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“Vamos a aflojar el cinturón, basta de meter la mano en el bolsillo de la gente”, planteó en varios de los actos de los últimos días el candidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou, a la vez que repitió su vaticinio de que el Frente Amplio subirá los tributos si se mantiene en el poder. Desde el oficialismo se replicó que las propuestas del Partido Nacional de bajar algunos impuestos no son posibles sin comprometer la sostenibilidad fiscal e insistieron en afirmar que en un eventual tercer período solo aumentaría el Impuesto de Primaria a los “grandes terratenientes” del agro uruguayo.
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Esos debates de campaña se dieron en un contexto de sostenido aumento de la recaudación en los años recientes. Ello estuvo asociado a un incremento de la actividad de las empresas (que se reflejó en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas-IRAE) y de los ingresos de las familias (lo que se tradujo en mayores pagos de Impuesto al Valor Agregado-IVA, Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas-IRPF y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social-IASS). También a una mayor eficiencia recaudatoria por parte de la Dirección General Impositiva (DGI) y un cambio cultural de parte de los contribuyentes, lo que está siendo alentado desde ese organismo a través de campañas educativas.
“Nadie paga con gusto los impuestos”, reconoció a Búsqueda el director general de Rentas, Joaquín Serra, pero sostuvo que “hay una mayor predisposición por parte de las personas y las empresas” a hacerlo que se reflejó en una caída de los índices de evasión (ver Nº 1.785). Un sistema simplificado —tras la reforma de 2007 que eliminó cerca de una quincena de tributos—, costos más bajos para hacer los pagos y una mayor percepción del riesgo que supone evadir, además de una situación financiera más holgada de empresas y familias, favorecen un cambio de actitud que a juicio de ese jerarca empieza a hacerse más notorio en la cultura ciudadana.
La evasión del IVA, el tributo de mayor relevancia, cayó de 40% de su recaudación potencial a comienzos de la década pasada a 13% en 2012, conforme con estimaciones de la DGI.
En agosto pasado, pocas semanas antes de la primera vuelta electoral y en el marco de un plan del gobierno para estimular el pago con instrumentos electrónicos, entró en vigor un alivio de algunos puntos de IVA cuando los consumos —por hasta 4.000 unidades indexadas a la inflación (unos $ 11.815 actualmente)— se abonan con tarjetas de débito o crédito.
En enero-setiembre la DGI cobró un 5,3% impuestos más que en el mismo período de 2013, quitando el efecto de la inflación (variación real). Si se descuentan los tributos devueltos —que aumentaron casi 64%—, la recaudación neta subió 1,8%.
En campaña
El Frente Amplio propuso en esta campaña, de cara a un eventual tercer período, volver a cobrar el Impuesto a Primaria vigente a las empresas agropecuarias de gran porte, modificar el esquema de pago del IRPF por el aguinaldo y el salario vacacional. Su programa de gobierno postula la idea de “avanzar en el incremento de las alícuotas del IRAE u otras herramientas para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y la concentración de la tierra”, pero Danilo Astori, vicepresidente de la República e indicado como ministro de Economía en un eventual gobierno encabezado por Vázquez, dijo que “en absoluto” está previsto “aplicar esa orientación”. Y remarcó: “No lo vamos a hacer” (ver Nº 1.790).
Astori considera que hay espacio para seguir eliminando impuestos con un sentido de simplificación del sistema, uno de los objetivos que tuvo la reforma que entró en vigor en 2007. “Vamos a seguir con un sistema orientado por los objetivos y los equilibrios del actual, que admita mejoras en beneficio del contribuyente. No proyectamos aumentar la carga tributaria media y al mismo tiempo proyectamos mejorar el funcionamiento de todo el sistema tributario, y en particular de los principales impuestos (...)”, declaró a Búsqueda. “Ya hemos eliminado una cantidad, pero todavía quedan impuestos eliminables, que complican la recaudación tributaria”, añadió.
Técnicos del gobierno identifican el Impuesto a las Entidades Aseguradoras y el Fondo de Inspección Sanitaria como dos tributos que están en la “periferia” del sistema y aportan una recaudación “muy marginal”.
Según dijo Astori, el sistema tiene que estar “equilibrado con las necesidades del país”.
Alberto Sayagués, integrante del equipo de asesores de la fórmula Lacalle Pou-Jorge Larrañaga, calculó en unos U$S 4.000 millones el costo de algunas de las medidas propuestas por el oficialismo.
Por su parte, Azucena Arbeleche, a quien Lacalle Pou ofreció el cargo de ministra de Economía si él llega a la Presidencia en marzo de 2015, dijo a Búsqueda que se está cerrando una campaña en la que “faltó la oportunidad de poder conversar sobre las distintas propuestas en un mano a mano con el Frente Amplio, poder intercambiar ideas, discutir, de manera que la población pueda tener toda la información a la hora de tomar su decisión electoral”.
En concreto, en el área económica, señaló que el oficialismo “ha ido cambiando su discurso, en ocasiones en contradicción con lo aprobado por el Frente en su propia agenda de gobierno o ha prometido durante esta campaña aspectos que ya podía haber implementado durante el período actual. A estos aspectos les hemos llamado ‘incertidumbres tributarias’, porque ha habido idas y venidas y no está claro cuál es finalmente la agenda tributaria que prevalecería en un gobierno del Frente Amplio”.
El Partido Nacional propone suprimir el IASS que grava las pasividades a partir de determinado monto y aliviar el IRPF sobre las rentas laborales comprendidas dentro de la primera franja de tributación. También plantea —entre otras cosas— “estimular la baja de aportes patronales” a la industria, bajar el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios en hasta 20% a los pequeños y medianos productores, y reestructurar el régimen de devolución de impuestos indirectos a las exportaciones “de acuerdo con la realidad de cada sector”, señala el programa de gobierno de los blancos.
