Lo que sigue es un resumen de la entrevista concedida por Da Silveira a Búsqueda.
—El 3 de marzo, el presidente visitará el Parlamento y un capítulo principal será la educación. ¿Cuáles son los cambios más importantes en esta materia?
—El 2022 fue de inmensos avances, pese a que muchos pensaban que no se iban a poder hacer antes de que finalizara el año, como es un diseño curricular completo que abarca toda la educación obligatoria. Eso es algo que nunca había existido en Uruguay y un paso que venía siendo largamente reclamado. Porque la manera en que se hacían las cosas antes tenía costos. Un ejemplo: la repetición en sexto año de primaria hace muchos años que está bien abajo del 1%, y la repetición en primer año de la educación media (liceos y UTU) en los últimos años ha estado en el entorno del 20%. ¿Cómo se explica que alumnos que en diciembre terminaron con notas de suficiencia al año siguiente fracasaran con tanta frecuencia? La razón es que primaria y educación media son dos mundos que nunca dialogaron lo suficiente en lo curricular, y en el caso de la educación media presumiendo que ciertas cosas iban a lograrse en la educación primaria. Pero los hechos demostraban que eso no ocurría y por lo tanto ese pasaje era muy traumático para muchos alumnos, los más vulnerables. Por eso se eligió esto (la Educación Básica Integrada) que generó alguna confusión al considerar los primeros tres años de la educación media en continuidad con primaria. No por el capricho de alguien sino porque ahí había un problema largamente diagnosticado. Y además incorporamos las visiones que son consideradas más adecuadas en el mundo como es el enfoque de competencias; que no es contrario o excluyente de los contenidos, como se ha dicho.
—Llevar todo eso a la práctica se adivina un proceso más complejo que el de producir la documentación para darle un marco conceptual…
—El punto es que hasta ahora esa documentación no existía. Nunca se había podido desarrollar una visión como la que aparece en esos documentos. Uruguay dio un salto de muchos años respecto a donde estaba. Teníamos un diseño curricular más propio del siglo XX y hoy tenemos uno alineado con las mejores prácticas internacionales. Al mismo tiempo, se avanzó mucho en ese nuevo modelo de gestión de centros que son los María Espínola en educación media y también en la transformación de formación docente. Fueun año de grandes progresos que crea las condiciones para lo que debe empezar este año, que es que todo eso se traduzca en prácticas concretas en los centros de estudio. Es uno de varios pasos importantes que hay que dar. Por eso nos tiene muy contentos, y además significa un mentís a varios pronósticos catastrofistas que decían que no íbamos a llegar a fin de 2022 con la tarea cumplida. Bueno, efectivamente, lo hicimos.
—Los cambios de fondo en educación suelen ser de largo aliento, de 10 o más años. ¿Cree que la sociedad en general entiende de qué va este proceso?
—Estamos convencidos de que hay que hacerlo. A los uruguayos nos pasó una tragedia y es que la educación y en particular la educación pública, que durante mucho tiempo había sido una fábrica de igualdad de oportunidades, se convirtió en una fábrica de polarización social. Cuando uno mira, por ejemplo, las tasas de egreso de la educación media y compara el quintil de menores ingresos con el de mayores ingresos parece que estamos en países diferentes. Y si no reaccionamos ante eso, por las razones que sea, nos estamos condenando a una sociedad cada vez más desigual, más dividida y más injusta. Y no hay que subestimar a la gente. Es verdad que las reformas son difíciles de explicar, y son difíciles de entender, pero el efecto demostración sí permite visualizar cuando se está mejorando. Cuando los cambios empiezan a funcionar, la gente dirá: “Esto es mejor para mi hijo”.
—La encuesta de diciembre de Equipos Consultores da prácticamente una división en tercios entre quienes están a favor, en contra y no se pronuncian sobre la reforma. ¿Qué lectura hace?
