. Sin embargo, hay en su columna una línea de pensamiento que es por lo menos naif, intentando no dar lugar a la interpretación de que el mismo puede ser solamente una defensa apurada de un gobierno de turno.

    La batalla por los contenidos del relato histórico hoy se hace explícita, pero es una batalla que siempre pesa sobre la memoria de los pueblos. La interpretación de la historia y la construcción de una narrativa, lo que se dice y lo que se silencia en los asuntos de los pueblos tiene una dinámica. El relato del pasado en una comunidad está en permanente revisión e interpretación, eso lo saben quienes desde diferentes disciplinas, historiografía, ciencias sociales, comunicación, procuran generar conocimiento sobre el tema. En ese sentido es válido el planteo propuesto, no sus argumentos.

    El artículo tiene problemas, podemos decir que son semánticos, pero también correríamos el riesgo de caer en la ingenuidad. Palabras como solidaridad, cultura y libertad son utilizadas en el mismo como si la connotación de cada una fuera rotunda y única. Lo que hace el autor en el artículo es forzar la interpretación de un período de la historia para que encuadre en su propia narración, romantizando acciones puntuales.

    Para empezar, el primer concepto introducido es de solidaridad; si nos referimos al significado de dicha palabra, la primera acepción que aparece en el diccionario de la Real Academia Española es: “Adhesión circunstancial a la causa o la empresa de otros”. Sin embargo, su raíz etimológica la encontramos en la época romana y fue resignificada en el siglo XIX (en parte a través de los inicios de los estudios sociológicos), como una condición necesaria y subjetiva de la vida en común, donde la resolución de los problemas colectivos requiere la construcción de redes sociales. En ese devenir conceptual radica la diferencia entre la izquierda y la coalición de gobierno: las políticas públicas no están basadas en la solidaridad, no se trata de eso. En la izquierda se comprende que el rol del Estado es ser garantía de derechos y asegurar que todas las personas accedan a los mismos bienes sociales, simbólicos, identitarios, patrimoniales y culturales. No se trata de que desde las autoridades se responsabilicen del problema de los otros, tal como se pretende instalar desde muchas figuras públicas a través de la frase repetida como mantra por Luis Lacalle Pou: “Yo me quiero hacer cargo”. Como contraposición conceptual, lo primero que se nos viene a la cabeza es una de las consignas más contundentes que desarrolló el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión 2005-2010: “Todos los derechos para todas las personas”, en las políticas públicas no se trata de solidaridad, se trata de derechos. Porque no se trata de otros, se trata de un nosotros. Obviamente la idea del Estado como garante de derechos no es una idea del Frente Amplio, pero su implicación evoluciona directamente a una interpretación a utilizar a la hora de hacer política. El primer artículo del estatuto del Frente Amplio reza: “El Frente Amplio fuerza política de cambio y justicia social, creación histórica permanente del pueblo uruguayo…”. Esta manifestación no es una garantía de certezas, sino que es el espíritu de una mirada de izquierda, con un nosotros en la propuesta programática, y un nosotros en el ejercicio del poder público. Lo que Facundo Ponce de León llama con liviandad “sensibilidad de izquierda” no es ni más ni menos que un vasto bagaje teórico y filosófico que sostiene una propuesta política de circulación del poder ciudadano desde y para el ejercicio democrático.

    El segundo pliegue que identifica es la mirada acerca de la relación de la ciencia y la investigación con la izquierda, lo plantea como un “golpe sutil” al relato. En primer lugar, la ciencia y la investigación no pueden ser analizadas por separado de la educación terciaria y universitaria, porque caeríamos en un lugar vacío —por ser un sistema que se retroalimenta y se potencia—. El desarrollo de las ciencias en general es un terreno en disputa política, donde el rol del Estado es muy importante, pero se sabe que no es el único actor. En este esquema, la participación del capital también juega un papel central para la definición de las áreas de investigación, el acceso a la fondos, el mercado de patentes, la infraestructura para el desarrollo de las tareas de análisis y producción de conocimiento, así como las condiciones salariales y laborales de los investigadores (tal como viene mostrando el proceso de búsqueda de la vacuna contra el Covid-19 y la batalla de las patentes entre las farmacéuticas). Recordemos que en el caso de la acción pública, hay programas de apoyo a la investigación básica como el Pedeciba1 que no son creación de los gobiernos de izquierda.

    No obstante, es imprescindible considerar que los procesos democratizadores de la educación universitaria pública que atravesaron a buena parte de Latinoamérica desde principios del siglo XX, generaron una nueva ética sobre su función social y sus principales acciones en la docencia, investigación y extensión. Esta nueva imbricación con la realidad social, económica y política del sistema universitario buscó en su esencia poner en juego el análisis y la producción de conocimiento sobre la sociedad. Entonces, analizar e investigar para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la gente desde una ética democrática, emancipadora y ciudadana, es central en la función pública de la educación universitaria. Esta esencia es el catalizador de la asociación con un proyecto político con valores éticos y filosóficos de izquierda. En esta última etapa con la visibilización de la ciencia e investigación es más de lo mismo: el enfoque mercantilizador que plantea el nuevo gobierno queda meridianamente claro al supeditar la asignación presupuestaria al interés del resultado de la investigación. Los símbolos sin recursos son papelitos de colores que rápidamente se deterioran.

    Por último, el tercer pliegue refiere al análisis de la cultura. Sin dudas podemos acompañar la crítica sobre la gestión cultural de alguno de los gobiernos del Frente Amplio. No obstante, parece poco serio decir que no se impulsó a determinados productos de calidad literarios o plásticos, o que el enfoque fue capitalino. Hay en ese análisis un poco de frivolidad que parece que solo busca adaptar ese tercer pliegue a su diagnóstico. La gestión cultural ha sido un punto complejo desde siempre y su relación con el Estado también; las formas de representación y los avatares estéticos han oscilado entre la búsqueda de disciplinamiento, la instalación de un relato fundacional, la “culturización” a partir de estimular la producción de algunas categorías arbitrariamente llamadas artísticas y las propuestas orientadas a democratizar y dar soporte a otros emergentes artísticos, no tan nobles ni tan puros, pero con una fuerte recepción popular. Por otro lado, sería miope no asumir que la caja de herramientas decodificadoras de lo que se mal llama “alta cultura”, sigue siendo patrimonio de algunos estratos socioeconómicos; el trabajo de generar una recepción diferente no es un proceso que se pueda acotar a una gestión de gobierno ni únicamente a través del Estado. En este punto una vez más llegamos a una paradoja: los cambios a la ley de medios que ingresaron al Parlamento van en contra de potenciar una llegada con mayor calidad en los productos de comunicación masivos, reforzando mecanismos empresariales y la homogeneización de contenidos. Solo las voces habilitadas por los grupos de poder pueden tener lugar, excluyendo en las posibilidades de acceso a nuevos actores o mejores propuestas.

    Desafortunadamente no podemos acompañar el diagnóstico que presenta el autor para los primeros cien días de gobierno. El presidente está muy lejos de cambiar el relato. En todo caso, ha plagado de símbolos con ambición de presentar ese cambio prometido en relación con la solidaridad, la innovación y la democracia, pero las características de su liderazgo y la arquitectura regresiva de restauración dejan en evidencia que solo vendrán tiempos peores Los relatos importantes no se han movido: están en las calles, en la gente y en los votos.

    Juan Aldaba

    CI 3.673.473-6

    Nohelia Millán

    CI1.750.782-1