La crisis en la enseñanza (I)

Por ello no importa si Vázquez es del Frente Amplio. Importa que es el titular de la Presidencia de la República y, por tanto, cabeza del Poder Ejecutivo. Importa que como presidente electo actúa en cumplimiento de lo que fueron sus planteos como candidato. Importa que para él es prioridad la continuidad de la educación y que ésta es un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución de la República.

A lo largo de los años la huelga se ha deformado, ha perdido su naturaleza como parte del derecho colectivo del trabajo, hasta convertirse en un instrumento de poder político sindical, que prescinde de toda consideración del  interés general, al cual incluso llega a agredir y perjudicar gravemente. Así ocurre hoy en la enseñanza.

Para evitar esa patología social es que la Constitución de la República, desde 1934, ordenó que la ley reglamentaría el ejercicio del derecho gremial de huelga. No haberlo hecho es responsabilidad ineludible de los legisladores de las últimas décadas. Oportunamente bien pudo establecerse un procedimiento, mecanismos de mediación, el aviso previo con un plazo razonable y aun el voto secreto por parte de los integrantes del gremio involucrado. Hoy, lamentablemente, la huelga y los paros se decretan por las cúpulas sindicales, dominadas generalmente por comunistas y algunos tupamaros. Dirigentes con muy poca o nula imaginación, a los cuales, ante cualquier circunstancia, no se les ocurre otra cosa ni otra idea que paralizar las actividades.

Esto es bien visible en la actual crisis de la enseñanza.

Ante ello, ¿qué puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿Ceder al griterío de las militancias vociferantes? ¿Resignarse a que no se dicten clases? ¿Aceptar indiferente que la meta de llegar a 200 días de clase se haga imposible? ¿Quién sería entonces el encargado de velar por los derechos de los estudiantes y de sus familias?

Este gobierno no les ha negado a los docentes la legitimidad de sus aspiraciones a obtener un mejor salario. Por el contrario, permanentemente proclama su voluntad de realizar el mayor esfuerzo para contemplar las necesidades de la enseñanza pública. ¿Cómo se explica entonces la radical intransigencia de los sindicatos? ¿Cómo entender la extrema intolerancia de sus dirigentes? ¿En dónde ha quedado la preocupación por el bien común? ¿Es que acaso la enseñanza está bien en el Uruguay?

Nos resultó sorprendente la actitud  hecha pública por comunistas y tupamaros integrantes del gobierno, contraria a la declaración de esencialidad en la educación dispuesta por el Poder Ejecutivo, dejando muy debilitado al presidente Tabaré Vázquez.

También sorprende el silencio de José Mujica, cuando aún está fresca la tinta del libro “una oveja negra al poder”, el cual recogió sus fuertes declaraciones descalificando a los sindicatos de la enseñanza. Pero el silencio hace ruido. ¿Dónde estaban los integrantes del Codicen? ¿Dónde las voces de las autoridades de Primaria y Secundaria?

Para apoyar las medidas dispuestas  por el Poder Ejecutivo no se requiere ser frenteamplista. Tampoco significa apoyar al presidente Vázquez. Pero respaldar lo que este dispuso significa  sí apoyar el derecho a la educación y a la continuidad del proceso educativo de cientos de miles de jóvenes y niños y de sus familias. Como en su oportunidad lo fue el apoyo a su enfrentamiento con las tabacaleras o en su veto al aborto.

Hoy se trata de apoyar que se haya enviado a los sindicatos un claro mensaje: ustedes han pasado el límite de lo razonable, deben aprender a respetar los derechos de los demás y deben entender, de una buena vez, que hay un gobierno electo por la ciudadanía con la obligación de hacer valer el  derecho de esta a la educación. Si el gobierno no lo hace, nadie más lo hará. Está en juego el futuro del país. Ni más ni menos. Ojalá que también los partidos de la oposición lo comprendan así.

Basta ya de prepotencia y arbitrariedad sindical. Basta del impúdico alarde de poder de una mediocracia adicta a la cultura del paro, como su único recurso. Basta ya de utilizar la actividad sindical para practicar perfilismo político y lograr minutos en la televisión. Basta ya.

En el Uruguay la huelga es un derecho gremial desde hace más de 80 años. Pero no es un derecho ilimitado. Ni  una herramienta de poder político. Y menos aún debe ser un instrumento de la lucha de clases. Porque, aunque en ocasiones lo parezca, el nuestro, el de Artigas, no es un país comunista. Ni lo será jamás. Pero mucho nos tememos que por largo tiempo el país seguirá soportando el palo en la rueda que significan los desbordes sindicales. Hasta que se reglamente el derecho de huelga.

Hoy, al parecer, se ha logrado una tregua, negociada entre los dirigentes del PIT-CNT y sus camaradas del Ministerio de Trabajo. Cesarán los paros en la enseñanza, cediendo para ello el gobierno la esencialidad oportunamente dispuesta. Ojalá que dure. El conflicto deja lecciones muy importantes. Entre ellas la absurda pretensión de la dirigencia sindical de creer que por sí y ante sí pueden decidir la legalidad o no de una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo, sin recurrir a la Justicia  competente, como debe ser en un Estado de derecho como el nuestro.

El Poder Ejecutivo, por su parte, deberá tomar debida nota de las enormes dificultades de adoptar decisiones de esta naturaleza sin contar con los apoyos previos suficientes y con los negociadores más adecuados. Y, finalmente, no podemos olvidar que los grandes perdedores, quienes en rigor han sufrido un daño irreparable, son los alumnos y alumnas de las escuelas y liceos públicos y sus familias.

Eduardo Héguy Terra