—Esa encuesta se hizo en el peor momento de una tremenda ola de mentiras y de pronósticos falsosacerca de lo que iba a pasar. Se decía que una cantidad enorme de docentes se iban a quedar sin trabajo; que la elección de horas iba a ser catastrófica; que los chiquilines cuando empezaran el año, después de haber salido de sexto de escuela, no iban a saber si estaban en primaria o en la educación media, si iban a la escuela o al liceo. Bueno, en esas condiciones se produjo ese resultado. Hoy muchos de esos pronósticos catastrofistas quedaron incumplidos. Confiamos en que en la medida que se inicie el año lectivo y empiece a verse que no ocurre ninguna de las catástrofes que algunos anunciaron y que, muy por el contrario, comiencen a pasar cosas que son buenas, esa opinión irá cambiando.
—¿Se llegará en tiempo y forma a aplicar este plan?
—Sí. Y una proporción muy grande de docentes que atenderá a los alumnos alcanzados por la reforma está haciendo los cursos de formación. Tenemos muy buena respuesta a la convocatoria a becas que hizo el ministerio dirigidas a alumnos del último año de formación docente. En 2022 creamos un sistema de becas como no hubo nunca en el país que significa el pago de 10 cuotas de más 18.000 pesos por mes; eso es el doble de cualquier beca hasta ahora en esta materia, y todavía estamos lejos del cierre de la convocatoria. Recibimos centenares de solicitudes de becas para estimular la formación docente de carácter universitario.
—¿En qué etapa está el sistema de reconocimiento de títulos universitarios en formación docente?
—No se trata solo de dar un papelito que diga que ese título tiene carácter universitario: se trata de que vivan una experiencia universitaria de ser estudiante de formación docente. Por eso hay recursos reservados para una gran cantidad de prácticas, desde programas de movilidad de estudiantes y docentes para que educadores con perfil universitario vayan a los centros de formación docente, especialmente del interior, y se amplió mucho el porcentaje de horas de clase a distancia. En 2022 el MEC organizó un segundo ciclo de perfeccionamiento docente, que llegó a más de 130 participantes en todo el país y sesionó siempre en el interior. También dimos más de 10.000 becas a estudiantes de educación media en condiciones de vulnerabilidad para fomentar la continuidad de los estudios. Además, instalamos el consejo consultivo que va a entender en el proceso del reconocimiento del carácter universitario de las carreras de formación docente. Ahora las instituciones, que son básicamente las dependientes del Consejo de Formación en Educación de ANEP, más algunos privados, presentarán sus carreras antes del 1° de marzo. El sistema para el reconocimiento de títulos y de estudios ya está en plena transición, todavía no funciona a pleno régimen, pero avanza y produce resultados.
—¿Espera mayores niveles de conflictividad en 2023?
—Nosotros estamos haciendo todo para que sea un comienzo de clases seguro, tranquilo y beneficioso para todos. Si se llegara a convertir en un comienzo de año conflictivo, eso no va a ser la decisión del gobierno: será la decisión de quienes desatan el conflicto.
—¿A qué adjudica las resistencias, algunas de ellas provenientes de colectivos y gremios docentes?
—Lo primero: no hay que confundir a los docentes con los sindicatos. Los docentes están teniendo una actitud atenta, lo cual es correcto, pero abierta a formas de cambio, como se refleja en el inmenso número de educadores que están haciendo cursos para prepararse para la transformación educativa. Tampoco hay que poner en la misma bolsa a todos los sindicatos. Hay sindicatos más responsables respecto a los efectos de sus decisiones y más dispuestos a dialogar. Sí, hay otros que no. Es verdad que hay sindicatos que están en una posición muy refractaria desde hace mucho tiempo. Eso vale para Fenapes, vale para los sindicatos de formación docente. Ahí hay una posición de oponerse al cambio como principio. Como sea, la reforma sigue su rumbo, con mucha formación docente en estos días.
—Entrevistado por Clarín, el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, dijo: “Todo cambio en las condiciones laborales y salariales tiene que ser negociado con el Consejo de Salarios. Ahora, todo lo que implica la política pública no debe ser negociado. Esta es la postura de este gobierno, que no era la del gobierno anterior que negociaba todo”. ¿Cómo explica eso?
