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La coalición acerca posiciones en artículos polémicos de la LUC
“Acá hay una señal clara de proteger los derechos humanos”, dice el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Lema, y acusa al Frente Amplio de haber sido “muy benevolente con el que delinque”
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Desde la mañana temprano hasta la noche. Así han sido las primeras jornadas de discusión de la comisión especial del Senado que estudia el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), una de las principales apuestas del nuevo gobierno.
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En el medio de ese trabajo, los integrantes de los partidos que conforman la coalición gobernante están negociando cambios al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para evitar divisiones internas.
“La coalición goza de buena salud. El Frente Amplio había argumentado que la LUC iba a dividirnos, pero no se cumple el pronóstico. Acá hay un criterio flexible, no es un texto sagrado y todo se puede negociar”, comentó a Búsqueda el senador Jorge Gandini (Partido Nacional) ayer miércoles.
Los subgrupos creados entre los partidos de la coalición comenzaron a acercar posiciones en algunos temas que causaban división. Se acordó que dos artículos, el 268 y el 269, sean retirados para ser tratados como proyecto aparte. Ambos artículos refieren al uso de la red de infraestructura de Antel por operadores de telecomunicación privados. El Partido Colorado quiere estudiar más a fondo el tema y entiende que un proyecto de urgencia no ocasiona los tiempos necesarios para trabajar.
Otro artículo para el que se está buscando una solución es el que plantea la desmonopolización de la importación de combustibles. Cabildo Abierto y los colorados no aceptan el texto tal como fue enviado desde el Poder Ejecutivo. La alternativa que están negociando, a instancias de los colorados, es establecer un sistema de paridad de precio al momento de la importación del petróleo. El planteo es distinto a la desmonopolización, pero los colorados argumentan que el tema es complejo y que aprobar la norma tal cual viene del Ejecutivo no asegura que se bajará el precio final. La carga tributaria tiene un gran peso en el precio, explicaron. Si no hay acuerdo, se quitará el polémico artículo.
Otro punto que están negociando es sobre la política punitiva hacia los adolescentes que cometen delitos. El proyecto establece que la privación de libertad de los adolescentes infractores no será menor a los dos años (hoy es de 12 meses), que se mantendrán los antecedentes penales luego de cumplir los 18 años en caso de cometer delitos graves y que la pena máxima de reclusión pasará de cinco a 10 años.
Varios expertos que fueron a comisión señalaron su oposición a estos artículos. Dentro de la coalición de gobierno también hay diferencias con el texto original. Están analizando hacer cambios de redacción o directamente desglosarlo y discutirlo en un proyecto aparte con el compromiso de votarlo este año, dijeron fuentes políticas.
En seguridad también comenzaron a realizar cambios. Una de esas modificaciones se da en el artículo 52 sobre la conducción a una dependencia policial de personas implicadas eventualmente en un delito y de sus testigos. Se habilitaba a tener a estas personas hasta 24 horas para obtener información sobre el hecho. Esta última parte fue quitada.
También se suprime una parte del artículo referido a la disolución de reuniones o manifestaciones que perturben “gravemente” el orden público. El texto original se refería a que se debían disolver este tipo de manifestaciones cuando participen personas que porten armas o que exterioricen conductas violentas “o tendientes al ocultamiento de su identidad”. Esto último será sacado del texto.
Resarcimiento a reclusos
La seguridad y la educación fueron los temas excluyentes de los primeros tres días de la comisión.
En el caso de la seguridad, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, participó durante todo el lunes, y el martes hablaron el fiscal de Corte, Jorge Díaz, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.
Petit planteó en comisión que el Estado se haga responsable de resarcir a aquellas personas que pasan por las cárceles y sufren deterioros.
“Es claro que la omisión del Estado uruguayo de cumplir con el mandato constitucional de tener cárceles aptas para la profilaxis del delito y la reducación es generador de delitos y daños en las personas. Muchas de las muertes, heridas graves, deterioros en la salud general y salud mental de los internos privados de libertad, se deben a que en parte significativa del sistema no existen los mínimos y básicos programas de asistencia social capaces de al menos atemperar las carencias y problemas con que los procesados y condenados llegan a las cárceles”, explicó ante los legisladores.
Esa responsabilidad del Estado nunca es “activada” porque las personas afectadas vienen de un contexto de exclusión social, sin familias y sin acceso a un juicio por “resarcimiento”, afirmó. Por eso propuso un artículo a incluir en el proyecto que establezca que el Estado “será responsable civilmente de los perjuicios y daños físicos o vitales que sufran” las personas que estén en la cárcel como la “muerte, lesiones graves” o “enfermedades invalidantes como consecuencia de la no atención adecuada”.
La idea del oficialismo es tratar de cerrar todos los temas en la discusión en el Senado para que en Diputados se hagan cambios mínimos si es necesario.
El presidente de la Cámara de Representantes, el blanco Martín Lema, dijo que ya está toda la logística encaminada para la discusión del proyecto en Diputados. Defendió la iniciativa señalando que hay un “intento de demonizar” el proyecto por parte del Frente Amplio. “Durante la campaña electoral yo no escuché que se hablara de inconstitucionalidad, no se objetó en su momento, ahora sí”, se quejó. “No recuerdo una iniciativa que desde el punto de vista integral proteja tanto al uruguayo. Lo hace desde los derechos humanos custodiados, de generar oportunidades, mejorar la educación y desde generar transparencia en la conducción de un gobierno”.
El diputado resaltó que, de los 501 artículos de la LUC, 115 están destinados a mejorar la seguridad pública. “Acá hay una señal clara de proteger los derechos humanos. El tema es que venimos de una inacción del Frente Amplio en ese sentido. Fue muy benevolente con el que delinque y muy negligente con la víctima”.
