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    La doble moral y el Estado de derecho

    Sr. Director:

    Lo político y lo jurídico (II). En una carta anterior, hablábamos sobre en qué forma nuestra Suprema Corte de Justicia a través del dictado de varias sentencias de inconstitucionalidad, ha reestablecido el Estado de derecho violado por leyes contrarias a la Constitución de la República (seguramente dictadas al amparo de que lo político prima sobre lo jurídico para este gobierno).

    Ahora corresponde pronunciarnos sobre aquellos de doble moral. Aquellos que reclaman verdad y justicia, aquellos que aseguran que el Poder Judicial debe poner las cosas en su lugar, responsabilizando a quienes hayan violado la normativa vigente; pero que también son los mismos que acusan a los distintos operadores jurídicos, fundamentalmente a los jueces, cuando las sentencias no les satisfacen.

    Esto es: se trata de un grupo de personas que acuden al Poder Judicial para pretender obtener respuestas acordes a sus pretensiones, pero que cuando dichas respuestas son contrarias a dichas pretensiones, se deshacen en todo tipo de acusación, hasta llegando a expresarse que los ministros de la Suprema Corte de Justicia constituyen el resabio del terrorismo de Estado enquistado en nuestra Justicia, por vía de la cual continúan operando las organizaciones de derecha.

    Por supuesto que todas las acusaciones (resabio de terrorismo estatal, politización de la justicia, jueces operadores de organizaciones políticas de derecha) no reciben el más mínimo respaldo probatorio. Nada. Simplemente se lanza a los cuatro vientos, en forma absolutamente irresponsable, con el solo propósito de causar el daño que pretenden a través de la pública difamación.

    Y entonces, esas mismas personas intentan impedir un acto público en que una jueza es trasladada de una sede judicial a otra, por cuanto dicha jueza ha resuelto varios casos de derechos humanos acorde a sus pretensiones. Son ellos quienes actúan políticamente todo el tiempo, sin interrupción alguna. Pero como ellos son así, piensan que todos los demás también desprecian las normas vigentes.

    Y cuando la Suprema Corte de Justicia los denuncia por los hechos que realizaron, cuando el fiscal los acusa en función de dicha denuncia y cuando la jueza actuante los procesa por encontrar elementos de convicción suficientes que le permiten pensar que los denunciados han delinquido, entonces atacan políticamente tildando a la Corte como terrorista de Estado, al fiscal como operador manejado políticamente, a la jueza actuante como otra operadora política y a ellos mismos como procesados políticos. Presionan a todo y contra todo lo que pueda ser presionable (¿y la independencia del Poder Judicial escrita en la Constitución que dicen respetar?), advierten preavisando que no cumplirán prisión domiciliaria (adelantan su eventual desacato: ¿y el cumplimiento de las leyes en un Estado de Derecho?) y ejercen derecho de huelga por dichos procesamientos (¿la huelga no es un derecho gremial de acuerdo a la Constitución?). Y aquel que ose enfrentarlos en un campo de discusión jurídica, razonable y normativa, terminará adjetivado como operador político de la derecha, fascista y/o reaccionario.

    Aquellos son las personas de doble moral: aquellos que cuando les sirve colocan a la Justicia en un pedestal, pero cuando no les sirve, la colocan en la basura. No son demócratas, se dicen demócratas pero no lo son. Demócrata es aquel que, en todo caso y circunstancia, respeta la norma, respeta las decisiones (esté de acuerdo o no con ella, le beneficie o le perjudique). Quien selecciona para respetar, no lo es. Son aquellos para quienes el fin justifica los medios, cualquier procedimiento o método está legitimado para conseguir aquello que se proponen. Porque para ellos —al igual que para el presidente— lo político prima sobre lo jurídico. Pretender alcanzar las metas políticas pasando por encima de las normas que nos gobiernan, significa lo mismo que obtener un resultado a cualquier costo y de cualquier manera: utilizar cualquier medio para llegar al fin deseado. Y no solo el presidente; hay varias otras figuras políticas en dicha postura. Ya lo veremos.

    Monty Fain Ajdelman

    Abogado

    CI 1.534.874-6