—Eso es lo que plantea la Ley de Negociación Colectiva. No es que sea la postura del gobierno. Nosotros respetamos y aplicamos la Ley de Negociación Colectiva. Ahora, efectivamente, la ley no instala un cogobierno. Dice que cuando se introducen cambios que pueden afectar las posiciones laborales, tienen que ser presentados a los sindicatos y estos tienen que ser escuchados. Ni siquiera dice que haya que construir un acuerdo con ellos. Solo dice que tienen que ser escuchados. Y eso lo respetamos estrictamente. Es cierto que en años anteriores, no por responsabilidad de lo que dice la ley, sino por responsabilidad de las autoridades en funciones, se siguió una política diferente.
—Más negociadora o dialoguista, quizás…
—Yo creo que finalmente fue una política de bloqueo. Porque no es que mediante el diálogo se hayan construido soluciones. Por eso es un poco curioso cuando nos dicen que la transformación educativa no va a tener éxito a menos que se vaya por el camino del diálogo generalizado y la construcción de grandes acuerdos. Yo me pregunto: ¿Qué cambio educativo importante en los últimos años se consiguió en Uruguay por ese camino?¡Ninguno! Y sí hay contraejemplos. Por poner un caso: Ceibal, que ha sido muy exitoso y que se decidió entre el presidente (Tabaré) Vázquez y Miguel Brechner. El propio Miguel cuenta que duró 15 minutos; sin consultar a nadie. Los bachilleratos tecnológicos, que fueron una innovación muy buena para la educación, fue una decisión de Germán Rama. No estoy defendiendo con esto la política de cero diálogo. Lo que estoy diciendo es que ese mantra que se repite todo el tiempo de que sin un diálogo generalizado, “sin la participación de todos” y sin la construcción masiva de consensos no se logran acuerdos y avances, no es una afirmación que se vea sostenida en los hechos.
—Uruguay encabeza el índice de democracia EIU en América Latina. ¿Cómo observa esto a la luz de la polaridad política regional y, a escala, local?
—Uruguay está en ese lamentablemente pequeño grupo de democracias plenas desde que ese índice existe. Es una cosa muy estable, y en esta última medición mejora, entre otras cosas por el comportamiento durante la pandemia. Pero la democracia no resiste cualquier cosa y en ese sentido hay una responsabilidad muy grande de todos los ciudadanos de cuidarla con sus actos, palabras y el modo en que procesamos los conflictos. Y en ese sentido siempre puede haber motivos de preocupación y razones para llamarnos nosotros mismos a formas de acción más cuidadosas. De todas maneras, no creo que Uruguay sea hoy un país donde haya un grado de polarización preocupante en comparación con otros países de la región. Y tampoco lo creo en comparación a otros momentos del propio Uruguay. Sin bajar la guardia, me parece que hay algunas visiones un poco alarmistas de más.
—Pero hay expresiones políticas polarizadas desde el gobierno y la oposición…
—Sí, hay señales que pueden generar legítimamente cierto grado de preocupación, de cuidado y de atención. Nada de eso es bueno. Y hay cierto grado de tensión y de conflicto que es inseparable de la vida democrática, que no es una vida plácida, en ninguna parte. El conflicto democrático es un conflicto controlado, entre actores que no aceptan pasar ciertos límites, que se ponen restricciones a sí mismos, que ven a aquellos con quienes discrepan como adversarios, no como enemigos. Eso exige un cuidado constante. Y eso vale también para el Uruguay de hoy.
—¿Cómo han impactado en la gestión y en la opinión pública casos como el de Astesiano y Marset? ¿Esto, con la pandemia, fue lo más difícil que sufrió el gobierno?
—A ver, son casos que obviamente uno preferiría que no hubieran pasado. Pero tenemos que esperar un poco a que baje la espuma para ver qué entidad tienen. Me parece que se están confundiendo demasiado indicios con hechos, palabras con acciones, cosas que se escriben en algún WhatsApp con lo que realmente ocurrió… Y naturalmente hay una explotación política de todo eso. Con esto no quiero minimizar lo que efectivamente pudo haber pasado. Hay que investigarlos, llegar hasta el hueso y corregir todo lo que se deba corregir. Pero me parece que todavía no llegó el momento en el que bajó la espuma.
