La cantidad de asentamientos siguió en aumento y el gobierno ahora prioriza mejorar los barrios antes que eliminarlos

En 2011, en tanto, un informe del programa indicaba que había en el país 589 asentamientos en los que vivían 165.000 personas. En ese relevamiento fue la única vez que se registró una disminución respecto a una anterior medición realizada en 2006, cuando se contabilizaron 662 asentamientos.

Para Techo, un asentamiento es un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o continuas, en donde más de la mitad no cuenta con título de propiedad del sueldo, ni acceso regular a al menos dos servicios básicos.

Los responsables del PMB aún están trabajando para determinar la cantidad de personas que viven hoy en asentamientos. Si bien tienen identificado el número y la ubicación de los asentamientos, están en la etapa de chequeo de la información obtenida de manera satelital con futuras visitas a las zonas. Luego se debe realizar un censo en cada hogar para determinar la cantidad de personas.

El 64% de los 614 asentamientos actuales se ubican en Montevideo y Canelones, informó el arquitecto Álvaro Martínez, coordinador del programa. Martínez encabeza desde abril el PMB junto con Consuelo Pérez, la subcoordinadora. Ambos son colorados, pertenecen al sector Batllistas, y destacaron el trabajo con la ministra de Vivienda, Irene Moreira (Cabildo Abierto), que ha definido el problema de los asentamientos como prioritario para su gestión.

El lunes 17 Moreira informó que se trabajará en esos lugares junto con otros ministerios, como el de Desarrollo Social, Interior, Defensa, las intendencias, UTE y OSE.

“Quiero combatir, quiero reducir el número de asentamientos. Decir ‘asentamiento cero’ es utópico, pero sí haré todo lo posible para que los asentamientos bajen en el país”, dijo en abril la ministra durante una entrevista con el diario El País.

Martínez dijo que el objetivo es evitar que sigan apareciendo asentamientos, al tiempo que se mejora la calidad de vida de quienes hoy ya viven en uno. Pérez puso como ejemplo la situación en la ladera del Cerro de Montevideo, donde se está instalando uno, y afirmó que una de las medidas para evitar que sigan apareciendo es “mantener determinados órdenes”.

“No todo está bien, no todos los lugares se pueden usar y decir que acá no pasa nada. Hay que respetar la propiedad privada”, sostuvo.

Pérez dijo que se encuentran con problemas puntuales para atender de urgencia y otros que llevan más tiempo de trabajo. En el primer grupo puso como ejemplo la situación de una abuela que vive en la zona de Carrasco Norte junto a 14 nietos y se encarga de bañarlos, alimentarlos y enviarlos a la escuela. “Para calentar el agua para bañarlos la señora usaba un sun”, contó, para ilustrar la urgencia de intervenir en ese caso.

Martínez dijo que también trabajan para mejorar baños y cocinas de las viviendas precarias.

Pero aclaró que el foco principal del programa es mejorar el barrio en el que viven las personas. Eso pasa por arreglar calles, veredas, instalar saneamiento, alumbrado o una policlínica para mejorar “la calidad de vida de la gente”. Agregó que es fundamental “acompañar” a las familias en todo el proceso de mejoras en el barrio y en sus propias casas.

El coordinador del programa explicó que se apunta a utilizar el mecanismo de “obra anticipada” para “acortar los plazos” para realizar mejoras en los barrios. “Si no, la gente descree de estos programas”, afirmó. La vía más larga, que puede durar varios años, pasa por presentar un anteproyecto de obra, que luego sea aprobado por el 70% de los vecinos del asentamiento. El siguiente paso es armar un proyecto ejecutivo y luego llamar a una licitación. Una vez superada esa etapa se inician las obras. Martínez dijo que se busca “ser más rápido” para culminar las obras.

Los principales recursos del programa provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El presupuesto es de US$ 100 millones, US$ 70 millones otorgados por el BID y US$ 30 millones provistos por el Estado uruguayo.