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El peor legado de Mujica. Muchos, muchísimos aspectos negativos tuvo la gestión gubernamental que ¿lideró? José Mujica. Quizás el más importante de ellos fue el descaecimiento del Estado de Derecho, producido por la falta de respeto a las normas vigentes. Al tope de dicha conducta, sin duda debería ubicarse el repetido dictado de leyes a sabiendas de su contenido inconstitucional. Lo malo no era tanto la inconstitucionalidad en sí misma, sino el dictado de la norma legal con el pleno conocimiento de ella. Esto es: conocer que la ley que se dicta es inconstitucional y pese a ello seguir adelante, revela lo peor de la administración Mujica: la ignorancia pero más que ello, el desdén, la falta de consideración y en definitiva, la violación de la Constitución, así como la ceguera intencional ante todos aquellos expertos —frentistas y no frentistas— que lo advirtieron debidamente. Y una vez dictada la sentencia de inconstitucionalidad, el enfrentamiento con el Poder Judicial por haber dictado aquella. Nunca un reconocimiento, siempre una imputación.
Numerosos especialistas en el tema han advertido reiteradamente que la calidad institucional en Uruguay se desmerecía día tras día con comportamientos mujiquistas como el señalado.
Muchas otras decisiones fueron y serán negativas para el país; y entre ellas, la legalización de la marihuana parece llevarse todos los palmares.
Pero lo peor de su gestión, el peor legado de su actuación presidencial, ha sido la consagración del “principio” de que el fin justifica los medios.
A diferencia del maestro Tabárez, para quien la recompensa está en el camino, para Mujica sólo interesa el objetivo, la finalidad. Y para obtenerla, cualquier medio es bienvenido.
Y adviértase que esta implantación del citado “principio” no se desprende de alguna conducta mujiquista aislada, sino de sus mismas palabras. Recordemos que para Mujica, lo político prima sobre lo jurídico.
Esto es: no importa lo que digan las normas —la Constitución, las leyes, etc.— cuando de lograr un objetivo se trata. Si las normas sirven o acomodan al objetivo, loas a ellas. Pero en caso contrario, simplemente se las ignora en busca del objetivo perseguido.
Un horror. Pero si fuera un horror personal, no trasmisible, de algún anónimo, allí quedaría. Repudiable pero no contagioso.
El caso es que esa impronta bonachona y pueblerina del ex presidente ha impregnado a la sociedad con una presunta “legalidad” o “necesidad” o “conveniencia” de su conducta.
Y así vemos una vez sí y otra también, cómo a los perseguidores del objetivo no les importa la inmoralidad o ilegalidad de los medios.
Cuando se ocupó el edificio del Codicen, ¿nadie pensó que existe una norma que prohibe la ocupación de los edificios públicos? Esto es: así la finalidad de los ocupantes fuera legítima, tema discutible, lo que no puede admitirse es que se viole la norma que prohibe ocupar edificios públicos para intentar obtener, por ejemplo, mejoras presupuestales.
Cuando se ocupa una empresa, todos sabemos que llamado a intervenir el Poder Judicial, éste sí o sí ordenará —como lo ha hecho en todos los casos en que fue llamado a actuar— el desalojo de la empresa ocupada. ¿No será que se viola alguna norma superior —derecho de propiedad, libertad de trabajo, libertad de empresa— lo que determina las sucesivas sentencias de desalojo? Sin embargo y a sabiendas de ello, los sindicatos ocupan en procura de un fin concreto. Por ejemplo: mejoras salariales.
A la patronal de taxis no le importó en absoluto que careciera de todo derecho a inscribir la marca Uber en el registro estatal, pero igualmente lo hizo pensando en su objetivo: impedir que Uber se establezca en Uruguay. ¿No ha violado dicha patronal las normas vigentes en materia marcaria?
¿Qué persona o qué sector puede decir, de buena fe, que la vida venezolana de hoy se desarrolla democráticamente? ¿Quién puede afirmar con honestidad intelectual, que el gobierno venezolano está respetando los derechos de todos, cuando varios líderes opositores están encarcelados de cara a una próxima elección parlamentaria? Incluso un fiscal que debió huir del país caribeño reconoció sin ninguna cortapisa que fue obligado por las autoridades gubernamentales a promover un juicio al opositor López con pruebas falsas, inventadas. Sin embargo, nuestra izquierda, tanto la política como la sindical, a la vez que reafirman su condición democrática, vivan la revolución bolivariana. Esto es: se admite la peor violación normativa y republicana con el objetivo marcado de implantar definitivamente el socialismo real.
Mujica ya aportó lo peor de su juventud a la sociedad uruguaya. Pensamos que con eso sería suficiente. Pero no sabíamos que también nos vertería lo peor de su ancianidad.
