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Cuando el Estado autoriza un monumento no viola jamás la debida laicidad ni supone ninguna invasión del espacio público. Acaba de votarse negativamente por parte del oficialismo en la Junta Departamental de Montevideo la iniciativa de un grupo de laicos católicos, luego respaldada por la jerarquía, para la instalación de una imagen de la Virgen María en la Aduana de Oribe, en la rambla del Buceo de la capital.
Se volvieron a escuchar en sala los consabidos y erróneos conceptos que confunden laicidad con laicismo. Lo que resolvió la Junta es una expresión no de laicidad, sino de laicismo, su patología, que se ha convertido ella misma, al parecer, en una “religión dogmática”.
La discusión de mantener la cruz del papa Juan Pablo II en bulevar Artigas enseguida se nos vino a la memoria y cómo por ley en la administración del ex presidente Sanguinetti debió de autorizarse su permanencia, porque la Junta Departamental de Montevideo no quería permitirla.
¡Por lo que resulta inentendible que Julio Sanguinetti haya expresado que no es bueno que una creencia religiosa “invada” el espacio público!
Lo que hay que tener bien en claro, y la mayoría de la Junta parece ignorar, es que el hecho de que se necesite la autorización del legislativo departamental para la instalación de una estatua en un espacio público de la ciudad no significa ni que se viole la laicidad —que en verdad debe permitir la expresión de todas las opiniones y creencias, y no discriminarlas— ni menos que el Estado, en este caso el Departamental, se incline o apoye una expresión religiosa o filosófica determinada. Simplemente permite que un grupo particular, pero muy significativo de la población, además de contribuyentes de los impuestos departamentales (numéricamente muchos más que los seguidores de Confucio o Iemanjá), puedan tener en la rambla un lugar de veneración y respeto a alguien tan entrañablemente querida en el mundo entero como es la santísima Virgen María.
Es inadmisible también que algún edil oficialista haya dicho que ya en la ciudad hay muchos símbolos e imágenes religiosas católicas, como si ello impidiera la instalación de la estatua de María en la rambla montevideana.
El Estado debería reconocer que sin la labor de la Iglesia católica, sobre todo en los barrios más carenciados de Montevideo, que sostiene merenderos, refugios, policlínicas, guarderías y colegios, la administración tanto nacional como departamental verían incrementadas las necesidades sociales a cubrir con fondos públicos.
Además, con el criterio de la Junta, los 2 de febrero de cada año debería no autorizarse el culto a Iemanjá en la playa Ramírez porque “invade”, –y mucho más–, el espacio público, traba la circulación vehicular y deja muy sucia la ciudad. Y no vemos que se tenga con esa expresión, que aclaro, debe respetarse también, la misma postura.
Es constante pues, lamentablemente, que en el Estado más secularizado de América, se sigan atacando expresiones de fe cristiana católica, tratándolas con vara diversa que a las demás expresiones religiosas o filosóficas. Y no podrá decirse que la Iglesia católica tenga una posición dominante en la sociedad como fuera muchos años atrás, porque los que hemos quedado, luego de tantas fugas, somos menos pero seguramente más firmes en nuestras convicciones. Para que haya “cultura del encuentro”, como ha dicho el arzobispo de Montevideo, debe haber voluntad de todos. La que, sinceramente, luego de esta decisión de la Junta Departamental, luce como muy lejana.
Quizás la solución, que entendemos no necesita de autorización alguna por no ser la instalación de una estatua, sea la proyección holográfica de la imagen de la Virgen durante las horas de la noche en el lugar ya indicado de la Aduana de Oribe.