—Como académico, ¿qué observación le merecen las prácticas recurrentes de presentarse públicamente con títulos universitarios inexistentes o no acreditados en el ámbito político y fuera de él?
—Los títulos universitarios en nuestra sociedad siempre tuvieron un alto valor social. Esa imagen de M’hijo el dotor, la obra de Florencio Sánchez. Lo que pasa es que lo que hacía que el padre o la madre se sintieran orgullosos de su hijo “el dotor” no era solo que tuviera un título universitario, sino que ese título se hubiera logrado con esfuerzo, con sacrificio, con apoyo familiar, partiendo de condiciones no siempre fáciles. Lo que ha pasado en los últimos años es que se nos ha roto esa unión entre la valoración social de los títulos universitarios y la vieja cultura del esfuerzo y del mérito que durante mucho tiempo fue muy vigorosa en Uruguay. Hoy parecería que se mantiene el valor social del título universitario, pero ya no se está tan dispuesto a recorrer el camino del esfuerzo que lo legitimaba. Y eso es malo y es un problema social. La frecuencia con la que estos hechos están ocurriendo indica que los uruguayos hemos bajado un poquito la guardia en esto.
—Usted valoró que el exministro de Ambiente Adrián Peña actuó “correctamente” luego de asumir su error, y también dijo que esto demuestra “la buena salud y el buen funcionamiento” de la coalición. ¿En qué sentido esto último?
—Es muy bueno que esto se haya resuelto rápido. No olvidemos que el caso Sendic se arrastró durante casi dos años y lo que le puso el punto final no fue el tema del título sino otras irregularidades. Acá en cinco días el tema está liquidado. Y en una coalición integrada por diferentes partidos, que una persona que ocupa una posición de liderazgo en uno de esos partidos (Colorado) quedara envuelta en una situación de este tipo hubiera podido conducir a tensiones graves entre los socios. Eso si no existiera el buen entendimiento y la lógica de cooperación que existe entre los integrantes de la coalición. En ese sentido veo que esto habla de una coalición que goza de buena salud.
—Hay consenso entre los socios del gobierno en que la coalición terminará junta este período de gobierno. ¿Seguirá más allá de 2025?
—Yo creo que sí.
—Una coalición en la que el Partido Colorado exhibe ciertas dificultades internas, mientras Cabildo Abierto se muestra como un socio “incómodo”, con recurrentes cuestionamientos a las políticas de gobierno, ahora con la reforma jubilatoria...
—La supuesta crisis de la coalición es uno de esos pronósticos catastrofistas que se vienen haciendo hace años y que no pasa nunca. De hecho, la coalición está cumpliendo tres años en el gobierno, lo que es mucho más de lo que duraron otras coaliciones de gobierno en la historia del país. No nos dejemos llevar por esas voces que una y otra vez hacen anuncios catastróficos.
—Hoy el Partido Nacional ofrece un menú electoral que incluye figuras como Álvaro Delgado y Laura Raffo. ¿Qué es lo más atractivo del menú partidario?
—Yo estoy 100% dedicado a la tarea de gobierno en un ministerio que es muy exigente y demandante.
—¿Le preocupa al gobierno que las encuestas muestren hoy un panorama más favorable al Frente Amplio de cara al 2024?
—No me parece... Las encuestas muestran a un gobierno con mucho más apoyo del que tenía el último gobierno del Frente Amplio a esta altura.
—¿Qué papel debería asumir Lacalle Pou cuando termine su gobierno?
—Lacalle Pou es un líder político cuya proyección va muy por encima y mucho más allá de los límites de este gobierno. Si alguien piensa que dejada la presidencia Lacalle Pou va a desaparecer como referente político es que está entendiendo mal la situación.
- Recuadros de la entrevista
Autoridades educativas son “ajenas” al presunto seguimiento a docentes y estudiantes
“No correspondía apoyar a Eduy21 desde el gobierno”