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Muchos se han preguntado cuáles eran los argumentos del respaldo público recibido por la Dra. Mercedes Rovira a raíz de los recientes sucesos recogidos tanto en las redes sociales como en los medios de prensa. A fin de dar respuestas a tal interrogante, la Coordinadora por la libertad de pensamiento y expresión ofrece el presente manifiesto, al tiempo que reitera el apoyo incondicional y el respaldo absoluto a su persona con la confianza absoluta en su honestidad personal y en su respeto de los derechos humanos, sin discriminación alguna. Asimismo declaramos que nuestras palabras representan a la población que a nivel personal ha cedido su apoyo a la Dra. Rovira, sin ser estas de parte de la misma, ni la Universidad de Montevideo.
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1. En primer lugar, sostenemos que la defensa de la libertad de pensamiento y expresión deben constituir un elemento de interés público nacional siempre que se respete el orden constitucional, que incluye la libertad de las demás personas y su derecho al buen nombre. A tales efectos, entendemos que la afirmación de la Dra. Rovira que declara a la homosexualidad como “anomalía” (según la RAE: 1. f. Discrepancia de una regla o de un uso) refiere a una perspectiva personal que bajo ningún criterio puede sancionarse como violatoria del orden público ni fuera de los límites que nuestra Constitución protege. Defendemos, así, su derecho total y absoluto a manifestarlo públicamente. Recordamos que el Art. 19 de la Declaración de los Derechos Humanos establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
2. Igualmente, reafirmamos que sus dichos y creencias no reportan bajo ningún concepto —como ha sido generalizadamente sugerido— una incitación al odio o destrato del diferente. Considerar al otro un “diferente” responde a la verdad de la naturaleza humana, que hace a hombres y mujeres, niños y adultos, rubios y morochos, etc. Reconocer la diferencia no quiere decir que dichas personas sean merecedoras de un trato contrario a su dignidad como personas, ni mucho menos. Contrariamente, reafirmamos su derecho absoluto a vivir el modo de vida que consideren oportuno y a manifestarlo públicamente si así lo quisieren, del mismo modo que defendemos el derecho irrestricto de la Dra. Rovira a hacer lo propio.
3. En tercer lugar sostenemos que en el orden privado existe y conviene exista la libertad de contratación. Discrepamos con que las dos líneas recogidas fuera de contexto en la entrevista publicada en Búsqueda reflejen fielmente la filosofía de la Dra. Rovira. Si bien no estamos declarando en su nombre, sostenemos firmemente que deba existir la posibilidad de evaluar al personal de cualquier empresa privada con los criterios que dentro del orden constitucional se creyeren oportunos, estuviesen o no directamente vinculados con los méritos profesionales. No defendemos la evaluación de la vida privada de las personas, pero entendemos que aquello de público conocimiento —como el ejemplo sugerido por los propios periodistas— debe ser tratado igualmente como conocimiento público y, por tanto, referentes al modelo que la empresa vendería si se le emplease. Aquí no hacemos de modo alguno distinciones entre homosexuales y heterosexuales, puesto que no creemos que eso haga necesariamente la diferencia.
4. Entendemos y reafirmamos la pertinencia de las instituciones educativas de seleccionar docentes que constituyan modelos de referencia acorde a los valores y principios que cada institución del orden privado desee promover. Entendemos que solo así podrá darse entera cabida al Art. 68 de la Constitución al referirse que “ todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee ”.
5. Exigimos se respete el principio de laicidad en el Uruguay, que lejos de ser un laicismo que prohíba toda manifestación pública de creencia constituye un respaldo a la libertad de culto, creencia y expresión. A tales efectos defendemos la convivencia pacífica de las distintas creencias y perspectivas de vida, distinto a la procura de erradicación de todas y cada una de las mismas.
6. Repudiamos firmemente los agravios y manifestaciones de intolerancia para con la Dra. Mercedes Rovira y algunas creencias populares que tales declaraciones provocasen. Nos preguntamos igualmente por qué ningún instituto de derechos humanos o defensores de las “diversidad” se ha escandalizado con los insultos públicos que a dichas entidades han llovido desde las redes sociales y espacios de comentarios en medios de prensa. El Art. 5 del Pacto de San José de Costa Rica establece no obstante que “estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. En la misma línea repudiamos el acto de vandalismo conferido el pasado viernes a la estatua del Beato Juan Pablo II, ícono entre tantos —la estatua de Confucio, Yemanjá y demás— que hablan de la riqueza de nuestra diversidad de creencias.
7. Por último, queremos dejar clara constancia que, a nuestro entender, un homosexual no constituye bajo ningún concepto una persona a ser privada de derechos ni de su dignidad de persona humana. Tampoco creemos que un homosexual, por tal, pierda su carácter de posible referente de vida, ni creemos que eso haya sido la propuesta de la Dra. Rovira en su declaración. Entendemos, no obstante, que cualquier persona —homosexual o no— que lleve públicamente una vida contraria a un determinado orden moral, puede ser factible de no ser considerado para dicho orden, y para las instituciones que le representan, un modelo de vida: no por su “orientación sexual”, sino por la pública actuación o proclamación de una conducta reñida con el ideario del instituto educativo. Si tal fuera el caso, la pacífica convivencia de la diversidad exige que se respete el derecho de dichas instituciones a emplear, llegado el caso, a quienes consideren más idóneos para la función a desempeñar.
Por “Coordinadora por la libertad de pensamiento y expresión”
