La destitución del Gral. Manini Ríos (III)

No hay duda de que al general Manini le asiste toda la razón en sus críticas al sistema judicial, que una vez más el Poder Ejecutivo se equivoca al tratar con el tema militar al no reconocer verdades evidentes, tales como que se han desvirtuado los fundamentos de la equidad en los tribunales, que el sistema de garantías que es propio de todo Estado de derecho ha sido desconocido y que una y otra vez se han fabricado casos sin pruebas, sin testigos, sin fechas precisas y sin siquiera demostrar la presencia de los acusados en los lugares donde supuestamente delinquieron. Esas barbaridades le parecen honestas y normales al Poder Ejecutivo por más que hieran la conciencia cívica nacional.

Esas arbitrariedades perpetradas contra soldados leales de la patria fueron la continuación de otras ejecutadas contra la Constitución de la República. La Dra. Azucena Berrutti, ministra de Defensa Nacional durante el primer gobierno del Frente Amplio, manifestó lo mismo que ha dicho ahora el general Manini Ríos; expresó que se cometieron atropellos a la legalidad al acusar a personas sin pruebas, al no ofrecer ningún tipo de garantías en los tribunales, al no observar las normas del debido proceso; dijo que los intentos de anular la ley de caducidad, en los que se empeñó el Frente Amplio, no eran aceptables en el claro campo del derecho. Ninguno de los dirigentes de ese partido y del gobierno se dieron por agraviados del enorme reproche que encerraban las palabras de esta honrada militante de sus filas y eminente figura del derecho.

Pero ahora sí sienten escozor; ahora el Poder Ejecutivo se muestra hipersensible porque el general Manini Ríos advierte esos mismos atropellos de la Justicia que antes había observado la Dra. Berrutti.

Este doble discurso, esta doble vara para medir no consigue ocultar el vivo desprecio al orden jurídico que significa desconocer el rotundo pronunciamiento de la ciudadanía en el referéndum que ratificó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, instrumento que sellaba la paz entre los uruguayos y daba vuelta la página de la historia, como se había hecho poco tiempo antes con la amnistía otorgada a los terroristas y guerrilleros, que atentaron contra las instituciones y la paz de la República.

Al Frente Amplio no le importó entonces ni después el voto de la mayoría; prestidigitó una absurda interpretación para que quedara sin valor la voz del soberano y ambientó una nueva consulta a la población, como si la cosa juzgada por el soberano en una decisión libérrima y rodeada de todas las garantías no fuera suficiente, como si la Constitución no amparara esa definitiva sentencia del pueblo uruguayo. Entonces promovió un plebiscito con la misma soltura y caprichosa frivolidad con la que un jugador de quiniela exige un nuevo sorteo porque no acepta haber perdido su apuesta. Nunca se vio tamaña ofensa al espíritu y letra de la Constitución que juzgar dos veces el mismo tema.

Se hizo así un segundo intento y el partido de la paz, el partido de la Constitución, que es el de la inmensa mayoría de los orientales volvió a ganar; los ciudadanos volvieron a decir 10 años después que buscaban dejar atrás las divisiones del pasado, que querían construir en concordia su futuro, que los problemas de ayer debían quedar para la historia y no ser parte de la realidad política. El rencor otra vez recibió la clara contestación del pueblo. Los orientales dijeron que no querían más conflictos heredados de otras generaciones, dijeron que los desencuentros de varias décadas atrás no debían integrar la agenda de un país dispuesto a trabajar, a crecer, a mirar con esperanza el porvenir.

Pero al Frente Amplio y a su gobierno, esta nueva decisión del soberano les pareció insignificante. Lo que dice la Constitución, lo que el pueblo decide no tiene valor; lo único que cuenta para ellos es seguir adelante con la venganza histórica, con las persecuciones, con el odio, con las maniobras para desfogar resentimientos y reproches, con el uso de la Justicia para fines políticos y revolucionarios, al mejor estilo que podemos ver en la Venezuela de hoy.

En eso están todavía y ante eso se manifestó con valentía, con alto sentido del honor el general Manini Ríos, que lo hizo no solamente en representación de su fuerza, el Ejército Nacional, ni solamente en representación del sentir de todas las Fuerzas Armadas del país, sino recogiendo la legítima indignación y el clamor de la sociedad entera, que ya no consiente más que se la gobierne al margen de la Constitución.

En concreto: al general Manini no le toleraron que dijera verdades en las que el propio gobierno está seriamente en falta. Su digna actitud y el castigo que recibió corresponden al pleito que está planteado desde el momento en el que al sellarse la paz entre los orientales la mayoría se comprometió a defenderla y ejercerla mientras que una minoría, que ahora detenta el poder, se propuso reeditar los enfrentamientos saboteándola por todos los medios a su alcance.

La destitución del general Manini es un ejemplo más de la conducta que caracteriza al gobierno y a la línea política que representa. Un acto de prepotencia y de agravio que solo se explica a la luz del grave estado en el que se encuentra el encuadre constitucional en estos años oscuros que nos han tocado en suerte.

Alertamos a la ciudadanía a que tome conciencia de lo que está en juego. No es el cargo de un general, sino la amenaza al derecho de todos a tener garantías en el marco de un Estado de derecho. Nadie puede más que la ley y nadie debería creer que puede más que la ley. Pretenderlo es soberbia y totalitarismo.

Salud al general de Ejército Guido Manini Ríos: su conducta nos honra a todos.

Comisión Directiva del Centro Militar