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Una serie de paros, movilizaciones, ocupaciones de centros educativos y su posterior desocupación con intervención policial, así como cruces entre jerarcas y dirigentes de la oposición frenteamplista, elevaron la temperatura política en torno a la enseñanza.
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Como trasfondo de ese clima de creciente confrontación está la discusión por la Rendición de Cuentas que está terminando en la Cámara de Diputados y la reforma educativa impulsada por la administración de Luis Lacalle Pou. Otros sectores están movilizados en torno a la cuestión presupuestal.
Desde el lunes 15, primero siete y después otros dos centros de formación docente fueron ocupados por estudiantes. Los cambios en la enseñanza que se quieren implementar van “en contra directamente de los intereses” de alumnos y trabajadores del sector y por eso buscan “ponerle un freno a esta reforma nefasta”, señalaron los gremios que respaldaron la medida en una declaración recogida por la diaria.
El martes 16, los docentes de los institutos normales de Montevideo pararon en respaldo a los ocupantes, mientras que las autoridades educativas instaron a deponer la medida y a entablar un ámbito de diálogo. Sin avances, el miércoles 17 el Consejo de Formación en Educación solicitó al Ministerio del Interior que desaloje los centros ocupados.
Legisladores del Frente Amplio promovieron un cuarto intermedio en la discusión de la Rendición de Cuentas para ir a la puerta de los tres institutos ocupados en Montevideo con el fin de “garantizar la seguridad” de los estudiantes en el desalojo. El procedimiento se realizó anoche de manera pacífica. A las 22.30, cumplido el plazo de una hora acordado entre los ocupantes y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, los estudiantes descolgaban el cartel de “Magisterio ocupado” de la sede de Soriano y Roxlo. Entre cánticos, abrazos y lágrimas los manifestantes aseguraron que la lucha continuaba. Lo mismo ocurrió en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y en el Instituto de Formación en Educación Social.
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) siguió de cerca esos sucesos. “La desocupación no es el mejor mecanismo. Se debería apostar al diálogo, pero lamentablemente este gobierno no dialoga, impone. Esta es una definición política que no nos extraña, que no es nueva para este tipo de gobiernos. Ya lo hicieron en los 90 prácticamente con los mismos personajes”, dijo a Búsqueda José Olivera, que a las 22 horas estaba en las inmediaciones del IPA.
La reforma encuentra detractores no solo en el ámbito sindical. María Julia Muñoz, quien fue ministra de Educación en el último gobierno del Frente Amplio, planteó como una discusión “bizarra” si se debe enseñar “competencias blandas o conocimientos” y consideró que cualquier cambio fracasará si no se involucra activamente a los docentes. “Hay una autocrítica de que se podía haber hecho más (en el período pasado), pero este gobierno no va a hacer nada más” dado el “contexto social en que las familias no le pueden dar prioridad a la educación” porque hoy “hay hambre” entre la población, declaró en la emisora M24.
Instituto de Profesores Artigas ocupado en Montevideo
Denuncia y circo
También las pruebas Pisa, que se inician en estos días, alimentaron la polémica política. La discusión giró en torno a la compra de camisetas de la selección uruguaya de fútbol hecha por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para regalárselas a los alumnos que participen en ese relevamiento de conocimientos —de carácter voluntario—, lo que fue cuestionado por dirigentes de la oposición. Las actuales autoridades defendieron la campaña y recordaron que en el pasado también se premió a los alumnos que completaron el cuestionario, en tanto que desde la Fenapes hicieron una contracampaña señalando que “ANEP te pisa” al “recortar” presupuesto y “censurar murales”.
Por otro lado, la Dirección General de Educación Secundaria resolvió presentar una denuncia penal contra cinco dirigentes de la Fenapes —incluido Olivera— por presunta falsificación documentaria al utilizar el régimen de licencia gremial. La decisión fue adoptada a la vez que la Cámara de Diputados resolvió elevar a la Fiscalía los resultados de una investigación parlamentaria del caso.
“Cuando el Frente Amplio nos dijo que este era un circo político que no tenía fundamento ni razón de ser, que se solucionaba con un tema administrativo, hoy queda la confirmación de que el Parlamento hizo las cosas bien”, declaró en Subrayado de Canal 10 el diputado blanco Alfonso Lereté.
