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    La herencia cultural de los uruguayos creció y sobrevive con una ley anticuada y poca atención de los políticos

    El sábado 4 y domingo 5 es la vigésima edición del Día del Patrimonio, dedicado al “espacio público, arquitectura y participación ciudadana al servicio de la comunidad”

    Aunque los programas de los partidos políticos aún no lo registran ni el tema ha calado con fuerza a nivel parlamentario, la sociedad uruguaya da fuertes señales de interés en los temas patrimoniales. Desde hace veinte años cada primavera cientos de miles de uruguayos se organizan e involucran de forma descentralizada para vivir el Día del Patrimonio, una actividad de dos días que en esta ocasión (sábado 4 y domingo 5) está dedicado al  “Espacio público, arquitectura y participación ciudadana al servicio de la comunidad” y cuenta con una guía de 94 páginas disponible en internet (ver recuadro).

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    Declarar una construcción monumento histórico es la actividad patrimonial más básica, pero eso ha cambiado porque con los años se ha avanzado en incluir también el acervo audiovisual, la arqueología subacuática e incluso intangibles como el tango y el candombe.

    La ley vigente, aprobada en el lejano 1971, sentó las bases para que alrededor de 600 padrones recibieran la calificación de monumento histórico, pero más allá de las dificultades para su aplicación, la vida la ha superado.

    Un borrador presentado en 2009 por el actual secretario de la Comisión, el abogado Alberto Quintela, propuso que “el Patrimonio Cultural de la República Oriental del Uruguay está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales a los que la sociedad le atribuye valores significativos de interés histórico, artístico y cultural en sentido amplio, incluyendo los bienes de interés arqueológico (terrestres y marítimos); paleontológicos; científicos y antropológicos”.

    En opinión del arquitecto Nery González, uno de los más respetados especialistas en la materia que tiene el país, a pesar de los tiempos de poca tolerancia que caracterizaron al gobierno de Jorge Pacheco Areco, la última ley promulgada durante su mandato es “sensata, flexible y generalista” y recoge el aporte decisivo del historiador Juan Pivel Devoto y de José Horacio Arredondo, quien trabajó, entre otras cosas, para que las futuras generaciones contaran con la fortaleza de Santa Teresa.

    A pesar de las bondades de la ley, pocos dudan que sea necesario actualizar la norma, que por otra parte llegó con bastante retraso respecto al resto del mundo, porque durante medio siglo los proyectos no lograron pasar la barrera de la media sanción del Parlamento.

    Más allá de las bondades de la ley, otra cosa es lo que hicieron los gobiernos con ella. La dictadura oficializó la lista de padrones a proteger en el “Año de la Orientalidad” (1975) pero en 1979, con la excusa de mejorar las condiciones de vida, desafectó lugares emblemáticos como el barrio Reus al Sur y el Conventillo Medio Mundo en Palermo y Barrio Sur respectivamente.

    En la recuperada democracia, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación mantuvo un nombre y una integración rimbombantes, pero no recursos humanos y materiales que permitieran diseñar y aplicar políticas.

    Malos alumnos de la escuela francesa.

    Los franceses fueron de los primeros en preguntarse en qué cosas sus compatriotas se reconocen como tales. En opinión del arquitecto González, estudioso del historiador Pierre Nora, a pesar de seguir en muchas cosas a Francia —pionera en política patrimonial a nivel mundial— Uruguay se mantuvo siempre muy rezagado en la materia y solo prestó cierto interés en Artigas, como factor de unidad nacional, aunque aún subsisten fuertes controversias entre los académicos acerca de la famosa casa en Sauce (Canelones).

    La patrimonial —opina González— es una actividad, que, por otra parte, tiene, en general, “un matrimonio de conveniencia muy desigual con el turismo, ya que el turista viaja para confirmar sus prejuicios y a menudo el pasado es reconstruido a gusto del consumidor”.

    A su vez es una zona de conflictos. Una de las críticas a la legislación actual es cómo maneja los conflictos entre el Estado y los particulares, sobre todo en declaraciones de monumento histórico, que afectan el valor de los inmuebles o terrenos y la salida del país de obras de arte. Unas cuantas de las controversias que se presentan tienen que ver con las guías aduaneras, porque a menudo se impide a una obra de arte salir del país, pero a su vez el Estado no está dispuesto a comprarla.

    Un ex presidente de la Comisión de Patrimonio —antes de ocupar ese cargo— llegó al extremo de llevar al exterior la tela de un costoso cuadro envuelta en su cuerpo para no arriesgarse a perder la venta, según él mismo relató a una fuente de Búsqueda.

    La gran responsabilidad que recae sobre la Comisión no condice con los medios de que dispone. El organismo es ahora una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y según explicó el director general de la cartera, Pablo Álvarez, no solo se la ubicó en el organigrama y su secretario pasó a ser rentado, sino que se votaron más recursos.

    Los demás integrantes de la Comisión, sin embargo, continúan trabajando ad honorem y eso trae dificultades a la hora de ejecutar, explicaron a Búsqueda fuentes del área de gestión cultural.

    Si a eso se suma el desinterés del sistema político, el panorama para quienes trabajan en ese campo no es demasiado sencillo.

    El borrador presentado por Quintela propone la creación del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural de la República Oriental del Uruguay. La actual Comisión es una estructura pequeña, con 35 funcionarios y un presupuesto de apenas seis millones de pesos en inversiones, que este año obtuvo un refuerzo de nueve millones.

