La fe y la agenda antiaborto

La columna de Pau Delgado Iglesias

4 minutos

Nº 2145 - 21 al 27 de Octubre de 2021

No es necesario derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para tener una política antiaborto. De hecho, distintas acciones llevadas adelante en los últimos meses amenazan con hacer tambalear los derechos alcanzados en Uruguay con la ley IVE aprobada en 2012.

El ejemplo más reciente es la propuesta que el nacionalista Carlos Iafigliola presentó a Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El objetivo de Iafigliola es “desestimular los abortos”, específicamente en mujeres de contexto socioeconómico vulnerable. Como afirma el dirigente, la propuesta se enmarca en las declaraciones que Luis Lacalle Pou realizó en mayo del año pasado en conferencia de prensa, cuando expresó que “un niño que no ha nacido tiene derechos” y aseguró que su gobierno tiene “una agenda provida”. Según Iafigliola, Cipriani (exdirector técnico de la mutualista Círculo Católico), vio la propuesta “con muy buenos ojos”.

Varias organizaciones sociales que trabajan por los derechos de salud sexual y reproductiva rechazaron la iniciativa de Iafigliola a través de un comunicado. En él expresan que, si bien no les sorprende esta actitud por parte de alguien como Iafigliola (que en 2012 impulsó la campaña para derogar la ley IVE, y en 2019 la campaña para derogar la Ley Integral para Personas Trans), lo que resulta inadmisible es que esto tenga cualquier tipo de respaldo por parte de un organismo del Estado, ya que va en contra de la normativa que establece que no se puede influenciar a quien haya iniciado un proceso de aborto.

Pero no es fácil asegurar que las instituciones de salud velen por el cumplimiento de la IVE y por el derecho a practicarse un aborto, si para estos cargos se designa a personas que han estado históricamente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Preocupa, por ejemplo, la reciente designación de la ginecóloga Gabriela Fischer como referente del Área de Salud Integral de la Mujer de la Red de Atención Primaria del Área Metropolitana. Se trata de una doctora identificada por algunas organizaciones sociales como alguien que ya ha intentado interferir en más de una oportunidad en procesos de aborto legal, llevando a las mujeres a confusión con respecto a los plazos y sugiriendo que la única alternativa era dar en adopción.

En esta misma línea, el informe Objeción de conciencia en cifras, publicado el martes 19 por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), muestra que, de los 81 servicios legales de aborto del país (públicos y privados), hay tres (5%) en los que la totalidad de los profesionales son “objetores de conciencia”: en los hospitales de Melo, Colonia del Sacramento y Mercedes no hay nadie disponible para practicar un aborto a quien lo requiera. Solo 35 centros asistenciales de los 81, tienen menos de 50% de profesionales objetores de conciencia. Todos estos aspectos dificultan la correcta aplicación de la ley y ponen en riesgo el derecho de las mujeres a acceder a un aborto seguro.

Otra forma indirecta de socavar la Ley IVE es el intento de modificar la edad gestacional en la que se reconoce que inicia la vida, como pretende hacer el proyecto de ley “Nacidos sin vida” presentado por las senadoras oficialistas Carmen Asiaín y Carmen Sanguinetti. El proyecto pretende reconocer el “derecho de los progenitores a optar por la inhumación o cremación de sus hijos nacidos sin vida”, incluso antes de las 20 semanas que acepta la normativa actual. Poner en cuestionamiento en qué momento empieza la vida y pretender establecerlo en una nueva ley es otra forma de no respetar las bases de la norma que despenaliza el aborto en Uruguay.

Lamentablemente, es claro que lo que está en juego detrás de todas estas acciones es el intento de una parte de la población de imponer al resto sus creencias religiosas personales. Pero lo que corresponde en un Estado laico, es reservar la moral religiosa para la vida privada y la de sus familias, y evitar entorpecer el correcto funcionamiento de los servicios de aborto que establece la ley, una ley que fue aprobada por el Parlamento y ratificada por la mayoría de la población.