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El 2014 fue un año bisagra, según algunos empresarios, porque a nivel local quedó atrás el ciclo de expansión económica de Uruguay por encima del potencial, y en lo internacional se acabó el tiempo de los commodities a precios récord, y del dólar y el financiamiento baratos. Tuvo, además, otro componente: un proceso electoral que se dilucidó en un balotaje, si bien no hacía pensar en cambios radicales en las políticas.
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En ese contexto fue que la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley que da ventajas impositivas recomendó al Poder Ejecutivo contemplar 460 proyectos, a los que estuvieron asociadas inversiones por U$S 1.529 millones, una caída de 26% en el número de planes y de 48% en el monto frente a 2013, surge de cifras de la Unidad de Apoyo al Sector Privado del Ministerio de Economía. Unos U$S 500 millones correspondieron a parques eólicos.
La mayoría de las empresas beneficiadas fueron fábricas y hubo 27% de servicios, 10% del agro, 7% del turismo y 4% del comercio. Algo más de la mitad (238 proyectos) estaban localizados en el interior del país.
Más de un centenar de planes no lograron el visto bueno para acceder a las exoneraciones tributarias: en total el año pasado fueron tramitados 567 proyectos con una inversión asociada de U$S 1.920 millones.
Estos números muestran una interrupción en el crecimiento de la inversión bajo este régimen que se venía dando desde 2009.
La ley16.906, aprobada en 1998, declaró de interés nacional la promoción y protección de inversiones realizada por empresarios nacionales o extranjeros en el territorio uruguayo. Contempla, para los proyectos que son recomendados por la Comap y aprobados por el Poder Ejecutivo, la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) por hasta 100% del monto total invertido, y rebajas en el Impuesto al Patrimonio para maquinaria, equipos, vehículos y otros bienes muebles del activo fijo, así como para la obra civil (construcciones nuevas o ampliaciones de plantas o locales), entre otras ventajas. El régimen tuvo diversas modificaciones —las más importantes en 2007 y 2012.
Para Marcelo Recagno, socio del área de asesoramiento de la consultora Ernst & Young Uruguay, las mayores exigencias a las empresas para la obtención de los beneficios fiscales introducidas en 2012 —con la incorporación del concepto de “calidad” de empleo y la ampliación del referido a la innovación, así como la redefinición de los indicadores de descentralización y de incremento de las exportaciones— explican en buena medida la menor cantidad de proyectos promovidos. “También podrían estar influyendo algunos factores, como la incertidumbre por el período eleccionario y la situación económica regional y mundial”, señaló el especialista al ser consultado por Búsqueda.
Algunos sectores del Frente Amplio creen excesiva la renuncia fiscal que asume el Estado al exonerar tributos a estas inversiones. En el programa de gobierno para el período 2015-2020 se postula la intención de “considerar (...) un uso más selectivo de la promoción de inversiones, la cual puede ser evaluada anualmente en cada Rendición de Cuentas en el marco de la presentación de informes por parte de la Dirección General Impositiva sobre el gasto”. Danilo Astori, quien será el ministro de Economía tras el cambio de mando del 1º de marzo, se expresó contrario a tocar impuestos que puedan desalentar las inversiones. Es “fundamental” mantener los estímulos, enfatizó, entrevistado en noviembre por Búsqueda (ver Nº 1.790).
Empleo y ambiente.
Los planes de inversión recomendados por la Comap en 2014 deben generar 3.261 nuevos puestos de trabajo así como exportaciones por U$S 94,3 millones. Son, también, cifras menores que las del año anterior, cuando las empresas que se acogieron a la exoneración tributaria se comprometieron a crear 3.953 empleos y aumentar en U$S 273 millones las ventas al exterior (caídas de 17% y 67%, respectivamente).
La inversión recomendada con producción limpia sumó U$S 666,5 millones, 58% menos que en 2013. Y la que tuvo asociados componentes de investigación y desarrollo fue por U$S 60,2 millones (suba de 14,3%).
También se incrementaron los proyectos con contenidos de adaptación y/o mitigación del cambio climático, una variable que empezó a ser evaluada a partir del decreto de 2012 que ajustó el régimen: fueron 28.