    Los sueldos se pagan con fondos de Rentas Generales y los gastos de funcionamiento e inversiones provienen de Casinos del Estado y el casino del hotel Conrad.

    Museos pobres y aburridos.

    El país no solo está atrasado en conservar el patrimonio vivo, también está mal ranqueado en materia de museos estatales, que en general están dispersos, son obsoletos y poco atractivos. No obstante, otro de los logros que exhibe el gobierno saliente en esta materia es la creación del Sistema Nacional de Museos, públicos y privados. De todas formas la realidad no cambia de la noche a la mañana, al punto que uno de los orgullos del MEC sería poder abrir al mismo tiempo todos aquellos que administra, algo no sencillo por falta de personal.

    Para mejorar no solo el número sino también la calidad de los recursos humanos, la Facultad de Humanidades de la Udelar abrió una tecnicatura en Museología con aportes del Ministerio de Turismo, la Intendencia de Montevideo y el MEC, pero a pesar de contar con bastante demanda y tener 30 egresados, luego de dos años tuvo que cerrar por falta de dinero.

    A su vez, gracias a cierta bonanza presupuestal respecto al pasado, la Comisión que dirige Quintela pudo adquirir algunas propiedades, como el chalet Las Nubes en Salto, su mayor orgullo. La casa donde residió el escritor Enrique Amorín fue comprada en el entorno de 220.000 dólares, incluyendo documentos y objetos del autor, puesta en valor y convertida en un centro cultural a partir de una idea de la ex ministra de Educación y Cultura María Simon.

    En la misma línea se firmó un comodato por cinco años para utilizar con los mismos fines la quinta del ex presidente Juan Idiarte Borda, en Sayago, así como la recuperación de una propiedad abandonada del MEC en pleno casco histórico de Colonia del Sacramento. La mayor adquisición de este período sería la expropiación —por unos 15 millones de dólares— de la estancia El Hervidero, donde Artigas tuvo su polémico campamento de Purificación entre 1815 y 1818 (ver Búsqueda N° 1.776, de junio de 2014). Este proyecto se encuentra a estudio del Poder Ejecutivo.

    La Comisión dispuso también de fondos para arreglar unas humedades del sótano y los techos del taller del escultor José Zorrilla de San Martín, en Punta Carretas, tal como había demandado su hija China en un reportaje con Búsqueda en 1990 (N° 552).

    Cuestionamientos.

    No todos comparten la política de Quintela de sumar propiedades y hacerse cargo de gestionar. Algunos técnicos consideran que esa no es la función de la Comisión ni del futuro instituto, que debería concentrarse a fijar políticas, regular y sancionar, pero no administrar predios, algo para lo cual el Estado no es demasiado eficiente.

    El propio González, que fue presidente y ahora es asesor, se pregunta cuáles son los límites que debe fijarse la actividad patrimonial de un Estado. Como arquitecto, parte de la base de que se trata de formular un plan para la ciudad del futuro pero a su vez se pregunta: “¿Tiene que haber un organismo que mantenga las costumbres?”. El experto se inclina por no fijar un catálogo de cosas, que sería interminable y polémico, sino redes que actúen a diferentes niveles.

    El tema fue motivo de debate durante la segunda edición de las conferencias ciudadanas Sumar organizadas por el MEC en la sala Hugo Balzo del Sodre, en la que paneles de expertos y representantes de la sociedad civil discutieron acerca de qué contenidos debería tener una nueva ley.

    Uno de los participantes de Sumar fue el catedrático de Historia de la Arquitectura de la Udelar y ex presidente de la Comisión de Patrimonio, William Rey.

    Durante una entrevista publicada en setiembre en El País Cultural, Rey dijo que “hay una caída muy grande en la cultura arquitectónica de todos los sectores de la sociedad, incluidos los más ricos” y que eso se expresa en las fachadas de la ciudad, que estaban mucho mejor en la década de 1940.

    Anglo, Narbona y Rambla.

    Entre las conquistas que reivindica la Comisión del Patrimonio está también la inclusión de una serie de sitios en la lista de candidatos a la distinción de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, con los beneficios que eso significa.

    Hasta ahora, solamente el casco histórico de Colonia del Sacramento fue incluido en esa categoría, en 1995. Además de aprobar un plan de gestión para Colonia, que corrió el riesgo de perder ese estatus especial, la Comisión logró incluir al ex frigorífico Anglo, en Fray Bentos, el barrio ferroviario de Peñarol construido por los ingleses  y la rambla de Montevideo en la nómina a evaluar por Unesco.

    Según consta en la página oficial de la Comisión, el 27 de enero de 2010 se inscribió el sitio patrimonial de Fray Bentos en la Lista indicativa de Uruguay ante Unesco, y en junio de 2011, la candidatura del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos fue clasificado como Proyecto Piloto.

    En la nómina de sitios donde se adoptaron algunas medidas está también la estancia y capilla de Narbona, ubicadas en el Paraje de las Víboras (kilómetro 264 de la Ruta 21) del departamento de Colonia, declarada Patrimonio Histórico Nacional en 1976 pero casi abandonada hasta ahora. La construcción fue realizada entre 1732 y 1738 por Juan de Narbona, junto a una cantera de cal, en medio de un extenso monte indígena.

    En abril de este año se sumó de forma oficial el Cerro de los Burros, en Maldonado, declarado monumento histórico por su valor arqueológico a partir de una demanda de los vecinos que data de 2001.