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Desde esta semana se empieza a jugar en buena medida el futuro de los cultivos de soja de la presente zafra, ya que la mayor parte del área sembrada precisa con “urgencia” que lleguen las lluvias para minimizar una potencial pérdida de productividad, lo que preocupa a los productores. Ese grano constituye el principal cultivo agrícola de Uruguay con algo más de un millón de hectáreas plantadas y en 2017 figuró en el tercer lugar entre los productos que generaron mayores montos de exportaciones, con US$ 1.189 millones, lo que significó un aumento de 36% respecto al año anterior.
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“A partir de febrero es el momento crítico de determinación de rendimiento para la soja, porque es el período en el que las plantas dejan de tener solamente hojas y empiezan a tener estructura reproductiva”, dijo a Búsqueda el técnico agrícola de la Federación de Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria (Fucrea), Sebastián Mazzilli.
Destacó que la falta de agua a fines de enero y principio de febrero “tiende a que sea más grave que en otra etapa” del desarrollo productivo.
Si llueve este jueves (hoy), como indican ciertos pronósticos climáticos, la situación de los cultivos mejoraría, pero en caso contrario los agricultores empezarán a resignar algunos kilos de rendimiento por hectárea.
En un reporte fechado el 31 de enero, el Instituto Nacional de Meteorología pronosticó que “entre el jueves 1º y el martes 6 de febrero no se esperan precipitaciones en Uruguay y que el miércoles 7 hay probabilidad baja de lluvias muy escasas en la región noreste y este”.
“A partir del jueves 8 y hasta el sábado 10 no se esperan precipitaciones en todo el país”, amplió.
La unidad de agroclima del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) estimó que el porcentaje de agua disponible en el suelo, medido en los últimos 10 días de enero, presenta “condiciones críticas” (20% o menos) en los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Rivera, Artigas y Río Negro, que aparecen en color rojo en el mapa referido a esa cuestión.
Consultado sobre otros factores que inciden en el resultado en calidad y cantidad de granos a cosechar, Mazzilli reconoció ser uno de los técnicos que se considera “bastante crítico” respecto a que las nuevas variedades de semillas “realmente aportan” productividad a los granos.
“Ha habido una mejora genética tradicional, o sea los ciclos se han adaptado a las condiciones de la producción local, y los agrónomos hemos aprendido a manejar mejor determinados materiales”, comentó.
Respecto a problemas con plagas o enfermedades, ese técnico indicó que a diferencia de otras zafras, en la presente no se han registrado complicaciones con lepidópteros, que son las lagartas o gusanos que se comen las plantas de soja. Por lo tanto, las aplicaciones de agroquímicos para combatir esa plaga hasta el momento han sido muy bajas, acotó. Dijo que “hay años en los que te volvés loco porque (las larvas) no paran” de atacar a los cultivos.
Algunas zonas se encuentran más afectadas que otras por la falta de precipitaciones en lo que va del verano, principalmente Soriano, Río Negro y otros departamentos más al norte del territorio uruguayo. Mientras, en el sur de Colonia y en San José el agua disponible en los suelos es todavía aceptable para que las plantaciones de ese grano oleaginoso no sufran pérdidas en productividad y calidad.
En el caso de Soriano, que es el departamento que concentra la mayor área agrícola del país, es donde está “la situación más crítica” por la escasez de lluvias y además es “más generalizado el problema” en cultivos que “estaban en buenas condiciones, con un adecuado desarrollo y un mejor enraizamiento, pero nos estamos quedando sin agua en el suelo y hay demanda de la misma por la planta”, señaló el presidente de la Mesa de Oleaginosos y gerente de la Cooperativa Agraria Limitada de Mercedes (Calmer), Roberto Verdera. Advirtió que “si en estos primeros 10 días de febrero no llueve, algún escalón de rendimiento se va a perder”.
La Mesa de Oleaginosos es una agrupación pública y privada, creada en 2005 e integrada por un grupo de empresas y cooperativas agrícolas y la Facutad de Agronomía estatal, el INIA y el Laboratorio Tecnológico de Uruguay.
En un contexto de desánimo y malestar entre los productores, debido a la caída de la rentabilidad agrícola y el incremento de los costos internos, especialmente por los últimos ajustes de las tarifas públicas de energía eléctrica y de los combustibles, hay diferentes tipos de reacciones a la hora de tomar decisiones en las empresas del sector.
Si el productor ve que parte de sus cultivos se encuentran en una mala situación, por el impacto negativo que implica la falta de agua o a raíz de algún problema sanitario puntual, tiende a resolver en el momento. No siempre hay una planificación y cuando surge algún imprevisto el agricultor pone en la balanza el tema de los costos, en cuanto a lo que supone adoptar tal o cual medida.
La zafra sojera pasada registró un rendimiento récord en la cantidad de kilos por hectárea que se cosecharon, casi 3.000, y sobre un área sembrada de 1,1 millones de hectáreas el resultado fue de 3,2 millones de toneladas, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias.
Entre los técnicos consultados no se espera que el resultado de este año sea similar al de la campaña agrícola anterior, y consideraron que es prematuro adelantarse a señalar qué volumen de granos cosecharán, debido a que eso en gran medida dependerá del clima, específicamente de las precipitaciones que puedan llegar a registrarse en febrero.
Ingresos y deudas.
La mejora en los ingresos durante la zafra anterior permitió a los productores y a las empresas cubrir el pago de algunas deudas atrasadas con proveedores y contratistas, además de los créditos en el caso de los que operan con financiamiento bancario. Algunas empresas de gran porte ingresaron en una situación compleja en cuanto al endeudamiento con los bancos.
El caso de la compañía Union Agriculture Group (UAG) es uno de los más emblemáticos y que sigue generado comentarios entre los operadores del sector, principalmente por las deudas impagas que derivaron en una pérdida de confianza por parte de los proveedores y algunos técnicos. Esa firma tiene una deuda vigente de US$ 72,7 millones, de los cuales US$ 41,4 millones corresponde a créditos del Banco de la República, según datos de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central al cierre de 2017.