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La disconformidad y pérdida de confianza en el sistema político en el país facilitó la entrada de “nuevos jugadores” que, en los hechos, compitieron por el mercado de votos en la primera vuelta electoral de octubre. A su vez, las demandas insatisfechas en la sociedad están provocando otro cambio en la “industria” de la política, que está “en transición”: los representantes pasan de tener una estrategia mayoritariamente push a una pull, ya que en lugar de “empujar” soluciones, deben considerar las demandas lanzadas desde la sociedad.
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Ese análisis plantea el documento La industria de la política en Uruguay. Una mirada desde la organización industrial, realizado por el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica y que se presentó el jueves 14.
La investigación, a la que accedió Búsqueda, analiza la arena política desde una óptica económica con el fin de entender la dinámica mediante el modelo de “las cinco fuerzas” utilizado en 2017 por Katherine Gehl y Michael Porter para analizar los cambios ocurridos en la política de Estados Unidos con un enfoque empresarial o de negocios.
“Aunque Uruguay sigue siendo una democracia sólida, con instituciones consolidadas y un sistema político fuerte, en los últimos 11 años la percepción de los uruguayos sobre estos elementos ha empeorado”, indica el estudio, con base en relevamientos de Latinobarómetro. Señala que la satisfacción con la democracia es la variable que más ha caído en ese lapso (24 puntos porcentuales), al pasar de 71% a 47%.
Atado a eso, apunta que los partidos enfrentan un escenario de “minima confianza histórica” y encuentran en ello una “fuerte correlación” con el nivel de crecimiento que tuvo la economía. En 2003, la confianza en los partidos registró su punto más bajo (17%), luego de la crisis económica.
El mercado y el riesgo
Los investigadores del Instituto de Competitividad destacan que la industria de la política en Uruguay se ha comportado históricamente como un oligopolio, con claros partidos políticos “líderes” compitiendo por un mercado de votos que es relativamente “fijo” y “estable”.
Agregan que si bien el sufragio es obligatorio, “la confianza en el sistema y en los partidos no” lo es, y por eso advierten que si la estrategia para competir de parte de los “jugadores” para quitar votos a sus contrincantes se basa en profundizar “al extremo” posturas ideológicas y en la “crítica”, se “corre el riesgo” de “acentuar la pérdida de confianza” en la política.
En ese sentido, observan que hubo una notoria caída en la confianza en los partidos en el país y que ello es un “problema” para la industria, principalmente para los “jugadores” existentes. Y apuntan que la “amenaza” que enfrenta el sistema surge por el lado del nacimiento de los nuevos partidos. Y si bien teóricamente una mayor cantidad de partidos representados en el Parlamento debería mejorar la calidad y diversidad de las leyes, también se vuelve más “difícil” llegar a acuerdos. Además, según el análisis, las demandas insatisfechas “aumentan la amenaza” de recurrir a mecanismos sustitutos, de democracia directa —como prerreferéndums o plebiscitos— para obtener los cambios que los ciudadanos reclaman. En ese sentido, los autores consideran “deseable” una mayor comunicación entre los partidos y la sociedad para mejorar la eficiencia del sistema político.
Una industria de la política “más competitiva” será aquella que produzca más bienestar a la población, para lo cual se podría necesitar una mayor participación ciudadana que no se limite solamente a los períodos electorales, plantean. Y en eso, indican que la “educación de calidad” es lo que “vuelve más fuerte” el funcionamiento de la democracia.
